CIUDAD VALLES.- Un grupo de Guardias Civiles Estatales se robaron una camioneta, privaron de su libertad a dos hombres y una mujer, los torturaron en medio de un cañaveral y siguen impunes, como relató Ana Luisa Hernández Terán, quien dijo que los policías hacen lo que quieren porque así se los permiten, razón por la que ella y una decena de otros manifestantes protestaron exigiendo justicia afuera del Penal de esta ciudad, donde se llevaría a cabo una audiencia precisamente de sus parientes señalados por varios delitos.
La declarante manifestó que en los primeros minutos del sábado 10 de enero, un grupo de elementos de esa corporación, sobre patrullas, se llevaron a su hermana, Tomasa, al esposo de ésta, Jesús Martínez Cervantes y a José Alfredo Pérez.
Ana Luisa pensó que los matarían y su temor se debe a que consideró que lo que ocurrió ese 10 de enero es parte de las represalias de las manifestaciones que ella y los suyos hicieron cuando el grupo de Óscar Hernández (exjefe de Región de la GCE) abusó, hace meses de su familia.
Mientras Ana Luisa marcaba al 911 para reportar como desaparecidos a sus familiares, acudió a la Policía Estatal, a la Ministerial (Fiscalía General del Estado) para buscarlos, pero no los encontró.
Según supo después, de los primeros minutos, hasta las seis de la mañana del sábado, los guardias civiles se llevaron a los tres y los golpearon y torturaron, asfixiándolos con bolsas de nylon, al grado de que los oficiales dejaron de hacerlo cuando Tomasa se desmayó por la hipoxia y los policías creyeron que la habían matado.
Ana Luisa dijo que además de demandar a los polis, demandó a la médico legista Luz María, de la GCE, porque falseó su reporte sobre las condiciones de salud de los detenidos, ya que sí se encontraban lastimados, como lo corroboraría después su homólogo de la Fiscalía General del Estado.