El Ayuntamiento de Tampamolón Corona negó que cien familias indígenas hayan sido desalojadas del predio La Peña y aseguró que el litigio corresponde únicamente a dos familias que ocupaban diez hectáreas; mientras que habitantes tének y nahua mantienen que el operativo del 9 de junio afectó a un asentamiento de alrededor de cien familias en una superficie cercana a 200 hectáreas.
La administración municipal de Silvia Medina Burgaña señaló que el terreno fue donado al Ayuntamiento por Alfredo Gómez Zapata mediante escritura otorgada ante la Notaría Pública número 36 de Ciudad Valles. La síndico municipal Fede Sarayí Hernández Heraldo explicó que desde 2022 se realizaron trabajos de desmonte en la zona y afirmó que en la superficie en disputa únicamente habitaban dos familias, integradas por entre siete y ocho personas, por lo que rechazó que existiera un asentamiento de cien familias en ese predio.
De acuerdo con la versión del municipio, el conflicto comenzó el 20 de marzo, cuando habitantes de la colonia La Peña ingresaron al terreno y colocaron un plantón, situación que derivó en una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. El ayuntamiento indicó que un juez de control ordenó el 10 de abril la restitución del inmueble a favor del municipio, diligencia que se realizó el 9 de junio; posteriormente, una familia encabezada por Feliciano Santos promovió un juicio de amparo y obtuvo una suspensión provisional, por lo que el predio fue restituido nuevamente el pasado 7 de julio.
Habitantes de La Peña sostienen una versión distinta y señalan que el operativo del 9 de junio involucró a alrededor de cien civiles sin insignias, además de elementos de la Guardia Civil Estatal y Policía Ministerial, quienes retiraron a cerca de cien familias tének que ocupaban el terreno desde hace más de tres décadas. Los pobladores denunciaron agresiones, así como la detención de nueve personas.
La disputa también se mantiene por el origen de la propiedad. Mientras el ayuntamiento sostiene que cuenta con una donación legalizada a su favor, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC) señala que el conflicto está relacionado con una escritura de compraventa atribuida al exdiputado local José Antonio Zapata Meraz. Organismos indígenas y representantes comunitarios han solicitado intervención legal para los habitantes afectados, mientras el municipio afirma que únicamente cumplió resoluciones judiciales. El caso continúa en tribunales, donde se definirá la situación jurídica del predio.