La Ley Serrano le ha generado al Congreso del Estado la peor ola de desprestigio en los últimos nueve años, desde que en 2017 se destapó el escándalo de “La Ecuación Corrupta”, el esquema mediante el cual los diputados convirtieron a la entonces Auditoría Superior del Estado en una herramienta de extorsión a alcaldes a través de las cuentas públicas.
Hubo renuncias, peticiones de licencia, algunas reputaciones quedaron manchadas, pero al final, el “establishment” político potosino quedó relativamente indemne y listo para seguir sacándole provecho al erario.
Hoy, el escándalo tiene distinta raíz: la conversión del Legislativo en un vehículo para propiciarle al grupo político dominante en estos días, el gallardismo, una herramienta para inhibir, y perseguir en su caso más extremo, la opinión adversa o incómoda.
Y, de nuevo, el Congreso busca evadir la crisis y quedar relativamente indemne. No es descabellado pensar que podría lograrlo.
En este espacio se ha afirmado que la Ley Serrano, que criminaliza algunos usos de la inteligencia artificial, fue un experimento exitoso, pues comprobó que la manipulación del Código Penal podría llevar a la cárcel a blancos específicos del Poder.
Sin embargo, esto le ha generado un enorme costo político al gallardismo, pues quedó exhibido a nivel nacional e internacional como un régimen opresor. El precio se eleva por el tiempo en que esto ocurre: con un proceso electoral encima, vital para la sobrevivencia de esta corriente; y un desacuerdo irresuelto con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el aliado morenista sobre la candidatura para 2027.
Por ello, al Congreso le urge despresurizar el caldeado ambiente generado por la Ley Serrano. Y hoy tiene una oportunidad de hacerlo. Que haya surgido espontáneamente o haya sido creada, ya se verá, pero la oportunidad existe.
Entre las múltiples reacciones negativas que generó la controvertida reforma al Código Penal destaca la presentación de una iniciativa para derogar de tajo los artículos propuestos por el diputado Héctor Serrano Cortés, realizada por el capítulo México de la organización defensora del periodismo Artículo 19 y varios periodistas locales.
Fue presentada al Congreso el 5 de junio pasado y, en una grosera chicanada, el área de Servicios Parlamentarios del Legislativo le negó el trámite normal de una iniciativa para degradarla al nivel de una correspondencia ciudadana, que tiene un proceso que no le garantizaría llegar al Pleno.
Al Congreso no le importó llegar a la bajeza de relegar un documento que respetaba todos los requisitos parlamentarios de una iniciativa, lesionando con ello un derecho garantizado a los ciudadanos.
Los diputados parecen conformes con dañar más su ya maltrecha imagen si con ello se ahorran la incomodidad de tener que discutir el fin de una reforma que se había aprobado hace apenas unas semanas. Aun sabiendo que la anulación de la Ley Serrano no tiene la más mínima posibilidad de ser aprobada.
A la iniciativa de Artículo 19 se le sumó, de manera sorpresiva, otra propuesta, presentada por un ciudadano, Álvaro Leyva Frías, quien fue suplente de un concejal del destituido cuerpo edilicio de Pozos, y, en algunos medios, vinculado al movimiento que promovió la municipalización de la villa y cercano al PVEM.
A diferencia de la primera, esta iniciativa no propone la derogación de todos los artículos de la Ley Serrano, sólo de uno, el 272 Ter. En esencia, propone matizar los alcances del resto de la reforma serranista, quitándole la ambigüedad original y la agresividad de las sanciones; pero, y esta es su parte más polémica, mantiene rasgos punitivos, en la forma de la posibilidad de que un juez ordene a la fuente de la información sancionable, la retire de la red.
No se sabe aún el destino de esta iniciativa, pero luce como una tabla de salvación para los legisladores. Tanto que hasta es sospechoso.
A diferencia de la iniciativa de Artículo 19, ésta mantendría el tema de la regulación de la IA en el Código Penal. Aprobarla implicaría el papelón de modificar la Ley Serrano a siete meses de que fue creada, pero para el gallardismo, derogarla implica un peso mayor.
Y aunque rebajado, el poder punitivo también se mantendría con la posibilidad de bajar los materiales incómodos.
Aunque esto no sería seguro, pues algunos juristas han apuntado a que la imposición de medidas cautelaras en el tema de internet no es una facultad de los congresos locales, sino del Legislativo federal, por lo que una aprobación enfrentaría el riesgo de una impugnación.
Pero para el Congreso, el principal valor de esta iniciativa “ciudadana” radica en otro punto.
Desde que nació, la Ley Serrano tiene sobre sí la guillotina que podría truncar su existencia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó el 17 de diciembre del año pasado la controversia constitucional 132/2025 ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por lesionar los derechos a la seguridad jurídica y a la libertad de expresión, además por incumplir algunos principios jurídicos de legalidad.
La impugnación está en trámite desde entonces y no hay indicios de qué avance pueda tener y qué tanto tardará en ser discutida por el Pleno.
Dado el saldo perdedor que tiene el Congreso del Estado ante expedientes presentados a la Corte, en donde ha perdido la mayoría de las controversias que genera; y ante las evidentes violaciones a las garantías que presenta la Ley Serrano, el resultado previsible es que reciba un fallo en contra.
Sin embargo, una eventual aprobación de la segunda iniciativa de reforma, la de Leyva Frías, libraría al Legislativo potosino de esta humillación.
Esto se debe a que, al derogar una de las partes más polémicas de la Ley Serrano y al modificar el resto, es muy posible que los artículos impugnados ya no existan, lo que dejaría sin materia la controversia.
Esto le daría un combo aceptable para el Congreso: podría presumir haber sido razonable con la crítica al limarle la mayor parte de sus dientes a la Ley Serrano; manteniendo, sin embargo, un potencial inhibidor del material incómodo y le salvaría la cara al librarle la humillación de enfrentar un fallo adverso ante la Corte.
Suena sospechosamente bien como para que no fuera planeado.
En Artículo 19 se dieron cuenta del efecto que tendría la aprobación de la otra iniciativa.
El coordinador regional de la organización en México, Leopoldo Maldonado, indicó en una charla con quien esto escribe que la iniciativa de Leyva Frías sólo matiza los efectos negativos de la Ley Serrano y que sería sospechoso que se le diera un trámite normal mientras que su propuesta enfrenta el ostracismo legal.
Advirtió que es claro el riesgo de que el Congreso aplique una variante del gatopardismo, cambiando sólo lo suficiente para que nada cambie.
Y a la vez, conservaría, aunque fuera una fracción, el poder inhibidor de la opinión pública que buscaba la reforma.
“Al final, la seguirán usando para la persecución de los periodistas potosinos”, fue su sombría advertencia.