El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona ha consumido tres cuartas partes del sexenio, lo que implica que el margen para corregir errores, rectificar rumbos y mejorar indicadores va a ser cada vez menor.
Este día se cumplen 55 meses del inicio de la administración actual. Le quedan 17 meses antes de que entregue la estafeta al próximo gobierno.
Con esa anticipación, cabe preguntar si ya debe incluirse en la ecuación político-electoral de la sucesión de 2027 el tema del endeudamiento estatal.
Ese ángulo vital de las finanzas públicas suele usarse como ariete o escudo, dependiendo del sentido de los resultados, en las campañas electorales.
El candidato Ricardo Gallardo acudió con frecuencia al tema en la campaña de 2021, e incluso ya entrado su gobierno ha seguido aludiendo al tema cuando hostiga a sus antecesores.
Pero él no ha quedado a la zaga en eso de acudir a las ventanillas bancarias para endeudarse.
La cuenta pública correspondiente al primer trimestre de este año, que la Secretaría de Finanzas entregó al Congreso a mediados de mes, establece pasivos totales de la administración por 11 mil 979.6 millones de pesos.
En septiembre de 2026, cuando inició este gobierno, recibió cuentas por pagar que sumaban ocho mil 645.6 millones de pesos. Es decir, ha elevado la cuenta en tres mil 334 millones de pesos, es decir, que Ricardo Gallardo Cardona ha aumentado los pasivos estatales en 38.5 por ciento.
De esa suma, tres mil 025.9 millones de pesos, el 25 por ciento del total, corresponde a la deuda pública de largo plazo, cuyo pago ya está asegurado con el descuento mensual de las participaciones federales. Abonar a ese pasivo tiene tanto mérito como domiciliar el pago del celular o de Netflix.
Otra historia es el resto del pasivo. El 74.7 por ciento del pasivo, ocho mil 953.6 millones de pesos, está clasificado como de corto plazo. Corresponde a la deuda con proveedores, contratistas y otros rubros, con vencimientos más cercanos y cuyo pago es mucho más complicado.
Dentro de esos rubros aparecen los controvertidos créditos quirografarios, contratados a muy cortísimo plazo, siempre dentro del mismo año en que se contratan y con intereses superiores a los pasivos de largo plazo.
Ya se ha tocado aquí el tema: la gran ventaja de los quirografarios para el gobierno estatal es que no requieren autorización del Congreso, lo que le evita el costo político que genera debatir públicamente la contratación de deuda.
Y vaya que el gobierno gallardista ha aprovechado esa discreción. Sin polémicas y con discreción, la Secretaría de Finanzas ha contratado 32 créditos quirografarios en sus cuatro años y medio de existencia, de acuerdo al más reciente reporte trimestral entregado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Prácticamente, un préstamo cada dos meses. A ese ritmo, el saldo es impresionante: ha recibido préstamos por 14 mil 959 millones de pesos.
Descontando los tres mil 700 millones de pesos del saldo actual de los quirografarios que siguen vivos. El gobierno gallardista ha pagado 11 mil 259 millones de pesos por estos préstamos, sin incluir los intereses.
Esa suma triplica el monto inicial de la deuda de largo plazo que recibió este gobierno, tres mil 609.2 millones de pesos, y ha sido pagada en poco más de cuatro años, cuando a los pasivos normales le restan décadas para ser liquidados.
Tal grado y ritmo de endeudamiento son focos rojos para las finanzas públicas y muestran que algo no anda bien en el manejo de los dineros públicos.
El reporte de Finanzas lo reconoce cuando alude a un tema que ya también ha sido expuesto en este espacio: las advertencias que hacen las calificadores de deuda contratadas por el gobierno estatal para evaluar sus cuentas sobre su adicción al crédito rápido y que ya ha llegado a la degradación de la calificación que otorgan a las finanzas potosinas.
En ese escenario, será irresistible para partidos y candidatos opositores usar el tema de la deuda como arma contra el gobierno gallardista, el Partido Verde y la persona que nomine para suceder a Gallardo Cardona, tal como él lo hizo en su turno.
El alto endeudamiento estatal también explica el empeño de la administración oficial en garantizar que quien suceda al gobernador sea una persona de su entera confianza, que garantice que no se escarbará en un tema que oscilaría entre la incómoda exhibición pública hasta la acusación penal, dependiendo del talante de un eventual candidato opositor que gane la elección.
Con mala estrella
Mientras que todo mundo ve cómo la distancia entre Morena y el Partido Verde Ecologista de México se agranda, y con ello, la posibilidad de una alianza electoral en San Luis para el 2027 se diluye, hay quien ejerce el optimismo por obligación.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a dos de sus fichas a la dirigencia nacional morenista para recomponer y afianzar la postura del partido de cara al 2027.
Se desprendió de dos de sus secretarias de estado y con ello, “gabinetizó” de cierta manera al partido. Ariadna Montiel Reyes abandonó la Secretaría del Bienestar, para asumir el liderazgo nacional del partido guinda.
Coordinaba la entrega de apoyos sociales federales, el proyecto que le ha generado al gobierno un apoyo notable entre la población y del cual Morena ha sabido sacarle una buena rentabilidad electoral.
Un poco antes, Citlalli Hernández Mora desde la Secretaría de la Mujer, aterrizaba en la Comisión Nacional de Elecciones de la dirigencia nacional de Morena, la instancia que valida las candidaturas del partido y, por tanto, con influencia tajante en la definición de las alianzas electorales.
El jueves, en reacción a estos movimientos, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, consideró los relevos como “una súper noticia” para la alianza y, en particular, consideró que con el arribo de Hernández Mora “ya estamos del otro lado”.
Gallardo Cardona y su esposa, la senadora Ruth González Silva, se han convertido en uno de los focos de fricción entre los aliados, pues su pretensión de un proyecto transexenal-familiar choca de frente con la convicción antinepotista de la presidenta Sheinbaum y de Morena.
Esta tensión difícilmente se aliviará con el arribo de las dos nuevas lideresas morenistas. De hecho, con una de ellas, el gallardismo ha tenido fuertes roces.
En la parte final de 2020, Citlalli Hernández era secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, haciendo tándem con Mario Delgado, presidente del CEN.
Hernández Mora fue uno de los principales escollos que evitó que en la elección de 2021, Morena se aliara con el PVEM para impulsar a Ricardo Gallardo a la gubernatura.
Su oposición a apoyar a Gallardo Cardona llegó al punto de desbaratar un acuerdo inicial de ir juntos, impulsado por Mario Delgado, que estaba muy interesado en la candidatura común.
El 15 de noviembre de 2020, el Consejo Nacional Morenista aprobó el acuerdo que permitía la coalición con el Verde.
Esto desató una fuerte oposición en la militancia estatal morenista, que repudió ese acompañamiento.
Citlalli Hernández recogió ese rechazo y lo reflejó en un video emitido ese mismo día. Sus frases fueron demoledoras: “Después de la consulta que se en cargó a diversos secretarios del CEN, lo que tratamos en el seno del Comité Ejecutivo Nacional prácticamente era un consenso por parte de todos los actores políticos de San Luis Potosí de no ir en alianza con el Partido Verde y, por supuesto, mucho menos de acercar a esos personajes como Gallardo, que es un personaje con un antecedente criminal y un historial muy negativo”.
Dos días después, Morena dio marcha atrás en San Luis Potosí, retirándole el apoyo y disolviendo la coalición.
Poco más de cinco años después, el contexto es distinto, pero la postura de Hernández Mora no parece haber variado mucho. Al hablar de la posibilidad de que Morena apoye al Verde en San Luis, ahora con Ruth González en lugar de Ricardo Gallardo, la exsecretaria de la Mujer consideró “muy difícil ir en coalición”.
Y esa es la funcionaria cuyo arribo a Morena fue celebrado por el gobernador como una “súper noticia”.
La buena noticia para el PVEM y Gallardo es que el pragmatismo político puede superar cualquier oposición o reticencia.
Eso quedó demostrado en julio de 2021, cuando el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador difundió en Twitter una foto en Palacio Nacional con Gallardo Cardona, que había ganado la gubernatura potosina dos meses antes.
La cordialidad mostrada en la imagen nada tenía que ver con la declaración que lanzó AMLO, como candidato presidencial, en un acto proselitista celebrado aquí en marzo de 2018.
Interrogado por morenistas potosinos si se enfrentaría a la familia Gallardo, que entonces controlaba el PRD, el tabasqueño no se guardó nada: “Imagínense si he enfrentado a Salinas, a Fox, a Calderón y a Peña, no me voy a poder enfrentar a esos ‘mafiosillos’”.
Pese a eso, y por conveniencia política mutua, López Obrador y Gallardo Cardona convivieron sin problema.
Este 2026, la relación entre el partido en el poder y el gobernador potosino está otra vez a prueba.