Qué tienen en común “Alito” Moreno, el gobierno federal, el hijo del barón del boxeo José Sulaimán, y empresarios cañeros con el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona? Que en los últimos meses, todos han acudido a cabilderos norteamericanos con diversos fines, pero todos pagando grandes sumas de dinero.
La revelación a principios de la semana que concluye, por parte del diario Reforma, de dos contratos firmados por el gobierno gallardista, por la vía de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), con sendos despachos de cabildeo en Estados Unidos puso en aprietos a la administración estatal.
Esto por dos motivos, la estrecha relación de los cabilderos contratados con el gobierno de Donald Trump y el delicado momento político que vive la 4T y sus aliados por estar colocados en la mira de la agresiva política norteamericana de perseguir a funcionarios y políticos mexicanos bajo sospecha de tener ligas con la delincuencia organizada.
La información fue publicada nada menos que por el diario que últimamente ha echado lazos en San Luis con el apoyo de un proyecto editorial que da una cobertura muy favorable al gallardismo.
No muy amigables fueron las cabezas de las notas de marras, publicadas el 30 de junio: “Ficha SLP a consultor de Trump: ¿Busca inmunidad?” en el resumen de portada y “Contrata SLP en EU ¡a experto en indulto!”, en la que se reveló la contratación de los despachos Drake Ventures LLC, del “tiburón” cabildero Roger Stone, y London Global Strategies, de Diane London, por cuotas de 375 mil dólares cada uno, es decir, 13 millones de pesos.
Stone resultó ser un aliado cercanísimo de Donald Trump, colaborador en su primera campaña presidencial, y experto en lo que podría denominarse guerra sucia política y facilitador de perdones presidenciales.
London es, además, una ferviente activista conservadora en distintos medios de ese corte.
Reforma accedió a los contratos registrados bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, una norma que obliga a las empresas y particulares de ese país a informarle de cualquier contrato firmado con persona u organizaciones extranjeras, una norma vigente desde antes de la Segunda Guerra Mundial y estaba orientada a detectar actividad nazi en Estados Unidos.
Reforma reveló que la naturaleza de las actividades contratadas tenía que ver con el comercio y el desarrollo económico.
En su primera respuesta, vía su cuenta en Facebook, el gobernador lució descolocado. “Es completamente falso que tenga un contrato firmado con alguna compañía americana”, cosa que el diario no había afirmado.
También perfiló el control de daños que haría su gobierno, al revelar que la Sedeco firmó los contratos “para la atracción de inversiones empresas extranjeras al estado”. La hipótesis la reforzó Mario García, el flamante titular de la Sedeco y quien, al parecer, tuvo entre sus primeras tareas firmar estos contratos, añadiendo la información de que se buscaba promocionar en el vecino país el potencial minero de la entidad.
“Es lamentable que se especule con la información para dañar la imagen”, reprochó el mandatario, quizá en relación con el uso de las palabras impunidad e indulto en el cabeceado de Reforma.
Pero no se puede culpar al diario capitalino por el enfoque de las notas al destacar el perfil muy politizado de los consultores y la “peculiaridad” de sus clientes: el expresidente hondureño Orlando Hernández, recién indultado por Trump de cargos de narcotráfico; el dictador africano Jonas Savimbi y el corrupto expresidente Ferdinand Marcos.
Al fin y al cabo, lo que busca el contratante de servicios de cabildeo en Estados Unidos es influir en políticos y funcionarios de ese país en algún tema específico.
Así lo refleja la lista de personas y organizaciones mexicanas que han contratado recientemente a consultorías de esta naturaleza, según la lista FARA.
De 2025 a este año, el documento presenta seis registros. El gobierno gallardista lidera la lista, con los dos convenios de la Sedeco.
Hijo de José Sulaimán, el zar boxístico de México, Héctor Sulaimán Saldívar contrató en abril del año pasado al despacho Rally Public and Investor Relations, de Nueva York.
El contrato, por 75 mil dólares mensuales y otros 95 mil dólares pagados en una sola exhibición, ampara una amplia gama de servicios promocionales y de comunicación, enfocadas a la mejora de relaciones entre Estados Unidos y México.
El empresario es miembro de varios de los directorios más importantes del ámbito de los negocios en México y muy cercano a la jerarquía católica nacional.
El mismo día que los contratos potosinos salieron a la luz, la presidenta Claudia Sheinbaum le dio un espaldarazo al gobernador Gallardo afirmando que el mandatario ya había desmentido los contratos. En su conferencia mañanera aseveró que su gobierno no ha contratado este tipo de servicios.
Sin embargo, en la lista aparece un acuerdo de 18.3 millones de dólares, que si bien fue firmado por el gobierno de AMLO, sigue vigente a la fecha. Se trata de un contrato de servicios legales con el despacho Knight Law Firm, de Tucson Arizona.
El propósito primario es proporcionar servicios de defensoría jurídica para decenas de mexicanos que enfrentan sentencias de muerte en cárceles americanas.
La instancia contratante es el consulado mexicano en Tucson y tiene una arista de cabildeo al incluir el servicio de promover entre funcionarios y políticos estadunidenses la postura mexicana en esos casos.
También aparece un contrato de la Cámara Nacional de la Industria de la Azúcar con la exfuncionaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Barbara Fecso, para buscar opiniones favorables entre funcionarios de ese país de los cañeros mexicanos que buscaban librar las políticas antidumping del vecino país sobre el endulzante y promover la importación de azúcar mexicana.
Por ello, se comprometieron a pagar una cuota de 10 mil dólares mensuales.
El mes pasado, el líder nacional priista Alejandro Moreno, publicó en sus redes sociales fotos y videos de él paseando por el Capitolio de Estados Unidos y con la lideresa opositora venezolana Corina Machado.
El viaje tenía el propósito de “denunciar a narcopolíticos de la 4T” con funcionarios de ese país en “reuniones privadas”. Debieron serlo, pues sólo se vieron imágenes de él solo o con Machado.
Pues bien, al parecer, la gira no fue de gratis. El político priista pagó 120 mil dólares, a razón de 10 mil dólares mensuales por un contrato de un año con la empresa Concord Hill Strategies, de la capital estadounidense.
Por esa suma, Alejandro Moreno contrató el 22 de abril de este año la coordinación logística de reuniones con funcionarios de EUA, la grabación de videos y “la oportunidad de fotos” de los encuentros con sus colegas, que al parecer, no fueron muchas.
Como se ve, los que buscan el cabildeo en el vecino país están buscando algo, político o económico. Y están dispuestos a pagar grandes sumas por ello.
Si en el futuro se observa la llegada de nuevas empresas mineras a la entidad y se demuestra que llegaron gracias a este cabildeo, la administración gallardista habría expresado la verdad.
En tanto esto no ocurra, la puerta estará abierta para la suspicacia.