El martes pasado, al publicar su reporte mensual de plazas laborales formales, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reveló un hito en la historia del empleo en San Luis: por 957 registros, la entidad superó en agosto pasado la marca de los 500 mil trabajadores registrados en la dependencia.
Al estado le tomó 19 años llegar a esa cifra, de acuerdo a las cifras públicas del IMSS, que datan de julio de 2007.
Todos los gobiernos estatales que han pasado en ese lapso hicieron de la estadística laboral un logro particular, atribuyéndose el mérito de la creación de esas plazas, aunque en realidad, se deba más a la evolución de las dinámicas económicas mundiales, nacionales y locales.
Por el contrario, cuando los ciclos económicos se contraían y se generaba desempleo, los gobernadores y sus secretarios del Trabajo se afanaban en encontrar pretextos y justificaciones para desligarse de ese desempeño.
La administración de Ricardo Gallardo cardona no ha sido inmune a esta tendencia. Un día después de que el IMSS dio a conocer su reporte, la administración estatal publicó un comunicado en el que indicaba que la marca laboral se alcanzó “con el gobierno del cambio”.
Desde su primer párrafo, la administración gallardista echó mano al espantapájaros que ya se volvió marca registrada de este gobierno, las pasadas administraciones, para decir que los gobiernos antecesores del PRI y el PAN no habían sido capaces de superar esa barrera.
Por el contrario, se ufanaba, con este gobierno se establecía “un antes y un después” en esa materia.
Aunque el mes pasado se generaron tres mil 304 plazas, una cifra estándar en los últimos años para un alza entre meses, el boletín seguía presumiendo el espectacular salto que se dio en julio, con 16 mil 745 nuevas plazas, para presumir 20 mil registros inéditos en el bimestre anterior.
Aún no se ha explicado oficialmente la causa de ese crecimiento, pero un análisis del desempeño de los sectores económicos ubicó el aumento en el sector servicios, que incluye a empresas hoteleras, despachos legales, restaurantes y otros semejantes. Aunque se ha anunciado la apertura de nuevos negocios, no se aprecia una correlación entre el arribo de estos jugadores y la generación de tal volumen de plazas.
Por otro lado, en estos días, las cifras del IMSS están reflejando los efectos de una medida adoptada meses atrás: la obligación de que las plataformas de reparto y transporte, como Uber, Didi y otras similares, de dotar a sus empleados del servicio de seguridad social.
Varias entidades han mostrado un comportamiento similar y se ha atribuido el incremento a esa medida.
Pero analistas laborales señalan que más que la generación de una nueva plaza, lo que ocurre es una regularización de un empleo preexistente, que estaba en una especie de informalidad.
Más allá de los asegunes del reciente incremento, el triunfalismo gallardista que ve el fin de “años de rezago” responsabilidad de los anteriores gobiernos “cuando las oportunidades de empleo y crecimiento eran insuficientes para las familias potosinas”, tiene cimientos de barro.
En septiembre de 2021, cuando Ricardo Gallardo asumió la gubernatura, el IMSS tenía registrados 456 mil 972 plazas formales en San Luis. Al llegar a los 500 mil 956 trabajadores con cobertura, el estado incrementó el indicador en 43 mil 984 plazas, un 9.6 por ciento de aumento.
El contraste de esas cifras con las de sus cuatro últimos antecesores es muy desfavorecedor.
En términos absolutos, el gobierno gallardista sólo ha podido superar los números del sexenio del panista Marcelo de los Santos Fraga, que, con todo y la llegada de la armadora de GM al estado, generó 39 mil 409 plazas.
La actual administración está cerca de las cifras que dejó Fernando Silva Nieto, en cuyo sexenio, el IMSS registró un alza de 44 mil 785 trabajadores registrados. Está a 801 empleos de alcanzarlo, una acción muy posible tomando en cuenta que le queda un año a este gobierno.
Pero el plazo parece imposible para igualar a los gobiernos de Fernando Toranzo Fernández y Juan Manuel Carreras López.
Durante el sexenio del doctor, San Luis Potosí tuvo el mayor crecimiento de las cinco administraciones analizadas, 98 mil 930 nuevos empleos formales, más del doble del registro gallardista.
Con Juan Manuel Carreras López, la diferencia es menor, pero igual de inalcanzable. El IMSS reportó un superávit de 80 mil 889 plazas formales el sexenio pasado.
Proporcionalmente, las diferencias son más aplastantes. Silva Nieto elevó 23.2% el indicador; aunque ya abajo en términos absolutos, con de los Santos Fraga el Seguro social tuvo un 16.5 por ciento más empleo formal.
Y con los dos priistas restantes, las alzas fueron de 35.6 por ciento con Toranzo Fernández y 21.5 por ciento con Carreras López.
A 12 meses de concluir el gobierno gallardista, el IMSS registra un alza de 9.6 por ciento. En el periodo que queda para el fin del sexenio, el IMSS debería registrar un 124.9 por ciento más de los números que presenta actualmente.
Ante una meta que luce imposible, parece que en materia laboral, este gobierno no va a superar a sus repudiados antecesores.
Recorte ¿provisional?
La semana que termina, la Presidencia de la República presentó al Legislativo la propuesta presupuestal para 2027. Y para San Luis, hay dos noticias que reviven la típica dicotomía: una positiva, la otra, mala.
De inicio, hay que establecer que las cifras presentes en el paquete económico para el año entrante y sus doce anexos recibidos por los diputados seguramente no serán las mismas para cuando se realice el proceso legislativo y se publiquen las leyes resultantes en el Diario Oficial de la Federación.
Entre esta semana y algún punto de noviembre, que es cuando las iniciativas lleguen al pleno, habrá regateos, negociaciones, repartos, propuestas y contrapropuestas que van a transformar las cifras.
Además, están por definirse algunas variables que incidirán en el gasto federalizado que se repartirá entre las entidades federativas y que ahora están concentradas en una bolsa global.
Aun así, en los documentos recién elaborados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es posible identificar algunos rubros asignados específicamente para San Luis Potosí, que permiten dar un primer vistazo sobre cómo pintan los ingresos que recibirá el estado en 2027.
Establecido lo anterior, va la buena. Por lo que se ve en el papel, el rubro estrella del presupuesto para San Luis vendrá viene sobre rieles. Se trata del ferrocarril de pasajeros que conectará a Querétaro con Saltillo y que tiene prevista que su mayor parte corra por territorio potosino.
La propuesta presupuestal asigna 24 mil 025.5 millones de pesos a este proyecto durante el año entrante. El documento de la obra ferroviaria, del que se habló aquí hace algunas entregas, establecía un presupuesto total de 312 mil millones de pesos.
Ese mismo documento indicaba que su recorrido es interestatal y pasa por cinco estados: Querétaro, Guanajuato, San Luis, Zacatecas y Coahuila.
El 56.3 por ciento de los 571.5 kilómetros de vías pasa por San Luis, lo que lo hace ver como la entidad que requerirá más inversión.
Sin embargo, hay un gran asterisco en esta buena noticia. La iniciativa no presenta ningún desglose que permita establecer el reparto de los recursos entre esas entidades.
Incluso, no hay elementos que definan con claridad que San Luis recibirá recursos de la partida del año entrante. Quizá sólo se destine para las obras iniciales que requiere el proyecto en Querétaro y los recursos que le corresponden al trayecto potosino del ferrocarril se asignen en años posteriores.
Algo similar ocurre con una partida de 650.6 millones que Pemex destinará a un proyecto de perforación de pozos, el Tamaulipas Constituciones, en ese estado, San San Luis y Veracruz.
Ante el hecho de que, en comparación con los otros dos estados, la actividad petrolera en San Luis es mucho menor, cabe esperar que el reparto de la suma se de en las mismas proporciones.
Así que de los dos enormes proyectos en los que el presupuesto 2027 incluye a San Luis, no es posible definir todavía en qué medida, hablando en pesos, beneficiarán al estado.
Hay otra parte del presupuesto que es claramente identificable para San Luis, e incluso comparable con lo que la iniciativa de este año preveía para la entidad.
Se tratan de partidas fijas en el presupuesto, que incluyen algunos proyectos de inversión específicos para la entidad, el subsidio para la UASLP, la partida del Instituto Nacional Electoral para el proceso federal en San Luis, la nómina de las delegaciones federales del Ejecutivo y otros órganos autónomos y una parte del gasto federalizado, concretamente, del Ramo 33.
San Luis Potosí tiene una veintena de estos rubros en la iniciativa del presupuesto 2027. Y aquí viene la parte negativa.
Para este año, el mismo documento incluyó un total de 30 mil 751.1 millones de pesos, siendo la parte del Ramo 33 la más cuantiosa, con 26 mil 246.2 millones de pesos.
En 2027, el total de partidas identificadas se reduce a 27 mil 167.9 millones de pesos, una baja de tres mil 583.1 millones de pesos, equivalentes a una disminución de 11.6 por ciento.
El hoyo está en el Ramo 33, que para 2027 prevé 23 mil 208.6 millones de pesos, tres mil 37 millones de pesos menos.
Los documentos incluyen las partidas del rubro educativo de ese ramo, el fondo de la nómina magisterial, de educación para los adultos; el Fondo de Aportaciones Múltiples y de Aportaciones para la Infraestructura Social, que se reparten el recorte.
También hay reducciones, aunque de monto mucho menor, en las nóminas de las delegaciones de las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y del Trabajo, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República y del Poder Judicial de la Federación.
En contraparte, la UASLP recibirá dos mil 643.8 millones de pesos, 81.9 millones de pesos más que este año. Que al menos sirvan para paliar el eterno adeudo del gobierno de Ricardo Gallardo.
En el año electoral, la partida del INE se duplicará, de 245.2 millones de pesos a 505.7 millones de pesos.
Esos son los recursos identificables hasta ahora para la entidad. Pero se insiste en que en ningún modo serán los montos definitivos.
Faltan por definir los rubros restantes del Ramo 33 y aún no se sabe cómo se distribuirá el otro pilar del gasto federalizado, el Ramo 28.
También está por confirmarse qué capacidad de cabildeo tienen los legisladores federales potosinos.
Se trata del último presupuesto federal en el que el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona tendrá oportunidad de influir. También estarán a prueba su capacidad de negociación y su margen de acción en un entorno político electoral complejo.
Querrá asegurar la mayor parte de recursos de cara a unas elecciones en las que estará en juego su proyecto transexenal familiar.
Pero también podría enfrentar límites indeseados ante el gobierno de Claudia Sheinbaum, férreo opositor del nepotismo electoral.
Es decir, que el presupuesto federal para San Luis Potosí está lejos de cerrarse.