Si existe un tema incómodo para la clase política del estado, es el de sus ingresos. Esto queda reflejado en la dificultad para conocer exactamente cuánto gana un funcionario, en especial aquellos que ocupan los puestos jerárquicos más altos.
La opacidad surge porque el tema trae a colación debates polémicos: desde establecer si los ingresos de cualquier nivel están justificados, hasta exponer la farsa de una "austeridad republicana" que queda rebasada por el hecho de que, a la hora de definir sueldo y prestaciones, la "cuchara grande" es el criterio principal.
Querer saber en San Luis Potosí cuánto ganan los funcionarios es una tarea difícil y, sobre todo, tediosa, debido a los obstáculos presentes en la documentación oficial. De inicio, destacan los variopintos criterios que adoptan las dependencias estatales, municipales y autónomas, los cuales parecen diseñados para confundir.
Esta confusión se evidencia en los tabuladores anexos a la Ley del Presupuesto de Egresos de la administración estatal, de los ayuntamientos y de los órganos autónomos. A pesar de que casi todas las dependencias cuentan con manuales de diseño de remuneraciones, no ha habido voluntad o capacidad para estandarizar un tema tan relevante.
La cúpula del Ejecutivo, por ejemplo, encubre los ingresos de sus integrantes mediante un sistema de mínimos y máximos en sueldo base, compensaciones, percepciones ordinarias e impuestos. Este esquema podría justificarse cuando existen varios rangos en un mismo nivel (como en el gabinete, donde no todos perciben lo mismo); sin embargo, en un sistema que presume transparencia, manejar estos márgenes funciona como un mero ocultamiento.
Tomemos como ejemplo al gobernador Ricardo Gallardo Cardona. El tabulador de la Ley del Presupuesto de Egresos se rige por el concepto absurdo de asignar tres niveles de ingreso a un cargo que es unipersonal. Mientras el sueldo base es único (46,609 pesos) y las prestaciones alcanzan los 500 pesos, la "compensación garantizada" maneja distintos niveles. Al final, la remuneración líquida mensual del gobernador presenta tres valores: 34,857.85 pesos en el rango mínimo; 63,363.01 pesos en el medio y 110,899.39 en el máximo, lo que arroja un ingreso anual de 1,330,792.68 pesos.
Pero en el caso de los secretarios de gabinete, como se decía, el uso de este doble y hasta triple tabulador no permite precisar cuánto gana cada uno, aunque es muy probable que varios lleguen a la cifra mágica del millón, en especial entre más se suba en el organigrama.
No es la única maniobra detectada. El presupuesto de Rioverde, por ejemplo, solo presenta el salario diario; en otros municipios, el alcalde y los regidores ni siquiera aparecen en los tabuladores.
Y luego está el grosero truco de entregar los tabuladores en la peor resolución posible a fin de dificultar su simple lectura, ya no digamos su análisis.
Esta anarquía propicia que la normativa dominante sea la discrecionalidad.
En el papel, el artículo 133 de la Constitución estatal norma los ingresos, aunque de forma vaga, al señalar que la remuneración debe ser "adecuada". Por su parte, la Ley Reglamentaria establece criterios de igualdad, equidad, legalidad, transparencia y objetividad.
La realidad se topa con el hecho de que la ciudadanía no sabe cómo sus funcionarios definen lo que ganan, no conocen el dato exacto de esos montos y, en muchos casos, no se respeta la ley.
Existen 56 casos concretos de violación a la normativa. El artículo 127 de la Constitución Nacional establece que ninguna remuneración será superior a la del Presidente de la República. Este precepto se repite en el artículo 133 local, agregando que ningún funcionario estatal puede ganar más que el gobernador.
Y la Ley Reglamentaria de ese artículo recalca ambos mandatos, con una precisión relevante: específicamente, el monto que no se puede rebasar es el máximo autorizado. Recordemos que el tabulador actual pone esa línea en un millón 330 mil 792.68 pesos en este año.
Tras revisar los tabuladores de los tres poderes, de algunas alcaldías y órganos autónomos, se detectaron 56 puestos cuyos ocupantes reciben ingresos mayores que los de Ricardo Gallardo. De estos, once incurren en una doble violación: ganan incluso más que la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo ingreso anual se definió en 2,060,000 pesos.
El contraste de ingresos, ya se comentó, es de periodicidad anual e incluye todos los ingresos reportados en los documentos consultados. La mayoría incluye el sueldo base, percepciones ordinarias, extraordinarias, permanentes, ingresos adicionales, especiales, seguridad social y estímulos. En otros casos, como el de la alcaldía capitalina, sólo registra un ingreso bajo la etiqueta "remuneraciones".
Otra falta de concordancia tiene que ver si el dato presentado es ingreso bruto, o neto, con los impuestos y descuentos ya aplicados. La mayoría se refiere al primer caso.
La lista la encabeza la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Manuela García Cázares, con ingresos por 2,533,821 pesos; es decir, medio millón más que la presidenta y 1.2 millones más que el gobernador. En el Ceepac, pese a las quejas por penurias financieras, sus consejeros ocupan los siguientes escalones: la presidenta Paloma Blanco López recibirá 2,448,421 pesos, mientras que los otros seis consejeros percibirán 2,488,421.20 pesos.
En los Servicios de Salud, la directora Elizabeth Dávila Chávez reporta ingresos anuales por 2,353,790 pesos (pagados por la Federación). Le siguen los 27 diputados locales, con un ingreso individual de 2,178,180 pesos. La FGE vuelve a aparecer con tres vicefiscales que perciben 2,170,154 pesos cada uno, y fiscales especializados con montos que superan los dos millones de pesos.
Entre quienes superan el ingreso presidencial aparece Joaquín Lecourtois López, titular del Instituto de Fiscalización Superior, con dos millones 063 mil 386.44 pesos.
El club de los dos millones de pesos lo cierran los 15 magistrados del Poder Judicial del Estado a los que los "acordeones" de la elección pasada les concedieron ingresos por dos millones 014 mil 992 pesos.
Extrañamente, los primeros cargos municipales en el ranking no son alcaldes, sino funcionarias del DIF de Soledad de Graciano Sánchez. La coordinadora Flor Olivia Gómez Vázquez aparece con 1,860,697 pesos anuales, seguida por la contralora Heriberta Cortina García, con 1,778,572 pesos. Ambas superan por mucho al propio alcalde, Juan Manuel Navarro, quien reporta 453,900 pesos al año.
Existe una particularidad en estos últimos casos: aunque el desglose de ingresos arroja las cantidades citadas, el tabulador publicado en el Periódico Oficial del Estado muestra cifras globalmente inferiores. La magnitud del "yerro" no parece inocente; más bien, evidencia los obstáculos que los funcionarios imponen para evitar que los ciudadanos sepan cuánto cobran de los impuestos que, pequeño detalle, salen de sus propios bolsillos.