Son tiempos en los que la ambición y el pragmatismo de los partidos políticos, sus aspirantes a cargos de elección popular, específicamente, la gubernatura, se combinan con el temor, la sumisión e intrascendencia de las autoridades electorales para que, de manera ilegal, se desarrollen sin obstáculo los actos adelantados de proselitismo político.
En mayor o menor medida, con algo de pudor o con abierto cinismo, los aspirantes y los partidos que los respaldan han incurrido en esta conducta.
Como era de esperarse, este proselitismo precoz ya generó el primer zafarrancho entre partidos el pasado viernes, cuando en un recorrido, presuntamente hecho a pedido de los locatarios del Mercado República de esta capital, el empresario Gerardo Sánchez Zumaya, que aspira a abanderar a la 4T en la elección para gobernador, se convirtió en blanco de una agresión realizada por jóvenes presuntamente provenientes de un anexo que gritaron consignas a favor del alcalde Enrique Galindo Ceballos, también aspirante a ese cargo.
El incidente quedó en jaloneos, pero al verse involucrado en el asunto, el presidente municipal salió a revelar que los agresores habrían sido, y otra vez se usa la palabra presuntamente, pagados para que profirieran esos gritos.
Con ello, el escenario ya irregular de un evento proselitista muy adelantado se complica más ante la posibilidad de que, o un tercero en discordia, también interesado en la contienda, enviara a los alborotadores a sembrar el enojo entre los otros dos adversarios: o el mismo afectado montara una charada para hacer quedar mal a un rival.
Por lo visto en estos días, pareciera que ese es el sentido del proselitismo adelantado: más que ganar adeptos, desprestigiar a los rivales.
Mientras tanto, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana salió a decir que analizaría cualquier denuncia de proselitismo adelantado, para luego, al poco tiempo, poner acotaciones a lo que podría considerar como eventos proselitistas.
Y el Instituto Nacional Electoral se sumerge en una sospechosa tardanza para evitar establecer directrices específicas para que la autoridad electoral actúe para atacar este problema.
Si en los aspirantes y partidos no cabe esperar moderación ni que las autoridades electorales ejerzan de eso, precisamente, de autoridades, ¿qué nos queda?
Las celebraciones de los 20 años del gallardismo efectuadas aquí en la capital y en Valles son los ejemplos paradigmáticos del adelantamiento del proselitismo en San Luis.
Simbiosis entre el Verde y el gobernador Ricardo Gallardo, la celebración cubrió los requisitos de un acto proselitista de un partido en el poder: acarreo, uso de infraestructura pública, presencia de funcionarios y, sobre todo, candidata. Sí, la senadora Ruth González Silva.
Aunque hubo quienes señalaron directamente el descarado proselitismo adelantado del PVEM, el PAN apenas lanzó unas tibias críticas al evento. El PRI, ni eso.
Pero dos días después, se instaló el comité estatal del nuevo partido Somos México, presidido aquí por un enemigo declarado del gallardismo, Xavier Nava.
Cumpliendo ese papel, interpuso sendas denuncias contra el evento ante el INE y el Ceepac, siendo el único partido que lo ha hecho hasta ahora.
Del lado ciudadano, sin embargo, ocurrió una acción que busca tener mayor alcance que la demanda partidista.
Entre el 17 y el 29 de este mes, la plataforma ciudadana Verde Potosino, una organización ciudadana presentada apenas en mayo pasado y con fuertes ligas con Cambio de Ruta, el colectivo ambientalista que ha hecho ver su suerte a los gobiernos municipal y estatal por sus litigios en materia ambiental, presentó cuatro denuncias y peticiones que pretende funcionar como "un cerco jurídico" al Verde y al gobierno gallardista para tratar de comprobar que el cumpleaños del grupo político violó varias leyes.
El abogado Luis González Lozano la explica como "una estrategia circular", compuesta por "cuatro actuaciones coordinadas que se retroalimentan para esclarecer los hechos, seguir los recursos y fortalecer la prueba".
Teniendo como punto de partida la celebración gallardista, la estrategia cuestiona cuatro blancos distintos: la legalidad electoral del evento, la fiscalización de los recursos utilizados, la revisión pública de ese dinero y la transparencia.
Sobre el primer punto, Verde Potosino presentó ante el Ceepac una denuncia para que se investigue si el evento fue un acto adelantado de campaña en el que hubo promoción personalizada en favor de algún (¿alguna?) aspirante. También si hubo coacción para lograr que 50 mil personas, según el propio PVEM, asistieran al recinto de la Fenapo donde se realizó.
También solicitó al INE que fiscalice los recursos invertidos por el PVEM, verifique ingresos o egresos relacionados al acto y cheque si existieron aportaciones prohibidas.
Además, que analice la logística de transporte, propaganda y escenarios físicos para determinar canalización indebida de recursos.
El 30 de julio, presentó las dos denuncias restantes ante dos instancias públicas de clara pertenencia a la esfera gallardista.
Ante el Instituto de Fiscalización Superior del Estado, requirió que indagara si se usaron recursos públicos en los eventos, lo que implicaría un desvío, incluyendo dinero, vehículos, combustible y uso de instalaciones oficiales.
Todo para determinar si existieron o no perjuicios al patrimonio estatal.
El último recurso fue para el Patronato de la Feria Nacional Potosina, cuyo Teatro del Pueblo fue el escenario de la celebración.
Vía transparencia, Verde Potosino solicitó, si es que existió, prueba documental de permisos para el uso del Teatro, quiénes fueron las partes firmantes, si existió, o no, algún pago o contraprestación por esa utilización, así como quién la pagó.
También requiere el desglose de gastos en las actividades previas y posteriores al evento: armado de templetes, iluminación, sonido, energía, limpieza y seguridad.
Finalmente, pide facturas de cada operación relacionada con el festejo.
Quizá, la organización peque de optimista si espera que alguna de estas dos últimas dependencias vaya a contestar.
El IFSE sólo tiene dientes para los que el gallardismo considera adversarios: la UASLP y la alcaldía capitalina.
Y el Patronato de la Fenapo siempre ha sido un hoyo negro en materia de transparencia y no tendría por qué actuar de manera distinta en este caso.
El Ceepac también tiene sus asegunes. La anemia financiera a la que la ha sometido el gobierno estatal ha disminuido no sólo su capacidad de actuación, sino su voluntad para zafarse de la correa gallardista. El que se haya prestado para el sainete de la "Ley Esposa" y no haya mostrado más que tibieza para revisar la legalidad del festejo veinteañero lo demuestran.
Y el INE está demasiado ocupado con la situación nacional como para esperar que entregue resultados pronto.
Pero a pesar de tener todo en contra, la estrategia ganaría aún con respuestas adversas a sus peticiones.
Porque expondría un cerco de protección institucional hacia un grupo político y su partido, exhibiendo con ello a las autoridades protectoras.
Y si consigue demostrar que el festejo verde se cometió alguna irregularidad y consigue que se imponga alguna sanción, el éxito será mucho mayor.
Aviso: La semana entrante no se publicará esta columna. Regresa el 16 de agosto.