Un estudio de la organización independiente Causa en Común, especializada en la inseguridad y, especialmente, en las estadísticas de la incidencia criminal en el país y el manejo que hacen de ellas las autoridades, publicó la semana que concluye un estudio inquietante en el que sostiene que existe una manipulación deliberada y sistemática de las cifras para presentarle un panorama a modo que apoye el discurso de que la actividad criminal va a la baja.
Se refiere a los reportes mensuales que emite el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), que se alimentan con los informes que les envían las fiscalías de los estados.
El documento en cuestión, "Incidencia delictiva... y algunas anomalías", tiene como tesis central que las autoridades están presentando reducciones significativas en los delitos más graves, y por tanto, que generan mayor sensibilidad en la sociedad, logradas a través de la manipulación de cifras, restando, por ejemplo, casos de homicidios dolosos, para catalogarlos en otras categorías en las que el impacto sea menor, como los homicidios dolosos, o en el ignoto rubro de "otros delitos".
¿Suena conocido? En este espacio, así como en diversas notas publicadas en este diario, se ha dado cuenta de la discrepancia que existe, por ejemplo, en las cifras de los reportes de víctimas de homicidio doloso en San Luis Potosí, con el registro de personas fallecidas por esos mismos motivos que lleva el Instituto Nacional de Estadística y geografía (Inegi).
En 2024 el SNSP reportó 444 víctimas en las denuncias recabadas por la Fiscalía General del Estado el año anterior, mientras que el Inegi, basado en las actas de defunción y reportes médicos contó 514 muertes violentas, 70 más que el SNSP, es decir, 15.8 por ciento mayor incidencia.
Esta semana, representantes de la Alianza Mexicana de Organizaciones de transportistas (AMOTAC) revelaron que sus registros presentaban una incidencia de casos más alta en la entidad de la registrada por la Guardia Nacional para el mismo delito. Ironizando, el representante transportista quedo la información señaló que "nosotros tenemos otros datos".
En el estudio de Causa en Común, esta situación que ocurre en San Luis Potosí no pasó desapercibida. Ubica a la entidad en varias de las categorías delictivas que presentan discrepancias.
La más notoria se da en el caso de los feminicidios, crimen en el que la entidad presenta la segunda mayor reducción en el país en el periodo enero agosto de este año con respecto al mismo periodo de 2024: 70 por ciento. Sólo está debajo de nuevo León, que registra una baja de 81 por ciento para el periodo de referencia.
De acuerdo con el SNSP, este delito ha presentado una reducción constante desde 2021, cuando se contaron 24 casos. Al año siguiente, la cifra cayó 50 por ciento, para quedar en 12 y para el mes de referencia, contaba 3 casos.
"El delito de feminicidio", señala el estudio al referirse al panorama nacional, "arrastra importantes problemas de subregistro, derivados, en parte, de la falta de homologación en los códigos penales estatales, lo que afecta la precisión de las estadísticas reportadas. Evidencia de este subregistro son las altas variaciones en el porcentaje de asesinatos de mujeres tipificados como feminicidios, obtenible a partir de la suma de las víctimas de feminicidio y de las mujeres víctimas de homicidio doloso".
En este sentido, a nivel nacional, el 24 por ciento de los asesinatos de mujeres son investigados como feminicidios. En el caso potosino, el indicador se reduce a 16 por ciento.
Un indicio del ocultamiento de feminicidios contabilizándolos como asesinatos dolosos se registró en julio, cuando tres mujeres fueron asesinadas a tiros en su hogar, ubicado en peñasco, en esta capital.
Pese a que la FGE ha afirmado que todo delito de esta naturaleza en la que una mujer pierda la vida, es investigado bajo el protocolo de feminicidio, ese mes no se registró ningún caso de esta naturaleza en el reporte del SNSP.
La FGE aseveró inicialmente que investigaría el triple crimen como feminicidio, más adelante descartó esa posibilidad.
El estudio apunta la atención también al caso de los "otros delitos", una categoría en la que caen todos los casos que no entran en la descripción específica de cada categoría y modalidad.
Causa en Común sugiere que, para evitar reconocer los delitos "incómodos", las fiscalías los reubican en la categoría de "otros delitos", donde se pierden en la ambigüedad del concepto.
Entre 2023 y 2024, San Luis Potosí registró un crecimiento de más del 50 por ciento de la contabilización de estos delitos sin especificar, con respecto a 2021. En ese año, el 10.7 por ciento del total de las denuncias contabilizadas cayeron en esa categorización incierta.
Para 2023, subió al 26.6 por ciento, y para el año pasado, disminuyó a 21.9 por ciento, pero la diferencia con 2021 es significativa.
En este sentido, el manejo que se hace en San Luis de los datos sobre los delitos contra la libertad, en el que entra el secuestro, llama la atención.
Entre 2021 y lo que va de 2025, entre el 97 y el 99 por ciento los crímenes que se consideran en esta categoría caen en la modalidad de "otros delitos".
En este periodo, se registraron tres mil 026 delitos contra la libertad. De ellos, dos mil 979 cayeron en el rubro de "otros delitos" y sólo 51 fueron considerados formalmente como secuestros.
El SNSP tiene un Instrumento para el Registro, Clasificación y Reporte de los Delitos y las Víctimas, que es una especie de catálogo delictivo en el que se indica a las fiscalías como deben llenar sus reportes.
En el rubro de otros delitos contra la libertad, el documento maneja tres casos que caen en la categoría: intermediación, colaboración, asesoría, intimidación a la víctima y otros actos relacionados con la privación ilegal de la libertad; simulación (auto secuestro) y desaparición forzada de personas cometidas por particulares, retención y sustracción de incapaces, o cualquier otro que reúna los supuestos de conducta antes expuestos. Ésta última posibilidad es escalofriante, y la FGE tendría la responsabilidad de desmenuzarlo.
Sobre todo porque existe un antecedente de ocultamiento: los secuestros masivos de migrantes que viajaban en autobuses y otros transportes en el área de Matehuala nunca se reflejaron en las cifras del SNSP.
El manual de llenado de reportes del SNSP marca que el propósito de la nomenclatura delictiva es homologar, en la medida de lo posible, los registros entre las entidades federativas con fines estadísticos.
Esto implica que el responsable del llenado del formato debe utilizar las categorías de "otros delitos" la menor parte de las ocasiones, sólo en casos en los que no exista una correspondencia aceptable en la definición conceptual entre delitos denominados de forma distinta.
El reporte de Causa en Común, y los casos que se han detectado de manera local, apuntan sin embargo a que la discrecionalidad ha privado sobre la exactitud, lo que pervierte la certeza de las cifras delictivas.
A pagar se ha dicho
La Secretaría de Finanzas entregó el pasado 15 de octubre al Congreso del Estado el documento de la cuenta pública al tercer trimestre de este año. Y entre los muchos datos que presenta, está la actualización de la relación de la administración gallardista con la deuda quirografaria, los préstamos de corto plazo y alto interés a los que el gobierno del estado se ha hecho adicto.
Este medio ha informado que entre septiembre de 2021 y septiembre de 2025, el gobierno gallardista ha contratado 28 préstamos de esta naturaleza, que suman 11 mil 707 millones de pesos.
Pues bien, a septiembre de este año, la fiesta tuvo una pausa para dar paso al pago de cuentas.
Y el abono fue grande. Al cierre de 2024, el saldo de los quirografarios era de tres mil 634 millones de pesos, la suma de diez créditos vivos.
Nueve meses después, la deuda bajó a mil 696 millones de pesos. En ese lapso, se abonaron mil 938 millones de pesos. Le ha recortado el 53 por ciento del saldo.
El grueso de los movimientos ocurrió en los últimos tres meses. Al segundo semestre del año, la deuda quirografaria era de dos mil 907 millones de pesos. Es decir, que en los siguientes tres meses, Finanzas pagó a los bancos mil 2011 millones de pesos.
¿Cuál es el impacto del pago de estos préstamos tan controvertidos? El documento muestra que al cierre de septiembre, el estado muestra un superávit, es decir, sus ingresos fueron más altos que sus egresos, de cuatro mil 441 millones de pesos.
El pago de la deuda quirografaria representa el 43 por ciento del superávit financiero que lleva el gobierno estatal este año.
De no haberse contratado este endeudamiento, esa es la cifra de la que pudiera haber dispuesto para otros fines, como por ejemplo, la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias en la Huasteca.
Por otro lado, si se supone que el presupuesto es un documento planeado con antelación, por lo que es de suponerse que la situación actual, de tener un superávit al tercer trimestre, estaba prevista, ¿para qué seguir endeudándose del modo en el que esta administración lo ha venido haciendo?