Una de las características más marcadas de la administración de Ricardo Gallardo Cardona es la fobia a la transparencia, en especial cuando se trata de informar sobre el gasto en obras y adquisiciones que realizan sus dependencias.
El deterioro del derecho ciudadano a saber cuánto y en qué gasta la administración estatal, y a quién le paga, ha crecido aceleradamente desde septiembre de 2021, cuando Gallardo Cardona asumió el cargo de gobernador.
Una de las pruebas más evidentes de esta vocación por la opacidad está en el hoyo negro en que se ha convertido la divulgación de contratos de obra pública y adquisiciones de las diversas dependencias, que encuentra una perfecta encarnación en el Sistema Electrónico Estatal de Información Pública Gubernamental (SEEIPG) que está a cargo de la Contraloría General del Estado (CGE).
En la entrega anterior de esta columna, a raíz del encontronazo entre Gallardo Cardona y el presidente municipal capitalino Enrique Galindo Ceballos, por el señalamiento del primero sobre un supuesto sobrecosto en una obra construida por el ayuntamiento en el bulevar Jacobo Payán, y el posterior revire que hizo el edil por la obra vial de la salida a Guadalajara, se tocó el tema de las anomalías de este sistema en el tratamiento de los proyectos estatales.
El sistema se vio involucrado porque la chispa que detonó el choque vino de la CGE, que informó al gobernador un monto de la obra municipal que al mandatario estatal le pareció excesivo. Sin embargo, la dureza con que la Contraloría trata al ayuntamiento fue contrastada en el texto por la mano blanda con que se consiente a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública en el SEEIPG, al permitirle registrar proyectos incompletos o, de plano, al consentir graves omisiones.
Ahora, tras un examen más detallado del sistema, queda claro que la permisividad es más profunda y propicia que el mismo trato se otorgue a otras dependencias estatales.
El SEEIPG fue creado formalmente el 8 de octubre de 2019, en el gobierno de Juan Manuel Carreras López, que emitió el acuerdo administrativo por el que se establecen las disposiciones que se deberán observar para la utilización del Sistema Electrónico Estatal de Información Pública Gubernamental, que entonces era conocido como Compranet San Luis, en alusión al ya extinto programa federal de difusión de contratos de adquisiciones y obra pública.
El fundamento legal del acuerdo es la fracción IV del artículo 172 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que define formalmente a este sistema electrónico, le asigna su manejo a la CGE, a través de su Dirección Jurídica y de Contratación Pública, y reconoce su validez como el medio de información pública gubernamental para la publicación y seguimiento de los procedimientos de contratación sobre obras públicas.
El artículo 171 de la mencionada ley impone a las instituciones que realicen obra pública, estatales o municipales, la obligación de integrar los expedientes de cada contratación. Esa obligación se ve reforzada en el artículo quinto del acuerdo.
La CGE, por su parte, tiene la obligación de comprobar el cumplimiento de las disposiciones en materia de obra pública.
En materia de procedimientos, el SEEIPG divide la información en procesos abiertos, que aún no llegan a la fase de un fallo de asignación; y los concluidos o en seguimiento, los que, en teoría, ya fueron asignados y de los que existen contratos. Las alusiones hechas en esta entrega se refieren a los procesos cerrados, los más numerosos, pues tienen 5,867 registros.
Volviendo al acuerdo, queda claro el esquema: las dependencias que realizan obra pública deben registrar sus expedientes en el SEEIPG y la CGE debe vigilar el cumplimiento de esta obligación y llevar su recuento.
En la práctica, esos propósitos quedan muy lejos de su cumplimiento. Esto se refleja en situaciones tan básicas como la actualización del sistema.
No es el acuerdo, sino la ley de obras la que impone a la CGE la obligación de renovar la información del sistema cada tres meses (artículo 174).
Mientras que las instancias municipales de obra pública presentan información actualizada, de sus contrapartes estatales no puede decirse lo mismo.
El caso extremo de incumplimiento es el de la Seduvop, cuya carpeta más reciente, la extensión del bulevar Río Santiago hacia Palma de la Cruz, data del 16 de febrero de 2024.
Es decir, pese a que la Seduvop evidentemente ha realizado múltiples procesos de obra desde entonces, ninguno de esos expedientes ha aparecido en el SEEIPG en los últimos dos años y nueve meses.
La muestra más dramática de esta anomalía es que ninguna de las 20 obras y acciones realizadas por la Seduvop que fueron reportadas por Ricardo Gallardo Cardona en su quinto informe de gobierno aparece en el SEEIPG.
No es poca cosa. Se trata de una inversión de dos mil 98 millones de pesos de los que ni la Seduvop se preocupó de reportar ni la CGE se aseguró que se incluyera en el registro.
De la secretaría, no es novedad. Primero con Leticia Vargas Tinajero y ahora con Jorge Grimaldo Limón, la dependencia ha llevado al extremo su aversión a la transparencia al grado de intentar combatir judicialmente las resoluciones que la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública ha emitido en su contra por incurrir en graves omisiones al no responder a solicitudes ciudadanas de información sobre sus procesos de asignación de obra.
Por lo que respecta a la CGE, su omisión en poner en orden el SEEIPG demuestra que el ocultamiento de datos es una política del gobierno gallardista, que sella cualquier resquicio por el cual se cuele algún dato público, sin importarle que, al hacerlo, viole las leyes.
Como en todo, esta situación presenta excepciones. La Junta Estatal de Caminos tiene reportadas en el quinto informe nueve obras, de las cuales el SEEIPG presenta todos los expedientes, cumplidos hasta la etapa de la emisión del fallo.
Esta situación no hace más que magnificar las fallas de la CGE, pues es una muestra de que es posible hacerlo funcionar correctamente.
Pero las anomalías en el SEEIPG no se remiten solo a la obra. Según el artículo IV del acuerdo administrativo que crea el sistema, sus disposiciones aplican no solo a la construcción, sino también a la adquisición de bienes, los arrendamientos y la contratación de servicios.
Es decir, que en el sistema deberían aparecer los procesos de asignación de contratos para la renta de edificios y vehículos que arriendan las dependencias gubernamentales, la compra de papelería y artículos de oficina, la contratación de seguros para las aeronaves oficiales, los boletos de avión de las giras del gobernador o las botellas compradas a Ron Potosí.
Sin embargo, esos datos están ausentes del sistema, lo que implica un enorme agujero negro sobre el manejo de miles de millones de pesos del erario de los municipios y del gobierno estatal.
El caso del SEEIPG es la evidencia de hasta dónde está dispuesto a llegar un gobierno para sabotear el derecho de los ciudadanos a la información a fin de ocultar la discrecionalidad del manejo presupuestal.