A principios de agosto, un entusiasta Ricardo Gallardo Cardona pregonaba, dentro de la presentación del operativo de seguridad de la Feria Nacional Potosina, que “¡San Luis entra a una nueva era en seguridad con perros robot!”.
En el video que subió a sus redes sociales, el mandatario aparece acuclillado, acompañado de lo que puede ser descrito como una delgada caja rectangular con cuatro largas y flacas patas y una cabeza con un solo ojo y un “hocico” giratorio.
Los canes de silicio protagonizan lo que ha sido una tendencia en este gobierno: la exageración de los alcances de sus acciones, la promoción de una imagen de modernidad y la más profunda opacidad sobre la inversión pública que requirió la compra.
Que no debió ser barata pues, de manera indirecta, se puede calcular la compra entre dos y cuatro millones de pesos, a razón de casi 500 mil pesos por cada ejemplar, pero que podría llegar a duplicar esos valores.
Pero eso no lo informó el gobernador en su anuncio. En el video, mientras que el robot realizaba gracias como pararse en dos patas, dar pequeños brinquitos y hacer girar su boca electrónica desaforadamente, el mandatario indicaba que los canoides tenían cámaras de 360 grados y la extraña facultad de detectar “todas las personas que vengan haciendo malas conductas”.
Información posterior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana indicó que los aparatos funcionarán como primeros respondientes tecnológicos y podrán ingresar a zonas de difícil acceso, evaluar posibles riesgos y transmitir imágenes y datos en tiempo real antes de la intervención de los agentes.
Como un dron con patas en lugar de hélices, los dispositivos serán manejados de forma remota y estarán conectados con los centros de mando. Entre las funciones anunciadas se encuentran el reconocimiento del terreno, la identificación de rutas de acceso y la vigilancia de instalaciones consideradas estratégicas.
Cuando terminara la Fenapo, anticipó Gallardo Cardona, los robots tendrían la misión de checar en “todos” los filtros de revisión de la Guardia Civil Estatal, la corporación a la que fueron asignados, “todos los automóviles que entran y salen de San Luis Potosí”.
¿Qué tan grande sería la manada cibernética? El anuncio oficial hablaba de 4 ejemplares de inicio, desplegados en la Fenapo. A los que se agregarían otros cuatro posteriormente. Pero algunas notas del evento atribuyeron al gobernador la afirmación de que, finalmente, podrían ser 16.
Como ya es costumbre en este gobierno, un importante dato, el costo de la inversión, estuvo ausente en el anuncio. En ningún momento, ni el mandatario ni la SSPC indicaron cuánto se invertiría en los robots.
Las autoridades se concentraron en aumentar el “hype” del anuncio, resaltando el hecho de que la policía potosina entraba al futuro al disponer de “perrocops” entre sus filas.
Hasta se convocó a la ciudadanía a bautizar a los falsos caninos, prometiendo computadoras, tabletas y celulares a los mejores nombres, aunque luego ya no se conoció si hubo certamen o ganadores.
Tampoco se profundizó en las características técnicas de los perros robot, sus alcances y capacidades.
Se trata de unidades Go2 de la empresa china Unitree, especializada en la construcción de robots, incluyendo androides.
En su página oficial, Unitree los describe como “una nueva criatura de IA encarnada”, con capacidad para “correr” a una velocidad máxima de 18 kilómetros por hora, pararse en dos patas, saltar y escalar.
Dispone de un sistema de seguimiento de su “amo”, gracias a un control remoto.
Dos son sus capacidades más notorias: un sofisticado sistema LiDAR, el acrónimo en inglés de detección y alcance de luz, un sistema de radar láser que permite mapear un espacio; y avanzadas cámaras que captan y transmiten imágenes en alta definición.
La página de la empresa presenta al aparato como un juguete, un acompañante electrónico que, si bien dispone de capacidades técnicas avanzadas, está pensada básicamente para el “acompañamiento”.
De hecho remarca que el Go2 es un “robot civil” y pide a los compradores no realizarle modificaciones que llegaran a ser peligrosas o darle un uso que pudiera generar algún riesgo.
Sin embargo, al ser más asequibles que robots de empresas de Estados Unidos, han comenzado a ser adoptados rápidamente por corporaciones policiacas, agencias gubernamentales y empresas de seguridad privada en distintas regiones. Su uso principal se centra en actuar como “primer respondiente táctico”, herramienta de vigilancia remota y plataforma de inspección en zonas de riesgo.
Unitree ofrece cuatro modelos del bicho electrónico, con diversos niveles de complejidad, desde el básico Air, el PRO y el X, en las que aumentan especificaciones como la complejidad de su software o la duración de su batería.
También existe el modelo EDU, una versión que permite al comprador configurarlo a su gusto.
La empresa da pistas en su web sobre el costo de las unidades. La versión básica empieza en los mil 600 dólares, unos 30 mil pesos. El modelo Pro asciende a los dos mil 800 dólares, es decir, 52 mil pesos y el X, el de mayor gama, cuesta cuatro mil 500 dólares, equivalentes a 84 mil pesos.
Se trata de precios básicos. El aparato puede comprarse en páginas de ventas como Mercado Libre y Amazon en un rango de precios que va de los 80 mil a los 205 mil pesos.
Destaca que estos robots aparecen en la sección de juguetes de las referidas páginas.
Parece remoto que el gobierno potosino los haya adquirido por esa vía y aún más que fueran aparatos de tipo civil. Existen empresas que adquieren los aparatos y los modifican con especificaciones bajo demanda del cliente, desde luego con tarifas adicionales.
Las distribuidoras que realizan estos “upgrades” adaptan las unidades para que alcancen los estándares policiales, con mejoras como cámaras térmicas, altavoces, además de la capacitación de oficiales y pólizas de mantenimiento y actualización.
Estas actualizaciones y servicios extras llegarían a elevar, según un experto en seguridad consultado, a entre 600 mil y 800 mil pesos el costo de la unidad.
Pero en el caso de los perros robot potosinos, no es posible saber cuánto costaron y a quién se los compraron.
El 13 de octubre pasado, el portal Astrolabio publicó que la SSPC había puesto bajo reserva durante cinco años toda la información referente al costo de los aparatos, las condiciones de compra y el proveedor.
En respuesta a un par de solicitudes de información, difundió ese medio, la Unidad de Transparencia de la SSPC pretextó los clásicos motivos de seguridad para meter la información a la caja fuerte.
El titular de la corporación, Jesús Juárez, escurrió el bulto al preguntarle los motivos de la reserva. Indicó que los ignoraba y atribuyó la decisión al Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública, pese a que los documentos indicaban que había sido la propia SSPC la que declaró la opacidad.
Ante la opacidad local, hay que ir a buscar la transparencia a otros estados.
El gobierno de San Luis Potosí no es el único que ha adquirido estos sistemas. El Estado de México, Zacatecas y los ayuntamientos de Zapopan, Jalisco y Guadalupe, Nuevo León, también han comprado el modelo Go2.
Estos gobiernos siguen la tendencia observada en San Luis de presumir la integración de los perros robot como un hito de modernidad en seguridad pública.
Pero, a diferencia de la administración gallardista, no esconden a piedra y lodo la información pública de las adquisiciones.
En diversos grados, el costo sí fue informado en algunos de estos casos. En Zacatecas, el gobierno señaló que su perro robot les costó 53 mil pesos. Zapopan invirtió 800 mil pesos.
El dato más preciso viene de Nuevo León. Guadalupe es el municipio donde se asienta el estadio del Monterrey, mismo que en junio pasado fue sede de algunos partidos del Mundial.
Con ese motivo, la policía municipal adquirió cuatro aparatos del mismo modelo que los canes robots potosinos.
En la Plataforma Nacional de Transparencia se encontraron solicitudes de información sobre el monto invertido.
Como la SSPC, la alcaldía de Guadalupe sometió a una reserva de cinco años datos como la cantidad de aparatos y el proveedor.
Pero, a diferencia de la corporación potosina, que cerró la cortina del todo, la alcaldía norteña respetó parcialmente el derecho ciudadano a la información y emitió una versión pública del contrato, el SADA-ELAD-42FIII43-112-2026, firmado el 13 de enero de este año.
El documento sigue ocultando datos relevantes como el proveedor, la cantidad de aparatos adquirida y algunos de los propósitos para los que fue adquirido el “equipo robot canino biónicos con inteligencia artificial para inspección”.
Pero sí publica el monto global de la compra de los robots, un millón 920 mil pesos, a un precio unitario de 480 mil pesos, lo que permite concluir que fueron cuatro los aparatos adquiridos. A eso se suman 480 mil pesos por servicios técnicos como la puesta en marcha del sistema y la conexión al C4 local, para dar un total, con el IVA incluido, de dos millones 784 mil pesos.
Llama la atención que la vigencia del contrato es de sólo dos meses y medio, del 14 de enero al 31 de marzo de este año, sin especificar que servicios cubre en ese lapso.
Eso abre la posibilidad a que se trate de una operación de renta, no de compra, de los aparatos.
El contrato señala que la empresa suministrará los equipos, sin especificar si la alcaldía los adquiría de manera definitiva. De ser un arrendamiento, se elevaría aún más el costo de la operación.
Pero como sea, el ayuntamiento de Guadalupe sí presentó algo de información sobre el asunto, no como la SSPC, que cerro de plano su cortina, evadiendo la responsabilidad de emitir una versión pública del contrato.
Así púes, los perros robot potosinos ejemplifican el modo en el que el gobierno gallardista realiza sus contratos: a escondidas del ojo público y con desprecio al derecho ciudadano de conocer cómo se maneja el erario.