La danza anual de los millones se está definiendo en estos días en el Congreso del Estado. La definición del presupuesto de egresos deja sus listas de dependencias que gozarán de incrementos, sufrirán recortes o tendrán que arreglárselas con el mismo presupuesto.
Revisar qué dependencias se ubican en esas tres categorías permite esbozar el comportamiento presupuestal del gobierno de Ricardo Gallardo Cardona. Cuáles son sus prioridades, cuáles, por no serlo o porque simplemente no alcanza el dinero, se quedan en rojo y cuáles son blanco de una "indiferencia" presupuestal.
En ese sentido, en el reparto de los 70 mil 734 millones de pesos previstos para 2026, de las 95 dependencias que recibirán recursos el año entrante, 54 verán incrementos que van desde el 0.12 por ciento del Sifide, apenas 60 mil 571 pesos, hasta más del doble de lo que recibieron este año, que tendrá a su disposición mil 129.5 millones de pesos más de lo recibido este año, un alza de 104.5 millones de pesos.
Entre las más consentidas estarán, como tradicionalmente ocurre, las instancias que concentran la nómina magisterial. La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado es la que mayor presupuesto recibirá, con 18 mil 940.8 millones de pesos, más de la cuarta parte del presupuesto total. Esto gracias a los mil 360.2 millones de pesos adicionales a los que recibió este año.
El Sistema Educativo Estatal Regular presenta un presupuesto para 2026 significativamente menor al de la SEGE, tres mil 562.5 millones de pesos. Aun así, disfrutará de un alza de 52.6 por ciento, equivalentes a mil 228.9 millones de pesos.
La Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) dispondrá de un aumento de 311.8 millones de pesos, para sumar tres mil 525.2 millones de pesos. Esto en un año preelectoral.
La Arena Potosí, uno de los proyectos consentidos del gobernador Ricardo Gallardo, verá crecer su partida casi 40 por ciento, al pasar de los 40 a los 55.5 millones de pesos.
El que era el Centro de Convenciones San Luis Potosí, ahora Centro de Negocios, y que se ha convertido en la oficina principal del gobernador, tendrá un alza de 18.2 millones de pesos, un nada despreciable 81 por ciento de incremento. De los 22.4 millones que manejó este año, pasará a 40.7 millones de pesos.
Las dependencias que no ganan, pero tampoco pierden, son 29. Del primer círculo presupuestal, es decir, las que dependen directamente del Ejecutivo, aparecen la Secretaría Particular del gobernador (56 millones de pesos), la Secretaría Técnica del Gabinete (13.2 millones de pesos), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (57.6 millones de pesos) y la Defensoría Pública (98.8 millones de pesos).
El resto de las "olvidadas" del presupuesto podrían dividirse en cuatro categorías.
Están varias del gabinete cultural y científico, como los museos del Virreinato y el Federico Silva, el Instituto Potosino de Bellas Artes, la Cineteca Alameda y el Canal 9. A estos se les agrega el Copocyt.
Instancias de asistencia social y de atención a grupos vulnerables, como el Centro Estatal de Trasplantes, la Casa Cuna Margarita Maza de Juárez, el Instituto Estatal de Ciegos y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas tampoco tendrán incrementos.
La tercera categoría que no tendrá movimiento presupuestal, ni para bien ni para mal, la integran instancias autónomas o de control de las acciones de las autoridades, como el Sistema Estatal Anticorrupción, la agonizante Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, el Tribunal Estatal Electoral y el Estatal de Justicia Administrativa.
Aquí, queda en evidencia el mensaje: no beneficiar con aumentos a las instancias que pudieran ser un contrapeso del poder estatal.
Sorprendentemente, la Fiscalía General de Justicia, aunque goza de un presupuesto cuantioso, de mil 400 millones de pesos, no recibirá un peso extra. Otra instancia de justicia, el Centro de Justicia para las Mujeres, estará en la misma tesitura.
Y ya en dominios del semáforo rojo, la dependencia con el mayor recorte presupuestal para 2026, pese a los esfuerzos del Congreso por achicar el boquete, son los Servicios de Salud.
La federalización del sector la dejará sin la mitad de su presupuesto proveniente del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), lo que se traduce en un recorte de 537 millones de pesos. De un año a otro, la dependencia verá contraído su presupuesto un 15.11 por ciento.
Y al mismo tiempo que se anuncian varias obras públicas para el año entrante, la dependencia encargada de concretar una buena parte de ellas, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop), resentirá el segundo mayor recorte entre las dependencias del gabinete, con 136.1 millones de pesos menos. Aun así, contará con seis mil 669.4 millones de pesos.
En el rubro de seguridad también habrá recortes. El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública recibirá 115.4 millones de pesos menos, con lo que perderá casi el 20 por ciento de su presupuesto de este año.
Otra dependencia afectada por recortes será la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, que ya no dispondrá de 72.3 millones de pesos en 2026, perdiendo la cuarta parte del presupuesto que recibió en este ejercicio.
Y una dependencia ya de por sí emproblemada, los Invernaderos de Santa Rita, disminuirán su partida de 25 a 15 millones de pesos.
Con bajas relativamente menores, pero significativas por ser parte del sector educativo, están el Colegio de San Luis, que dejará de recibir 6.4 millones de pesos del presupuesto estatal; el Tec de Rioverde, que perderá 1.7 millones de pesos y la Universidad Tecnológica, con una reducción de 1.2 millones de pesos. En esta lista también están el Tec de Tamazunchale y la Universidad Tecnológica Metropolitana.
Estos comparativos están hechos con base en la iniciativa del presupuesto de egresos que envió el Ejecutivo al Congreso. Se anunciaron cambios en la Comisión de Hacienda, a cargo del análisis y de los cambios que pudieran realizarse. Sin embargo, al cierre de esta columna, aún no se habían dado a conocer.
Es decir, podría cambiar la situación de algunas dependencias, aunque no parece haber mucho margen para ampliar la cobija presupuestal sin destapar otros frentes.
La nómina dorada
Entre 2023 y 2024, el gobierno del estado recortó casi tres mil plazas, cebándose en el personal de base y, a la vez, abultando la que podría considerarse la lista de funcionarios privilegiados que ganan más de 70 mil pesos al mes.
Esos son los hallazgos más interesantes revelados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Censo Nacional de Gobiernos Estatales, dado a conocer esta semana.
Entre varias dimensiones que mide el censo, está el apartado de estructura organizacional y recursos, en los que, entre otras cosas, se hace un recuento de varios aspectos de la nómina, entre los que están sus integrantes, los sueldos, su tipo de contratación y la seguridad social a la que están inscritos los trabajadores, si es que cuentan con ella.
La fotografía general expone que el año pasado, el gobierno estatal tenía una nómina de 63 mil 165 trabajadores.
La evolución de esta cifra entre finales del sexenio anterior y los primeros tres años del nuevo gobierno muestra que el gallardismo ha incrementado su personal.
En 2020, eran 59 mil 662 los burócratas. Al cierre de 2021, ya instalado el gobierno emanado del Partido Verde Ecologista de México, la nómina subió a 64 mil 885.
Al iniciar este gobierno, hubo múltiples denuncias de despidos injustificados de burócratas, lo que era un indicativo de que, como suele ocurrir, el gobierno entrante podaba la nómina de la saliente, para hacer espacio a los suyos.
Pero el gobierno gallardista no sólo puso personal en las plazas desocupadas, sino que aumentó considerablemente, 8.7 por ciento, el personal contratado.
Sin embargo, fue más allá. En 2023, la nómina alcanzó su pico: 66 mil 028 trabajadores.
No obstante, el año pasado, algo sucedió, pues el Inegi registró dos mil 863 plazas menos.
Más del 80 por ciento del recorte lo resintieron los trabajadores de base, que se redujeron de 52 mil 569 a 50 mil 209 plazas.
También se eliminaron 296 plazas de empleados eventuales y 273 que eran pagados por honorarios.
En contraste, bajo el concepto de "otro" sistema de contratación, se crearon 22 nuevas plazas, para pasar de 129 a 151. Y la lista de empleados de confianza creció de cinco mil 925 a cinco mil 975, es decir, 50 nuevos funcionarios.
En materia de nómina destaca el número de trabajadores que devengan más de 70 mil pesos, el monto más alto que contabiliza el Inegi.
En 2023, eran dos mil 209 empleados incluidos en esta categoría salarial. El año pasado, la lista premium sumó 638 nuevos miembros, alcanzando un total de tres mil 247.
Sorprende que un gobierno que afirma ser austero, haya hecho crecer trece veces la lista de beneficiarios de los salarios más altos, en comparación con los antecesores que critica con tanta insistencia. En 2020, los empleados que ganaban más de 70 mil pesos eran 243.
Igual sucede con el escalafón inmediatamente inferior. En 2020, sólo 15 empleados ganaban entre 60 mil y 70 mil pesos. El año pasado, la cifra se disparó a 689.
En materia de seguridad social, los dos sistemas públicos más socorridos, el IMSS y el ISSSTE registraron reducciones. En el Seguro Social, dejaron de estar inscritos mil 853, mientras que en el sistema para trabajadores del estado se dieron de baja dos mil 893 plazas.
En cambio, en el rubro de "otra institución de seguridad social", sin que se precisen más datos para identificarlos, se presenta un alza de mil 660 plazas. En un año, pasó de 495 a dos mil 155 empleados.
También creció el número de empleados del gobierno estatal que no cuentan con ningún tipo de seguridad social. En 2023, eran dos mil 590, mientras que el año pasado, su número aumentó a dos mil 871.
Estos resultados muestran que el gobierno gallardista dista mucho de ser el patrón ideal.