Hace dos entregas, en esta columna se analizó el impacto que tendría en el gasto del gobierno del estado de este año una iniciativa presentada por la diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Dolores Robles Chairez, en la que se proponía una millonaria readecuación en la Ley de Ingresos de este año, generada por la recepción de recursos extraordinarios locales y federales, necesaria para enfrentar “gastos imprevistos”.
Sin embargo, ese movimiento no afectará sólo al ingreso de este año, sino que también incidirá en los recursos previstos para el año entrante, de acuerdo con un análisis comparativo con la iniciativa de la Ley de Ingresos para 2026, que la Secretaría de Finanzas entregó el viernes al Congreso del Estado.
Antes de entrar en materia, es necesaria una fe de erratas relacionada con la entrega mencionada líneas arriba.
Se había establecido que el Congreso había autorizado una adecuación presupuestal que le generaba al gobierno estatal un incremento de ingresos por cuatro mil 963.5 millones de pesos, pues de 65 mil 551.1 millones presupuestados para este año, se había elevado a 70 mil 524.8 millones de pesos.
En realidad, la Ley de Ingresos de este año estableció originalmente una cifra menor, de 65 mil 344.4 millones de pesos, lo que incrementa en 206.7 millones de pesos el superávit, para llegar a cinco mil 180.3 millones de pesos. El redactor hace un mea culpa por el yerro.
Dicho lo anterior, se entra en materia. La iniciativa de Ley de Ingresos para 2026 que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona envió al Congreso, prevé en su artículo primero una recaudación de 70 mil 461 millones de pesos. Ahí mismo presume un incremento de 7.47 por ciento con respecto a lo autorizado este año.
Es obvio que este incremento derivó de la comparación entre la iniciativa de 2026 y el presupuesto original aprobado este año.
Entre ambas cifras se presenta un alza de cinco mil 116.5 millones de pesos, equivalentes al porcentaje mencionado.
La situación, sin embargo, cambia radicalmente si se toma en cuenta lo que serían los ingresos reales de la entidad, es decir, los que fueron aprobados por el Congreso en la adecuación presupuestal de principios de noviembre.
En esta comparación, el incremento presumido en la iniciativa para 2026 desaparece y en su lugar surge un leve recorte, que, en el mejor de los casos, puede interpretarse como un estancamiento.
Y es que entre las cifras previstas para el año entrante y el presupuesto de 2025 que fue ampliado con la adecuación, se presenta en realidad una reducción de 63.7 millones de pesos, equivalentes al 0.09 por ciento.
Esto invalidaría el incremento que se ostenta desde el primer artículo de la iniciativa presupuestal que se dispone a discutir el Congreso, pues el alza de 7.47 por ciento desaparecería.
Aunque hay una peculiar situación que sostiene ese incremento. Y es que, a pesar de que la adecuación presupuestal fue aprobada el pasado 11 de noviembre, aún no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado, por lo que no habría entrado en vigor.
Eso genera suspicacias sobre el origen de los más de 200 millones de pesos pagados por Finanzas a la UASLP, pues esta suma estaba entre los gastos emergentes que debía enfrentar el estado con los recursos extraordinarios aprobados en la adecuación presupuestal. Si el decreto de ésta no aparece aún y si era necesaria la aprobación legislativa para mover esos fondos, ¿la legalidad del pago a la UASLP está firme?
Si se analizan los incrementos que resultan de la comparación del presupuesto original con los otros dos, se obtienen cifras muy similares. Con respecto al presupuesto modificado, el saldo es de cinco mil 180.3 millones de pesos. Si el contraste es con el presupuesto del año entrante, la cifra es un poco menor, cinco mil 116.5 millones de pesos.
Esto implica que el monto de la recaudación extraordinaria que se reveló en esta recta final del año, por la obligación de la Secretaría de Finanzas de saldar los “eventos extraordinarios”, equivale al incremento anual previsto para el año siguiente.
De no haber surgido la emergencia, difícilmente los potosinos se hubieran dado cuenta de esto, toda vez que la comparación entre el presupuesto original y la modificación se podría haber hecho por ahí de abril del año entrante, cuando se publica la cuenta pública anual de la administración. Ahora, la oportunidad ocurre en tiempo real.
¿Qué implica esto? Se confirma lo que se mencionaba también hace dos semanas en relación con un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad en torno a la tendencia de los gobiernos estatales de ser inexactos en la planeación de sus ingresos.
Esa subestimación de los recursos, sugiere el instituto, propicia la opacidad y discrecionalidad en el manejo del presupuesto extraordinario.
Y, en este año en particular, el proceso de aprobación de los presupuestos de ingresos y de egresos estará bajo la sombra de la ambigüedad y de la inexactitud, ante la existencia de dos cifras con las que se puede comparar el monto que se manejará el año entrante.
Autos, multas y un buzón
Ahora bien, ¿qué pueden esperar los contribuyentes potosinos del presupuesto 2026? Después de todo, esos cinco mil millones de pesos en que aumentarán los ingresos saldrán de un sitio: sus bolsillos.
Pese a ello, aunque era de esperarse, en ninguna línea de las modificaciones propuestas a la Ley de Hacienda ni del Código Fiscal, que suelen acompañar a la iniciativa de Ley del Presupuesto de Ingresos, se reconoce que habrá incrementos a los contribuyentes. Se utiliza, en cambio, el eufemismo favorito de los recaudadores: ajuste.
No falta la creación de nuevas obligaciones ni el endurecimiento de ciertas normas para permitirle a la Sefin un mayor margen de recaudación.
Por lo que respecta a las alzas, el mayor peso lo llevarán las actividades económicas que requieran de trámites sobre manejo de residuos y riesgos ambientales ante la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, es decir, la mayoría. El argumento es que no se actualizan desde 2016.
La iniciativa trae un abanico de nueve derechos cobrados por la Segam que elevarán sus tarifas, con alzas que van de 4% hasta ¡233.3%!, en el caso de la obligación marcada en la Fracción I del artículo 88 Bis de la Ley de Hacienda relacionado con el cobro a la evaluación y registro de planes de manejo de residuos de manejo especial sujetos a la Norma Oficial Mexicana 161SEMARNAT-2012, que saltó del equivalente de 12 Unidades de Medida y Actualización (UMAs) a 40 UMAs.
La expedición de actas de nacimiento, un trámite generalizado ante la población que realiza el Registro Civil, a cargo de la Secretaría General de Gobierno, presenta un alza de 0.50 a 0.71 UMAs cuando el documento certificado se obtenga en oficinas del registro en el interior del estado, ya sea en ventanillas o en centros electrónicos.
Se incluye también un cobro nuevo y oneroso, equivalente a 10.52 UMAs por la rectificación administrativa de las actas. Con el valor diario de la UMA en 113.14 pesos este año, esta corrección le costará al contribuyente mil 190.23 pesos.
En lo que respecta al control vehicular, parece que el encanto de las placas gratuitas se está desvaneciendo.
Hasta este año, sólo debían pagar por ellas los propietarios de vehículos con un valor superior a los 350 mil pesos.
La propuesta de reforma del artículo 64 de la Ley de Hacienda propone ampliar esa obligación a los vehículos provenientes de otros estados, quitándole a San Luis el aura de paraíso fiscal automotriz, y, ojo aquí, a los vehículos importados y regularizados. O sea, a pagar por sus placas los dueños de autos “chocolate”.
Aquí también hay un nuevo cobro, el de las copias de documentos que se solicitan para los trámites vehiculares.
En Finanzas se percataron que ahí tenían una mina, por lo que ahora, si un propietario lleva sólo documentos originales, deberá pagar el año entrante 0.02 UMAs, o 2.26 pesos, por copia.
En el Código Fiscal se proponen reformas que permitirán a Finanzas cobrar sí o sí las multas que impongan otras dependencias.
El nuevo artículo 18 BIS establece que las sanciones monetarias impuestas por dependencias del Ejecutivo estatal tendrán la calidad de crédito fiscal.
Según la Sefin, la omisión en el pago de estas multas llegó a niveles que obligaron a adoptar esta medida.
Otra nueva medida impactará en un mayor control de la Sefin en los trámites fiscales del contribuyente, con la creación de un Buzón Fiscal (el equivalente local del odiado Buzón tributario del SAT), de uso obligatorio para las personas físicas y morales, con la advertencia de que no activar el buzón generará una multa de entre 10 y 40 UMAs.
El nuevo artículo 22 BIS establece que a través de este buzón, accesible por correo electrónico y número de teléfono, el contribuyente recibirá documentos de la Sefin.
La trampa está en que la dependencia considerará que el contribuyente fue notificado de, digamos, un requerimiento o una multa, cuando lo abra en su buzón. Dejarlo sin abrir no servirá de nada, pues tendría el mismo efecto al cuarto día natural de enviado el aviso.
Evadir a los notificadores de Finanzas ya no tendrá sentido.
Esas son las novedades que se pudieron detectar en la primera revisión del paquete fiscal local para 2026.
Habrá que ver cómo caen entre los contribuyentes, si Finanzas decide mover algo y si a los diputados se les ocurre modificar algunas de las propuestas, quitarlas o agregar nuevas.