Tanto que repudia este gobierno estatal a sus antecesores para acabar repitiendo sus acciones. Fernando Toranzo Fernández es uno de los nombres malditos en el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, entre otras cosas, por la corrupción que le achaca esta administración, que nunca se ha puesto a perseguir seriamente.
De su gobierno, se recuerda las sospechosas transacciones que hacía el DIF estatal, a cargo de su entonces esposa, María Luisa Ramos Segura, con los contratos para la compra de alimentos que la institución ofrece para integrantes de sectores vulnerables, especialmente para las infancias.
Ante esa necesidad, el DIF requiere cuantiosas adquisiciones para elaborar desayunos calientes o fríos, para niñas y niños cuyas familias enfrentan el fantasma de la pobreza y no pueden adquirir los productos de la canasta básica.
Desgraciadamente, esto se ha convertido en un jugoso negocio del que unos pocos disfrutan. En aquel sexenio, se recuerda a Tralogic SA de CV, una intermediaria asentada en Puebla, que durante el sexenio torancista, acaparó los contratos del DIF estatal, hasta llegar a sumar más de 300 millones de pesos en procesos licitatorios en el que era, al parecer, la única alternativa.
Parece que la tendencia de las contrataciones peculiares no se ha ido del DIF estatal, pese al cambio de colores y de siglas.
Ejemplo de ello son dos contratos recientes cuyos detalles provocan severas dudas por, entre otras cosas, las sospecha de manipulación en los concursos, la participación de competidores con la lupa de la Auditoría Superior de la Federación encima y la selección de inopinados ganadores, cuya vocación de negocios parece muy lejana a la venta de arroz y galletas a granel.
Este el caso del proceso de contratación IA-83-W23-924049998-N-1-2024, que entró en vigor entre el 16 de julio y el 31 de diciembre de 2024 para la compra de abarrotes y perecederos para la preparación de alimentos para menores y adolescentes migrantes
El concurso se realizó bajo la modalidad de invitación a cuando menos tres postulantes. De acuerdo al expediente del proceso adquisitorio, los licitantes invitados fueron El Remate del Bodegón SA de CV, una empresa que ha fungido como navaja suiza para las compras estatales y de ayuntamientos no desde este sexenio, sino de administraciones anteriores: un particular, Ricardo López Mercado, del que no se hallaron antecedentes, y un inesperado participante: Equipos Militares Yuseff SA de CV, un negocio ubicado en Nereo Rodríguez Barragán, especializado en la venta de uniformes y equipo militar, de vigilancia y policiaco.
La empresa, de acuerdo al Registro Público del Comercio fue constituida en febrero de 2015, por Alejandro Yusseff Nieves, Liliana Nieves Lozano y Thalia Gabriela Oliva Guerrero.
Ni en sus objetos sociales originales, vinculados a las actividades establecidas en su nombre, ni los que se agregaron en una extensa modificación realizada en enero de este año, que incluyen el comercio de combustibles, el tratamiento de agua residual, limpia de predios contaminados y la organización de cursos de diversa temática, aparece el comercio de abarrotes y perecederos.
No obstante, el 9 de julio, se le declaró ganadora del concurso, debido a que presentó una propuesta más baja que sus competidores, ganando un contrato por un millón 580 mil 999 pesos.
Virginia Zúñiga, directora general del DIF Estatal, y otros funcionarios, firmaron ese documento.
Esa licitación no fue la primera que la dependencia sostuvo con la empresa. En 2022, Equipos Militares Yuseff SA de CV participó en un concurso por un contrato de venta de artículos deportivos, en el que dividió partidas con el otro participante.
Ese mismo año, participó en una licitación de la alcaldía capitalina, pero fue descalificada por no presentar la propuesta.
El otro contrato tiene situaciones más llamativas que un proveedor inesperado. Se trata del expediente IA-83-W23-924049998-N-1-2025, realizado el año pasado para proveer de abarrotes y perecederos para el Centro de Asistencia Social Un Refugio en el Camino para población migrante infantil y juvenil entre el 12 y el 31 de diciembre de ese año. También fue por invitación restringida a tres proveedores.
El expediente indica que fueron tres los participantes: las empresas Servicios Integrales de Comercialización y Consultoría con Tecnologías de la Información (Sicti), SA de CV, y Proveedora Agrícola San Luis SA de CV, además del particular Pedro Alberto Negrete Cervantes, luego de que las dos compañías competidoras no presentaron propuestas.
La persona física, de acuerdo al acta de fallo del concurso, obtuvo un contrato del que no se especifica la cantidad, sino que se plasman un mínimo de 640 mil 068.85 pesos y un máximo de un millón 600 mil 345.57 pesos.
El retiro de las empresas del proceso llama la atención por detalles importantes.
En el caso de Proveedora Agrícola San Luis, resulta que el postulante ganador, Alberto Negrete, fue uno de sus socios fundadores. La empresa fue constituida en Villa de Arriaga el 14 de marzo de 2013. López Negrete fue el administrados único desde entonces.
Como tal, participó en una licitación del ayuntamiento de Ciudad del Maíz, que pagó a la empresa dos millones 171 mil 500 pesos por un contrato de compra de herramienta signado en junio de 2024.
Documentos registrales de la empresa muestran que en octubre de 2026, dos meses antes de que ganara el contrato del DIF, López Negrete renunció al cargo en la empresa y que en enero de 2024, había cedido la mayoría accionaria que tenía a su hijo, Mauricio negrete Rivas.
Es decir, que en el caso del DIF, compitió contra la empresa que administró y que pertenecía a su familia. Se desconoce si la institución estaba enterada de ese hecho, pero por el resultado, se intuye que no consideró que hubiera algún conflicto.
Sobre el otro competidor, el asunto es más escabroso. De Sicti, no hay datos del Registro Público de Comercio de su existencia, porque es una sociedad civil, pese a que ha sido participante frecuente en licitaciones públicas, especialmente en Chiapas, en donde también incurrió en el retiro de procesos de licitación de invitación restringida.
Aquí, documentos de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado muestran que, al menos en 2024, realizó pagos por casi diez millones de pesos.
Precisamente por negocios con la SEGE, la Auditoría Superior de la Federación señaló a la empresa no logró que el IMSS emitiera una opinión de cumplimiento de sus obligaciones, que no fue incluida por la SEGE en algunas adjudicaciones que realizo ni acreditó el número de trabajadores supuestamente registrados ante el IMSS, por lo que la ASF pidió al IMSS verificar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa ante el Seguro Social.
Lo anterior quedó asentado en la auditoría de cumplimiento 1658 realizada a los recursos del Fondo de Aportaciones a la nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) de 2025.
Se desconoce también si el DIF sabía o no que uno de los proveedores invitados a una de sus licitaciones había sido señalada por esa anomalía. De cualquier modo, la dejó participar, aunque fuera en un papel de comparsa.
Los recursos invertidos en estos dos contratos son de orden federal, por lo que podrían ser considerados en las auditorías de esos ejercicios.
Independientemente de que sean señalados oficialmente, por lo expuesto líneas arriba, ambos contratos están sujetos a la polémica.
De la que, al parecer, el cambio de un gobierno a otro no logró erradicar en el DIF Estatal.