De acuerdo a un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), apenas el 20 de septiembre de este año se firmó lo que podría considerarse el acta de defunción del fallido programa de transporte masivo iniciado por el gobierno de Fernando Toranzo Fernández y continuado por Juan José Carreras López y que podría considerarse un caso de estudio de la corrupción de los últimos dos regímenes priistas que gobernaron San Luis.
Pero el desgraciado proyecto fue manejado tan mal, que aún fallecido, le puede seguir costando millones al erario, como un muerto viviente que sigue persiguiendo a los vivos.
En casi diez años, el proyecto engulló buena parte de los 640.1 millones de pesos presupuestados sin que se lograra trasladar del centro de la ciudad a la Zona Industrial a uno sólo de los 96 mil pasajeros que, fue la promesa, se transportarían en 33 autobuses con capacidad de 100 pasajeros, que, por supuesto, no aparecieron por ningún lado. Las 12 líneas previstas que se integraran a la red también se quedaron en el papel.
La ASF, en su segunda entrega de reportes de la cuenta pública 2023, registrada la semana pasada, difundió dos informes sobre la gestión del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), que dibujan la ruta del desastre en que terminó el Fideicomiso 2258 "BRT (por Bus Rapid Transit, Autobús de Tránsito Rápido) Dos corredores de transporte masivo de la zona metropolitana de San Luis Potosí", que tenía un financiamiento de 640.1 millones de pesos.
El fideicomiso se integraría con 166 millones de pesos de Banobras, entregados al estado a fondo perdido, con la condición de que aportara 249.1 millones de pesos. Y unos anónimos concesionarios aportarían otros 224.4 millones de pesos más.
La auditoría al Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo (Portram), de donde salieron los 166 millones de pesos de Banobras, incluye al proyecto potosino entre ocho planes que no ejercieron el 100% de los recursos otorgados.
El documento revela que no se completó la entrega de la suma porque "el proyecto se canceló por incumplir la cláusula Décima Quinta inciso a, de su Convenio de Apoyo Financiero, referente a que no concluyó las obras de infraestructura del proyecto en un plazo de 30 meses".
Consultando los seis informes de gobierno de Juan Manuel Carreras, siempre presumió avances en la Red Metro e incluso en el sexto, indicó que en diciembre de 2021 ya rodarían los autobuses.
El informe de la ASF confirma que el mandatario mintió abiertamente y que en dos años y medio incumplió su compromiso. Pero eso ya lo sabían los potosinos, que nunca vieron un indicio concreto de ese avance.
Eso no impidió que, según los propios informes carreristas, el gobierno estatal afirmara que erogó 293 millones de pesos en diversas obras relacionadas al proyecto. Lo poco que queda de ellas, se pudre al aire libre.
Banobras, por su parte, sólo alcanzó a aportar a San Luis 56.4 millones de pesos de los 166.1 previstos, antes de declarar cancelado el proyecto.
En total 352.4 millones de pesos tirados a la basura o más bien, a los bolsillos de alguien.
Y aunque la Red Metro carrerista estaba, en los hechos, muerta desde que nació, administrativamente era un zombi.
La segunda auditoría de la ASF a Banobras revisó las normas de control interno de sus funciones fiduciarias, es decir, si sabía en qué estado se encontraban las obras que financiaba.
Resulta que en cada proyecto en el que participa, Banobras cobra a los beneficiarios honorarios fiduciarios. En el caso de los que no llegan a concretarse, como el potosino, acepta otorgar una quita de esos cobros, con la condición de que se formalice la extinción del mismo.
La ASF detectó que en 2022, ya avanzado el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona se había autorizado el beneficio, pero detectó que al cierre del año pasado, no se concretó la extinción del fideicomiso y, para efectos financieros, seguía en operación.
Ante el quemón los responsables se movieron y formalizaron el convenio de extinción del Fideicomiso 2258 que se firmó apenas hace dos meses, el 20 de septiembre pasado.
Quién sabe si el gobierno estatal se salve de la quita de los honorarios fiduciarios, pero de los que no va a escapar es de la devolución de los 56.4 millones de pesos que Banobras soltó para el fracasado proyecto.
La institución federal había dado un plazo que se vence el 21 de mayo del año entrante.
¿Y los responsables del desastre? Pues aunque se cacareó a principios de este gobierno una denuncia por malos manejos, ahí siguen, algunos en retiro, otros en el desempleo y hay alguno que permanecen en la administración pública. Todos sin ninguna preocupación.
Chatarra disputada
Entre los negocios de pensiones, yonkes y corralones se está generando una gran inconformidad ante la entrada en vigor que afecta sus intereses y, al mismo tiempo, va a producirle ingresos al gobierno estatal, cuyo destino no se ha explicado con suficiencia.
En octubre de 2023, en la pasada Legislatura, Eloy Franklin, de la bancada del PVEM, propuso una reforma al artículo 62 de la Ley de Tránsito del Estado.
La moción fue aprobada y se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 19 de octubre de 2023.
Se trata de la inclusión de varias indicaciones para facultar a las autoridades estatales a hacerse de los vehículos o restos de vehículos abandonados en los corralones, destruirlos y vender la chatarra resultante a fundidoras, los ingresos resultantes se invertirían en el nebuloso rubro de "ejecución de políticas públicas en beneficio de la sociedad".
El espíritu de la reforma es de naturaleza ambiental, pues señala que los vehículos abandonados son fuente de contaminación, y excluye a las unidades sujetas a algún tiempo de investigación en curso.
El procedimiento ofrece un mes a los propietarios de unidades abandonadas que se puedan identificar para que decidan qué hacer. Los que no contesten verán destruidas sus unidades, así como aquellas que no sean reclamadas.
Luego de eso, la Segam deberá contratar a una empresa que desguace las unidades y luego venderá el producto resultante.
La inconformidad radica en que antes de la reforma, la ley facultaba a los establecimientos a rematar las unidades abandonadas, aunque la exposición de motivos de la iniciativa asevera que hay una "nula iniciación de los procedimientos, auspiciado por la venta ilegal de partes que les egenera mayores ganancias".
O sea que aparte de afectarles un negocio, el Congreso acusó a estos negocios de ser responsables de un delito.
A poco más de un año de la entrada en vigor de la reforma, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó el pasado martes en el POE un edicto en el que anunciaba el inicio del programa y el lanzamiento de los avisos a los propietarios de autos resguardados por dos empresas, Grúas Real del Potosí y Grúas Vicente, el inicio del programa, iniciando el plazo de 30 días para salvar las unidades.
Al mismo tiempo, la SSPC ya gira oficios a las empresas para que permita la entrada a sus instalaciones a peritos de la compañía elegida para la destrucción de las unidades, Sánchez y Sánchez Asesores SC, para que realicen un inventario de las unidades desahuciadas a fin de proceder a la deschatarrización de los inmuebles.
El problema es que para las empresas que estaban prestando el servicio de almacenamiento, no hay en todo este proceso ninguna posibilidad de recuperar algún tipo de ingreso.
No se descarta que el asunto llegue a los estrados judiciales por la vía del amparo.
El amigo de la pala
José Antonio Salcedo López, presidente saliente de la Federación Mexicana de Charrería, ganó una incómoda notoriedad hace casi un año exacto, cuando el gobernador Ricardo Gallardo Cardona lo puso en el centro de uno de sus discursos más polémicos.
Se trata de aquel en que se refería al "amigo de la pala", una retorcida parábola sobre la amistad en la que ubica como máxima prueba de cercanía el encubrimiento de un asesinato, con todo y la inhumación clandestina.
La referencia, que le ganó al mandatario críticas aquí y fuera del estado era un homenaje a Salcedo López porque, en medio del desastre que fue el primer torneo charro de este gobierno, con una Arena Potosí inconclusa y un improvisado lienzo levantado en el estadio 20 de Noviembre, la Federación no le retiró el evento.
La amistad entre Gallardo Cardona y Salcedo López debió haberse cimentado mucho en este segundo round charro concedido a San Luis, pese a que violaba de manera grosera la normatividad charra de que un estado no podía repetir torneo.
Pero esa cercanía le ha generado costos al líder charro (deportivo, no gremial), al menos imagen, por las sospechas de que los manejos financieros, opacos para variar, de la Federación le han generado beneficios.
Ramón González Barbet es autor de la columna "Charrería al Día", que publica en sitio propio, en Milenio y en Multimedios. No se centra sólo en los aspectos deportivos de la disciplina, sino que, crítico, analiza los modos con los que se maneja el órgano rector de la charrería.
Su última edición es particularmente interesante porque describe las consecuencias negativas de la gestión de Salcedo López al frente de la Federación y de la repentina bonanza económica con la que se ha beneficiado como presidente de los charros.
Desde que ganó la presidencia, en 2020, la Federación ha recibido de la Conade subdidios millonarios y, suelta el dato González Barbet, que el Instituto Potosino del Deporte ha pagado a esa instancia 30 millones de pesos por las dos ediciones del campeonato charro que se han celebrado en San Luis.
En este lapso, el presidente charro ha presumido viajes a grandes eventos deportivos, al mismo tiempo que mantiene en la opacidad el manejo de los recursos de la Federación.
Con este personaje ha forjado el gobernador una amistad que les han rendido frutos mutuos y en la que el cuento de la pala resulta ser algo más que una metáfora.