La tarde del jueves 3 de septiembre, la cuenta de Twitter Monitor de Carreteras Mx (@monitorcarrete1) publicó una alerta de seguridad que involucraba al estado.
"Alerta de seguridad SLP Que tal migente (sic)", advertía, "Mucho ojo porque la situación está muy pesada en la autopista SLP 80D, a la altura de la caseta de cobro Calderón, en Jesús María, San Luis Potosí. Andan asaltando con lujo de violencia. Los sujetos van armados y están agrediendo a los operadores. En este tramo la rata (sic) no se roba el vehículo, sino que actúan rápido: abren los remolques para saquear la carga. Ubicación: Autopista 80D · Plaza de Cobro Calderón · Jesús María, S.L.P. Si van transitando por ahí, mantengan el GPS activo, las puertas bien aseguradas y reporten al instante cualquier movimiento sospechoso. Ojalá se refuerce la seguridad en la zona, porque la situación está crítica.
@088_GN @GN_MEXICO_ @GN_Carreteras @SSPC_SLP".
Se trata de la carretera de cuota a Villa de Arriaga, a la altura del poblado Estancia de Calderón, perteneciente a Villa de Reyes.
La única respuesta oficial entre los agradecimientos de tuiteros por la información y los insultos a dependencias de todos los niveles fue de la cuenta del Servicio de Atención Ciudadana de la Guardia Nacional: "Buenas tardes, agradecemos su información, la cual se comparte con @SSPCSLP para su atención".
Se refería a la cuenta de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí. Se ignora si, además de dar las gracias por el aviso, las corporaciones hicieron algo.
La denuncia y la contestación oficial reflejan muy bien la situación que enfrenta la entidad por este delito: una creciente incidencia y una escasa respuesta oficial.
Esa es una realidad que se niegan a ver los gobiernos federal y estatal. Sin embargo, una iniciativa legislativa de San Lázaro para acrecentar las sanciones aplicadas al robo carretero ofrece una radiografía radicalmente distinta, en la que se alerta que en San Luis Potosí, este delito está generando una situación crítica.
Se trata de una propuesta para modificar y hacer adiciones de nuevos artículos del Código Penal Federal con el fin de fortalecer la respuesta de la justicia federal contra el robo carretero.
La presentó el pasado dos de septiembre la legisladora morenista Aremy Velazco Bautista, representante del Distrito I federal del estado, asentado en Matehuala.
La tesis de la propuesta es que mientras la legislación penal actual considera a la violencia como agravante en la generalidad de los casos de robo, el asalto carretero no presenta esa articulación.
Como está actualmente la norma, el rango actual de penas por la violencia ejercida a personas que viajan por carretera va de 10 a 30 años de cárcel. La propuesta propone elevar el mínimo a 15 años. Además, considera como agravante que esa violencia se registre en un asalto en autopista.
Pero más allá de la estructura jurídica de la propuesta, llama la atención el argumento que usó la legisladora Velazco Bautista para justificar la necesidad de modificar la norma.
El título del apartado en que plasma su alegato es contundente: "El robo carretero como problema nacional y la situación crítica de San Luis Potosí".
La diputada reconoce que el robo carretero es un problema de alcance nacional que impacta a personas, al transporte de mercancías, la conectividad y las cadenas de suministros.
Pero advierte que "existen entidades en las que su incidencia ha alcanzado niveles particularmente preocupantes".
Indica que como representante por San Luis Potosí, "la evolución registrada en esa entidad constituye una razón inmediata de preocupación, tanto por sus efectos sobre la población como por el papel estratégico que desempeña el Estado dentro de la red carretera nacional".
La fuente de esa preocupación fue la revelación realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de que en 2025, el estado fue escenario del 60.5 por ciento de los cuatro mil 90 robos carreteros reportados por corporaciones policiacas federales y estatales.
La estadística apareció en el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal y Federal, divulgado el mes pasado, y llamó la atención porque el estado se ubicó en el primer sitio del ranking nacional, pero sobre todo, por el salto que dio la cifra con respecto al documento del año anterior, cuando sólo se contabilizaron 17 casos, para pasar a dos mil 476.
Este enorme crecimiento fue una bandera roja para la legisladora, quien consideró que "la evolución resulta especialmente grave". Y aunque acepta que puede haber circunstancias metodológicas que hayan influido en la diferencia, insiste en que "una variación de esta dimensión no puede pasar desapercibida".
Va más allá al sugerir quién debería dar explicaciones: "La concentración de más de seis de cada diez hechos registrados a nivel nacional obliga a cuestionar la suficiencia de las acciones desplegadas en el ámbito estatal y exige una explicación pública sobre las causas que llevaron a San Luis Potosí a ocupar una posición tan desproporcionada dentro del panorama nacional".
La legisladora revela una estadística que modifica cómo se percibe la inseguridad en las carreteras. Usualmente, cuando se habla del tema, se piensa que los transportistas de carga son los más afectados por los robos.
Sin embargo, el desglose de los dos mil 476 casos registrados en la entidad muestra que en el 85 por ciento del total, es decir, dos mil 93, las víctimas son tripulantes de vehículos particulares, o sea, ciudadanos que viajaban en carreteras del estado.
Aremy Velazco extrapola la gravedad de este escenario local al nivel nacional, pues indica que al ser San Luis Potosí un nodo carretero que conecta con nueve entidades por las que transita una buena parte del tráfico de vehículos particulares, de pasajeros y de carga, la seguridad de sus carreteras trasciende el ámbito estatal y se convierte en una preocupación nacional.
Y vuelve a mirar al estado, al señalar que esa "condición estratégica" impone a la autoridad local una responsabilidad particular.
"Preservar la seguridad de quienes atraviesan San Luis Potosí no sólo constituye una obligación en materia de seguridad pública, sino también una condición indispensable para mantener la confianza en la entidad como corredor de movilidad y proteger los beneficios económicos derivados de su ubicación geográfica", aduce.
El oscuro panorama potosino en torno a la seguridad carretera se refleja en otras fuentes estadísticas. La legisladora cita los reportes del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que indican que en ese mismo 2025, la Fiscalía General del Estado reportó 419 carpetas de investigación por robo a transportista.
Mientras que los aseguradores contabilizaron ese año 531 robos carreteros en San Luis, de los cuales, en el 72 por ciento de los casos hubo violencia.
Aremy Velazco expresa que "para una legisladora originaria de San Luis Potosí, estas cifras representan además una obligación política de dar voz a una población que ha visto crecer de manera extraordinaria los registros de robo carretero y que demanda condiciones de seguridad para transitar por las vías que comunican al estado con el resto del país".
La iniciativa también reconoce el problema de la impunidad y de la complejidad que enfrenta el Estado mexicano para llevar una denuncia formal hasta el establecimiento de una responsabilidad penal.
Y aunque la diputada diferencia que las cifras del Inegi y del SNSP cuantifican categorías diferentes, también advierte que "la distancia entre ambos registros muestra que existe un volumen considerable de hechos conocidos por las autoridades policiales que no encuentra una correspondencia equivalente en las denuncias formalizadas ante el Ministerio Público".
Esta brecha es considerada preocupante porque implica que las autoridades estatales deben explicar "no sólo la evolución del delito, sino también las condiciones institucionales bajo las cuales las víctimas acceden o dejan de acceder a la procuración de justicia".
Indica que existen análisis sobre el posible origen de la falta de denuncia: miedo, distancias físicas de las agencias del Ministerio Público o, de plano, la percepción de las víctimas de que "denunciar puede no producir resultados".
El apartado dedicado a San Luis, como se ve, muy extenso, concluye que las estadísticas colocan al estado en una posición crítica dentro del fenómeno nacional y muestran que los ciudadanos potosinos enfrentan un riesgo carretero que no encuentra correspondencia suficiente en el número de investigaciones formalizadas.
"Ello obliga a señalar las deficiencias de la respuesta estatal, pero también a reconocer que el fenómeno rebasa una sola jurisdicción. Las rutas carreteras conectan entidades, los vehículos atraviesan múltiples territorios y las conductas delictivas pueden desplegarse y producir efectos más allá de los límites locales".