La Fiscalía General de la República (FGR) hizo público esta semana que concluye su Informe Anual de Actividades correspondiente al año pasado, dando oportunidad de dar algunos vistazos al comportamiento de la procuración de justicia en el país y en los estados, conocer la conclusión de episodios delictivos relevantes y al alcance de la actividad delictiva en las entidades.
Por lo que respecta a San Luis, hay material interesante que expone desde la asimetría que provoca el poder económico y político a la hora de definir sentencias hasta el uso de tecnología de punta por parte de los grupos delictivos.
Y en el ámbito estadístico, el tradicional esquema del embudo que ha sido característico en el ámbito de la justicia en el país desde hace años, se confirma uno más: de la cantidad total de expedientes abiertos el año pasado en la entidad, una mínima parte termina en sentencia.
En ese sentido, el reporte señala que en la entidad, la FGR abrió mil 654 carpetas de investigación el año pasado.
De ellas, poco más de una de cada cinco fue judicializada: 368.
El siguiente paso, la vinculación a proceso, sólo lo alcanza la mitad de las carpetas. Es decir, 193 expedientes, el 11.6 por ciento.
Y al final, se emitieron 145 sentencias, el 8.7 por ciento. De ellas, 141 se lograron mediante el proceso abreviado, que en muchos casos, se dirimen con una negociación. Sólo cuatro carpetas terminaron en sentencia mediante el procedimiento de juicio oral.
El proceso para que una denuncia termine con la determinación de responsabilidad penal o no del acusado sigue siendo una carrera de salmones, con innumerables obstáculos en el camino.
Hablando de sentencias, el reporte de la FGR pasa lista a algunas de los casos más relevantes que se resolvieron el año pasado.
Se trata de 13 sentencias, cuyos fallos permiten conocer las consecuencias que enfrentan los responsables de delitos… si es que los alcanza la justicia. Y aún así, hay algunos que caen parados.
El delito más frecuente de esta lista es el de portación de armas de fuego y munición prohibidas, que se presenta en 7 casos.
Ahí, las condenas oscilan entre los nueve y los 12 años de prisión. Las penas más altas se deben a que están aderezadas con otros crímenes: delincuencia organizada, falsificación de uniformes e insignias de corporaciones policiacas, y delincuencia organizada.
Una sentencia está relacionada con el huachicoleo. Se trata de un hombre que en noviembre de este año recibió una condena de 7 años y una multa por 547 mil 800 pesos por transporte ilícito de hidrocarburo.
Esa podría ser la suerte de tres personas involucradas en dos de comisos de huachicol en el estado. En febrero del año pasado, una de ellas, se incautaron 127 mil 892 litros en la carretera 57, de las que el conductor de la pipa no pudo probar su procedencia legal. La carpeta fue iniciada por el delito de transporte ilícito de hidrocarburo.
El otro imputado fue detenido el 21 de mayo en un operativo de la Sedena y de la Guardia Nacional, que reventó un puesto de venta y almacenamiento de huachicol, instalado cerca del ejido San Vicente, sobre la carretera Villa de Reyes-San Luis.
Ahí se decomisaron 184 litros de hidrocarburo. Fueron parte del millón 206 mil 179 litros de combustible irregular que la FGR incautó en San Luis Potosí durante 2025, lo que colocó al estado en la décima posición nacional.
La FGR también da cuenta de la conclusión de tres casos relevantes por las víctimas de los delitos y las condiciones que se dieron.
Un año antes del décimo quinto aniversario del atentado en el que perdiera la vida Jaime Zapata, el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del gobierno de Estados Unidos, el ICE, y su colega Víctor Ávila resultara herido, tras ser atacados en la carretera 57, dos participantes en la acción fueron condenados a pasar prácticamente el resto de su vida en prisión
El 31 de enero de 2025, un juez de Distrito dictó sentencia condenatoria contra Francisco “N” y Brenda Guadalupe “N”.
La lista de delitos es larga por los que son culpables: Delincuencia organizada (bajo la hipótesis de ataques contra la salud), secuestro agravado en agravio de dos víctimas, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El mismo día en que se realizó el atentado, 15 de febrero de 2011, señala el informe, la FGR recibió una denuncia anónima del ataque, perpetrado por una célula de Los Zetas en la zona de Santa María del Río.
Sin embargo, más que una captura, varios detenidos en realidad fueron entregados por el grupo delictivo, al dimensionar la metida de pata que habían dado al atacar a los agentes de EUA, de acuerdo a exfuncionarios que en ese tiempo tenían cargos en labores de seguridad.
Como hubiera ocurrido la detención, las vidas de Francisco y de Brenda Guadalupe se trastocaron: él fue condenado a 56 años de prisión, y ella, a 55.
Otro caso que impactó a los potosinos ocurrió el 17 de marzo de 2022, cuando en una carretera de Ojuelos, Jalisco, una camioneta Cadillac blanca empezó a ser seguida por un convoy de corporaciones de aquel estado y del Ejército, quizá pensando que se trataba de una unidad del crimen organizado.
Y quizá pensando que estaban siendo perseguidos por delincuentes, una situación plausible en aquellos sitios, el conductor intentó huir de ellos.
La confusión empeoró cuando personas identificadas como escoltas que viajaban en la camioneta y los agentes de seguridad intercambiaron fuego luego de ser interceptada aquella.
Cuando pararon los tiros, se descubrió que eran civiles los que viajaban en la camioneta y que una de ellas había recibido un tiro mortal. Se trataba de Lidy Villalba, golfista potosina que regresaba de un torneo en Jalisco. Sus ligas con el PRI, de la que llegó a ser candidata a diputada federal, le dio un sesgo político al caso.
Un militar fue detenido, al ser identificado como responsable del arma que mató a la potosina.
El 11 marzo del año pasado, a una semana de que el crimen cumpliera tres años, en juicio oral, se le dictó sentencia al militar: 30 años de cárcel por el mortal error.
Aunque la camioneta presentaba señas de haber sido baleada desde diversos ángulos y varias armas, sólo hubo un sentenciado.
Y en relación con un caso que llamó la atención por la mezcla de poder económico, el político y el status social, la FGR reportó una conclusión que no terminó en sentencia carcelaria, sino en acuerdo económico.
El documento señala que el 24 de marzo de 2025, el Órgano Especializado de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de la FGR, en San Luis Potosí, remitió el Acuerdo Reparatorio de cumplimiento diferido en el que ““Marcelo “N”, hijo del exgobernador del Estado” aceptaba transferir, como parte de un acuerdo reparatorio, 4 millones 114 mil 432 pesos a “una persona moral”.
El origen de este desenlace fue una escabrosa situación generada durante una boda celebrada en marzo de 2022 en Acapulco, Guerrero.
El acuerdo económico desactivó un proceso por violación que originó la denuncia y libró de la cárcel al responsable.
Otro aspecto relevante que presenta el reporte está vinculado a los bienes que la FGR decomisó el año pasado en carreteras y otros lugares de la entidad, además del huachicol.
Un caso mostró el nivel de sofisticación tecnológica que ha alcanzado la delincuencia organizada. En julio del año pasado, elementos de la Policía Federal Ministerial incautó la carga de una empresa de paquetería, que fue “puesta” mediante una llamada anónima.
El contenido principal eran 71 máquinas contadoras de billetes, lo que da la cantidad ingente de efectivo que maneja el crimen, pero además, cinco dispositivos inhibidores de drones y una mira telescópica.
En septiembre, en un tramo de la 57, entre Matehuala y San Luis capital, fue encontrado un semirremolque con 35 toneladas de acero robado.
La lista se completa con 236 armas diversas incautadas, 884 kilos de drogas diversas y 26 toneladas de marihuana decomisadas. No se informa del aseguramiento de fentanilo durante 2025.
A eso se suman 18 casas, 387 vehículos y 1.3 millones de pesos asegurados.