Tanto el Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano como el Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población ya están terminados. Son la propuesta técnica del futuro urbano de San Luis Potosí. En manos del Cabildo del Ayuntamiento está aprobarlos para su paso a revisión de conformidad de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vialidad y Obras Públicas del Gobierno del Estado; así lo dispone la nueva reglamentación estatal de desarrollo urbano cuya entrada en vigor dejó en el camino los planes para la ciudad y Soledad enconjunto que elaboró la administración municipal de Ricardo Gallardo Juárez.
De las consultas realizadas por el Instituto Municipal de Planeación, con las respuestas disponibles actor por actor en su sitio web, se puede apreciar que el Implan le retiró los aderezos políticos, ideológicos, de filias y resentimientos sociales al tema y procuró una línea técnica. Tantas consultas como intereses en los distintos rumbos de la ciudad, desde el poniente y sur residencial hasta el oriente de vivienda intensiva y la delegación de La Pila, con vena marcadamente industrial.
Es posible hasta adelantar algunos criterios. Por ejemplo, de las respuestas a planteamientos de Manuel Nava Calvillo y activistas pro conservación de Sierra de San Miguelito, sobre el extenso proyecto Cañadas en 2069 hectáreas, en sociedad con comuneros y ejidatarios de San Juan de Guadalupe, el Implan se atiene a lo que legalmente existe sobre la condición ambiental de la zona y responde al consultante que “se mantiene como no urbanizable la mayor extensión de sierra de San Miguelito, considerando únicamente como suelo urbano una parte de la zona baja de la misma”.
El Implan también asienta en sus respuestas que no tiene facultades ni participa en los estudios para la delimitación de San Miguelito como área nacional protegida, tampoco las tiene el Ayuntamiento para declararla como tal. Esta postura le quita mucha presión y dimes y diretes ajenos a la idea de orden urbano que se pretende.
En lo que sí concede la razón a Nava Calvillo, y a otros activistas también lo individual, es en el derecho al agua, por lo que a la zona se le atribuye ser “la zona de recarga” del acuífero de la ciudad.
Y aún con más aplomo, en las respuestas se establece que “con el propósito de revertir los efectos negativos de los escurrimientos de la Sierra de San Miguelito hacia la ciudad y generar infraestructura de protección y prevención de riesgos por inundaciones, así como acciones de protección y aprovechamiento del agua y mantenimiento de áreas verdes”. Lo que no se hizo y debió hacerse hace años para evitar que las avenidas que descienden de los fraccionamientos residenciales en la parte alta, se conviertan en “rápidos” en temporada de lluvias y las partes bajas de la ciudad y zona conurbada se aneguen con las lluvias.
Añade que el costo de los estudios técnicos, los proyectos ejecutivos y la construcción de la infraestructura necesaria para contener, conducir y reservar el agua de lluvia, además de obras de infraestructura vial y movilidad, “correrá a cargo de los desarrolladores de la zona y estará sujeta a los estudios y las aprobaciones de las autoridades correspondientes”.
Es decir, los desarrolladores podrán fraccionar la parte baja de la sierra que no está considerada “no urbanizable”, pero tendrán que invertir, ahora sí, en infraestructura pluvial. Qué porcentaje del gran proyecto de Cañadas está en esta posibilidad, no lo precisa.
También en las consultas, el Implan disolvió temores de que echaran para atrás autorizaciones de extensiones proyectadas para urbanizar en Villa Magna y Gran Peñón, aunque al parecer se hicieron algunos ajustes.
El otro gran tema es el parque urbano del Paseo de La Presa, 344 hectáreas que pertenecen al Ayuntamiento pero se lidia con litigios cimentados en un farragoso alegato de propiedad por unos borrosos derechos sucesorios argumentados de manera extraña: un señor se dice dueño de los predios como heredero de su hermana, pero no ha podido sustentar cómo es que la fallecida se hizo de esas extensiones.
El Implan dio respuestas técnicas a preguntas también sobre esta área, en el sentido de modificar las restricciones de urbanización del área. Sin embargo, no se ha dado las explicaciones satisfactorias a las dudas del Patronato Pro-Regeneración del Camino a la Presa San José, ni a las gestiones ante la Alcaldía para que el presidente municipal suscriba el plan de manejo ambiental y en los nuevos planes se garantice la intocabilidad de esos terrenos.
Incluso la Secretaría de Gestión Ambiental armó el Plan de Manejo para que la Alcaldía lo reciba, firme y asuma, lo que no ha hecho. La solicitud no es nueva para Nava Palacios, pues el oficio con estas peticiones le llegó desde octubre de 2018, apenas tomó protesta como alcalde de San Luis Potosí.
La administración de Xavier Nava denunció a su antecesor, Ricardo Gallardo Juárez por pretender la apropiación personal de terrenos en ese camino a la presa, con afanes inmobiliarios, un proyecto caro y sin duda atractivo con la oferta de espacios residenciales campestres de nivel premium y la fantasía aproximada del ventanal con vista a una presa más que centenaria.
Con todo y que se politice el trabajo del Implan, no se ve con mejor pinta que el alcalde deje el asunto hasta los tiempos electorales. Se contaminará y dañará la posibilidd de dar orden a la ciudad. De esto se trata la materia.
ROLLOS SUELTOS
DESCARO IMPUNE. A unas cuadras del Hospital Central, rodeado éste en forma permanente de elementos de Guardia Nacional y militares, ladrones se metieron hace una semana a la residencia de los padres de la diputada Beatriz Benavente Rodríguez. Mientras el matrimonio dormía, los tipos se movían a sus anchas en el piso superior, recolectando cuanto objeto de valor podían, hasta que abrieron una puerta y se activó una alarma.
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FUGA AFORTUNADA. Cuando los señores subieron, se encontraron con la herramienta desperdigada de los delincuentes (barras de metal, desarmadores, un cuchillo), así como vidrios rotos, huellas de calzado, mallas cortadas de las ventanas y buena parte del botín reunido. Los sujetos no se llevaron nada que les significara una pérdida a los residentes de la casa, pero sí les robaron algo que ya muchos potosinos han perdido: la tranquilidad.
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¡Y TODAVÍA REGRESARON! Echando en falta su “herramienta de trabajo” y lo que habían reunido, los ladrones regresaron “por sus cosas” la noche del mismo día, pero se encontraron con más alertas. La familia tuvo que hacer una inversión de emergencia en reforzar su seguridad doméstica, también como muchos potosinos.
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EL ACCESO Y EL TAXI. Reconstruyendo lo que las huellas permitieron, la familia se dio cuenta que los tipos ingresaron por una casa vecina que está desocupada. Y con ayuda de las cámaras de los vecinos, encontraron que los tipos llegaron en un taxi, con el número muy notorio. Aún con todos los datos, los señores no han querido poner denuncia porque –de nuevo como muchos potosinos-, ven en la formal denuncia una monserga y una verdadera pérdida de tiempo. Capaz que al más puro estilo acreditado por la Fiscalía Anticorrupción, nuestras autoridades sólo detienen delincuentes una vez que el denunciante y víctima investiga, consigue todas las pruebas, demuestra que es víctima auténtica y hace el trabajo que no hace nuestra comodona burocracia con placa y pistola.
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¿NI ESO? Aún sin denuncia, la diputada entregó el número de taxi involucrado, a ver si por lo menos se les ocurre revisar en qué pasos anda quien ofreció sus servicios de transporte a los delincuentes. A lo mejor ni siquiera les pasa por la mente la posibilidad de evitar otros atracos residenciales, porque son… ¡taaan cuadraditos!
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PARA GRILLOS ILUSTRADOS. “La construcción de una democracia subnacional en México”, un e-libro que recorre 210 años de emergencia y transformación de la institucionalidad representativa y democrática en San Luis Potosí. Los autores son los politólogos Javier Contreras Alcántara y Héctor Ramón Alonso Vázquez, en edición de El Colegio de San Luis.
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REVIENTA COSTURAS. El recorrido del libro por la vida política potosina desde 1808 ofrece una visión en secuencia casi intuitiva de la evolución democrática y de instituciones políticas en San Luis, impulsada por factores bien locales, incluso por encima de lineamientos nacionales que perdieron su primacía ante el actuar de élites y movimientos ciudadanos y de organizaciones domésticos.
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PARA ANOTAR. Contreras y Alonso destacan la fase de agotamiento de modelos de transformación y construcción política que vive San Luis, lo que hace urgente una renovación que no llega. A ver si el proceso 2021, aunado a la pandemia, derrumban algunas obsolescencias y abren espacio a la emergencia de nuevas figuras y formas de hacer política.
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ALIADOS DE DONDE VENGAN. En esa fase anda el proyecto político personal largamente acariciado por el secretario de Organización del PRI Edmundo Torrescano: la diputación local del distrito XI, con cabecera en Cárdenas. El político no anda muy selectivo en la tarea de ir sumando voluntades en su partido y no solo tocó la puerta del ex alcalde de Ciudad del Maíz vinculado a proceso apenas el mes pasado, por el famoso “Mochesgate” con obras en el ejercicio 2017, sino que se hizo una foto promocional con él.
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DE REMATE. Y para que vean cuán incluyente tiene que ser un político en estos tiempos, en la foto aparece otro vinculado al mismo caso, éste ex director de Desarrollo Social también de Ciudad del Maíz. Mejor pista de por dónde andan sus propuestas ya tendrán sus electores.