El Colegio de San Luis emitió una opinión sobre el Estudio Previo Justificativo para la creación del Área de Protección de Flora y Fauna Sierra de San Miguelito.
La participación del Colsan atiende al artículo 58, fracción IV de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el que establece que previo a la expedición de declaratorias de Áreas Naturales Protegidas, se deberá solicitar la opinión de centros de investigación interesados en el establecimiento, administración y vigilancia de esas áreas. Desde luego, le interesa.
El trabajo estuvo a cargo de los investigadores Briseida López Álvarez, del Programa de Agua y Sociedad; Mauricio Genet Guzmán Chávez, del Programa de Estudios Antropológicos, y José Armando Hernández Souverbielle, del Programa de Historia. El documento está disponible en la página del Colsan.
Los investigadores de entrada están de acuerdo con la superficie anunciada en el estudio previo, que en este espacio comentamos hace cuatro semanas (“Vivir del piñón”). Semarnat se propone declarar como área natural protegida una superficie total de 109, 683 hectáreas, propiedad de más de treinta organizaciones ejidales además de la Comunidad de San Juan de Guadalupe.
La opinión a favor de los académicos parte “desde el punto de vista ecológico porque abarca la diversidad e integridad de los paisajes y la composición de las comunidades bióticas y abióticas. Pero, sobre todo, porque amplía la superficie originalmente conservada mediante decreto estatal (Reserva Estatal Sierra de San Miguelito del 2018 con 12, 613 hectáreas), la cual resultaba insuficiente y plagada de inconsistencias en lo que atañe a los objetivos, las necesidades y las estrategias”.
Es en la parte sociocultural en la que expresan su desacuerdo con el estudio oficial. “Notamos, no obstante, un tratamiento pobre a la dimensión sociocultural que permita afianzar los criterios y las estrategias para explorar y encaminar efectivamente la participación de la población local”.
Dicho en negro sobre blanco, señores de Semarnat, les faltó la dimensión social que incorpore en el proyecto a ejidatarios y comuneros cuyas tierras van a afectar, hasta por encima del 80 por ciento de las superficies comunes en varios casos.
El documento sugiere anexar una perspectiva que incluya “la vida cotidiana, cultura, percepciones, prácticas sociales, manifestaciones religiosas, ideología de los pobladores locales, para reconocer su potencial en términos reales de participación y colaboración en tareas de conservación y restauración de paisajes degradados”.
El estudio previo de Semarnat no quiso ni asomarse a saber de las vidas de los ejidatarios y comuneros a quienes afectará la declaratoria. Como ellos mismos se han quejado, ni opinión les pidieron. Desde un escritorio, la burocracia ambiental de este país decidió prácticamente desposeerlos de facultades sobre sus tierras y fijarles como destino la recolección de piñones, el rescate de murciélagos trompudos y la guía senderista, sin preguntarles si esa es la aspiración para sus vidas y las de sus hijos.
Observan los autores que “la información demográfica y los índices de pobreza no son instrumentos suficientes para alcanzar este conocimiento”. De una forma elegante, señalan que para conocer a los ejidatarios y comuneros a quienes se afectará, y además planificarles la vida futura, las cifras del Inegi y del Coneval son insuficientes. O sea, que los burócratas expertos del estudio previo harían mejor su trabajo si desatornillaran sus traseros de sus sillas de diseño orgánico (“culiatornillados”, Renato Leduc dixit) y se acercaran a los afectados para conocerlos en persona, por lo menos.
Hay otra advertencia en la opinión institucional del Colsan: “como muchos estudiosos en el tema reconocemos, la declaratoria en sí misma no es el factor suficiente o definitivo para garantizar la conservación. La conservación del medio ambiente, a pesar de representar un valor positivo en términos discursivos, puede resultar como tal ajena, extraña y enemiga a los intereses de grupos particulares. Algunos grupos (ejidatarios, comuneros) acosados por la pobreza y la falta de opciones productivas prefieren vender sus propiedades, explotar al máximo los recursos existentes o simplemente migrar”.
La experiencia casi general en este país es que las declaratorias de áreas naturales protegidas se quedan prácticamente en el papel. El Estado supone que hecha la declaratoria, ya está todo hecho: los árboles se van a cuidar y a reproducir solitos, la existencia de la fauna del lugar está garantizada y la gente que habita la zona vivirá feliz, feliz, feliz de solo saber que su propiedad afectada es un pulmón para el mundo.
El presupuesto federal destinado para las áreas naturales protegidas en San Luis Potosí ha sido miserable, nulo en varios ejercicios. Unos cuantos pesos al año que no dan ni para herramientas por si es necesarios cavar zanjas cortafuegos en los incendios forestales. Si a los propietarios de esas tierras les van a salir con el mismo cuento, es obvio que no se dejen, aunque suene muy bonito y positivo para la humanidad.
A más largo plazo, el documento prevé que “otros grupos, obsesionados por el lucro y la ganancia montan estrategias y usan su poder para flexibilizar las leyes, modificar los planes de ordenamiento urbano para imponer proyectos viales y ampliar la zona de urbanización”.
Si hoy el gobierno federal hiciera la declaratoria extensa de 109 mil hectáreas, al cabo de unos años los interesados en el suelo encontrarán las maneras de ir desbastando los términos de esa declaratoria, más si solo se queda en el papel y no se acompaña del acuerdo de los ejidatarios y comuneros afectados.
Concluyen que el Estudio Previo Justificativo de la declaratoria de área natural protegida de Sierra San Miguelito, “como la mayor parte de estudios, declaratorias y planes de manejo, obvia, pasa por alto o desestima la conflictividad social, las contradicciones e intereses entre los actores sociales y de esta forma convierten la política conservacionista en un marco legal simulado. Simulado porque las dinámicas de desposesión, de compra y venta pueden proseguir al amparo de un desarrollo tildado de sustentable”.
En la opinión de los investigadores del Colsan, el estudio ignoró además dos grandes dimensiones de valor en Sierra San Miguelito para las que no marca estrategia ni atención alguna: la minera y la histórica. Tampoco se ocupa de lo que ocurrirá con haciendas y fincas históricas aún en pie.
En el caso de las canteras, ve en riesgo el oficio de canteros, reconocido por siglos. Explican que la piedra de edificios patrimoniales o históricos de la ciudad se extrajo de canteras de San Juan de Guadalupe. La cantera en la Sierra fue la fuente histórica de piedra para construir y esculpir fachadas.
“El actual polígono de crecimiento de la ciudad esté rebasando las áreas comprendidas del Aguaje (incluida la Cañada del Lobo) y Escalerillas, pone en peligro la conservación de estos yacimientos históricos y termina por dar muerte a un oficio que caracterizó a los habitantes de esta porción del valle de San Luis”.
Si San Luis es ciudad patrimonial, coligen, “resulta imprescindible que ampliemos las miras y consideremos que no se puede entender la importancia de ese centro histórico sin tomar en cuenta el valor que tuvo el material con que se contó y las manos que lo trabajaron para idear, construir y materializarlo”.
De la actividad minera, mencionan 44 concesiones mineras en Mexquitic sobre la superficie que la declaratoria pretende afectar en ese municipio. No se sabe qué harán porque ni se asomaron.
LA TIRA DE LAS NETAS
“ALGUIEN TIENE QUE SER MORENO…”
“Si un español se casa con una holandesa, nadie dirá que sus hijos son mestizos. Es una palabra que lleva implícita la jerarquía entre las razas”.
Leila Slimani, escritora franco-marroquí, sobre las otredades migrantes y la otredad del dirigente. EPS (28/II).
NO, QUÉ VA, SI NI SE LES NOTA…
“No es que tengamos miedo, sino porque hay mucha provocación, gente que se infiltra”.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, justificando la valla metálica que rodea Palacio Nacional, en previsión de protestas feministas por el 8M. (6/III).
SON COMO LOS NABOS, LO MEJOR YA ESTÁ ENTERRADO
“¿Por qué ha decaído la aristocracia? Porque no ha tenido que esforzarse. La falta de esfuerzo crea la decadencia”.
Jacobo Fitz-James Stuart Martínez de Irujo, conde de Siruela, hijo de la última duquesa de Alba, ensayista y editor. Un verso suelto de su familia. EPS (26/II).