De los señalamientos originales, y que dieron pie a su detención en 2015, su cara defensa se ha encargado de anularlas para efectos prácticos. El hombre salió de la cárcel, con una increíble justificación del juzgador, y no se ha vuelto a ver una sombra amenazante de similar gravedad a la de hace cinco años.
Si se hace memoria, se le acusó de uso de recursos de procedencia ilícita, con mucha intencionalidad de hacerlo ubicar en lavado de dinero. Argumentó que 200 millones de pesos inyectados a sus recién armados negocios y a una clínica eran recursos del Ayuntamiento de Soledad, no de actividades criminales, y el juez lo dejó libre porque, a su ver, se le acusaba de lavador, no de defraudar a las arcas municipales.
De la prisión salió políticamente fortalecido, más con su padre sentado en la silla de la alcaldía capitalina. La PGR se desentendió, pero no Hacienda ni la Comisión Bancaria y de Valores, en un largo litigio por el descongelamiento de sus cuentas bancarias. La conquista de una diputación federal lo llevó a otras canchas, primero como vocero del PRD y, cuando esa casaca se volvió un incordio por la ruina electoral en la que el 2018 dejó a ese partido a nivel nacional, se hizo con la franquicia del Verde Ecologista y cambió de bancada. Se puso a las órdenes de la bancada oficial, con el morenista Mario Delgado a la cabeza, y la percepción de su poder se apuntaló.
No ha parado de hacer campaña, ni de alimentar a sus bases duras. Soledad es su feudo incontestable. Pero volvió a ponerse en el foco, ahora abiertamente de iniciativa de medios externos. Ha sido como un aviso. El tema son nueve millones de pesos de cargos fiscales, un asunto que se ve mucho menor a lo que ya ha conseguido librar. Quizá lo más peligroso, e incierto, es la procedencia de los señalamientos.
En septiembre de 2015, el agente del MP adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita de la entonces PGR, pidió a la Dirección de Delitos Fiscales de la Secretaría de Hacienda que designara personal para acercarse al contenido de la averiguación previa en contra del ex alcalde de Soledad, Ricardo Gallardo Cardona, por la posible comisión del delito de defraudación fiscal equiparada.
La Dirección de Delitos Fiscales designó peritos contables para atender el caso. Su titular presenta querella en contra de Gallardo Cardona el 15 de enero de 2016, por la posible comisión del delito de defraudación fiscal equiparada, pues como contribuyente el ex alcalde soledense había omitido “por más de doce meses la declaración anual del ejercicio fiscal 2012, dejando de pagar el Impuesto sobre la Renta en cantidad de $9´197,501.51” (nueve millones, ciento noventa y siete mil quinientos un pesos con cincuenta
y un centavos).
La investigación continuó y en noviembre de 2017, el agente del MP federal envía a la Dirección General de Delitos Fiscales de la SHCP constancias de la declaración fiscal de Gallardo correspondiente a 2012, pero presentada el 17 de noviembre de 2015, cuando ya tenía encima a los sabuesos contables de Hacienda, así como una declaración complementaria fechada el 18 de mayo de 2016. Delitos Fiscales presenta entonces una ampliación de querella por reportar ingresos menores a los obtenidos en 2012 por siete millones de pesos.
La investigación continúa con el hombre en campaña para diputado federal durante 2018 y el 17 de octubre de 2019, en la Ciudad de México, la agente del MP federal a cargo emite el no ejercicio de acción penal. Hacienda impugna, pero el Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México declara infundado el recurso.
El asunto llega empezando este año en San Luis Potosí y el juez adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, en marzo pasado, declara procedente la consulta de la carpeta de no ejercicio. La Subprocuraduría Fiscal se va entonces al amparo. El Tribunal Unitario se declara incompetente, pero el juzgado Cuarto revierte. Desde luego, ya son tiempos políticos y el ex alcalde y su nuevo partido, el Verde Ecologista, lo saben. Un intento de videodefensa, rodeado Gallardo de plana mayor tucanera en la CDMX, tuvo una factura burda y muy deficiente que lejos de ayudar, dio pie a una mayor exposición y juicios de desdén en su contra.
En la audiencia de impugnación. La asesoría jurídica arguyó que erróneamente el Ministerio Público de la Federación consideró para prescripción, el 02 de mayo de 2013 se consumó el delito de defraudación fiscal, y que aplicando la medida aritmética como lo disponía el artículo 100 referido de 6 años para prescripción, el delito prescribió entonces el 02 de mayo de 2019.
La cuestión se expone errónea porque la representación social no tomó en cuenta el término de 5 años con que contaba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para presentar la querella correspondiente, misma que presentó el 15 de enero de 2016, dentro del término de los cinco años. Entonces, el delito prescribe el 15 de enero de 2022. Toda vez que la querella fue presentada en tiempo y forma dentro de la temporalidad de cinco años.
La entonces averiguación previa 292/2014, mediante oficio 75/2016, ante la Unidad Especializada en Investigaciones de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación de Moneda de la Fiscalía General de la República.
Se presentó una ampliación de querella el 13 de noviembre de 2017 y hasta ese momento no se había rebasado el término de cinco años (previsto en el primer párrafo del artículo 100 del Código Fiscal de la Federación).
El segundo párrafo del numeral cien del Código Fiscal de la Federación asegura que “la acción penal en los delitos fiscales prescribirá igual al plazo de término medio aritmético de la pena privativa de libertad que se señala en este Código para el delito de que se trate, pero en ningún caso será menor a cinco años”.
El amparo 386/2020 combate Resolución de 11 de marzo de 2020, emitida en la audiencia de impugnación a las determinaciones del Ministerio Público, relacionado con el expediente 3/2020, en donde determinó procedente la consulta de no ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación FED/SEIDO/UEIORPIFAM-SLP/0000157/2018.
Expone el caso Luis Felipe Gómez Aranda, como titular de la parte ofendida, nada menos que el director de Investigaciones de la Subprocuraduría iscal de Investigaciones, de la Procuraduría Fiscal de la Federación, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
José Ricardo Gallardo Cardona, como indiciado en la carpeta de investigación. La agente del MP federal en la CDMX, Miriam Andón García, como terceros, y al juez Baltasar Castañón Gutiérrez, juez de distrito especializado en Sistema Penal acusatorio,
Visto su historial de otros procesos, y de él en ellos, que consiga librarse se ve posible. En lo político, sí, esa andanada, tiene enfoque. Pero sus adversarios no deben andar tan entusiastas, porque ha tenido peores acusaciones y ya les sacó la vuelta.
ROLLOS SUELTO
OFICINA DEVASTADA. Una de las dependencias federales que sufrió recortes brutales a machetazos cuando inició la actual administración federal fue la Comisión Nacional Forestal. Y aunque los ex empleados lo señalaban, las versiones oficiales insistían en que se trataba de ajustes por la “natural” jubilación de trabajadores. Ahora, sus propias cifras oficiales los desmienten.
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ÚLTIMOS AÑOS. En 2016, Conafor reporta cuatro bajas en su nómina en todo el año, una de ellas por jubilación y tres por renuncia. El gasto fue de 17 mil 449pesos con 49 centavos en finiquitos. Al año siguiente, 2017, se fueron tres, uno por fin de convenio y sólo dos con liquidaciones por renuncia que sumaron 13 mil pesos.
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LOS RETIROS “VOLUNTARIOS”. Durante los primeros once meses de 2018, Conafor reporta dos bajas en su nómina, por renuncia, que no requirieron ni 9 mil pesos de pagos en finiquitos. Llegado diciembre, tan solo en ese mes, nueve trabajadores salieron de Conafor, uno por baja y otro más se fue por terminación de contrato. Eso le costó a Conafor un millón 241 mil pesos en liquidaciones, mucho más altas porque eso del fin de convenio fue pura fantasía.
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PROYECTAN MÁS ARRIBA. Si eso ocurrió con una oficina federal chiquita, ya se puede imaginar cómo han sido las cosas en los espacios más grandes. Pero no solo eso, los modos. Varios ex trabajadores en su momento hicieron la observación, cosa que la siempre mediática 4T negó.
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CODAZOS AZULES. Muy peinaditos y sonrientes como se vieron “Los 7 magníficos” en la reunión con el dirigente nacional del PAN Marko Cortés, una vez afuera se dan con lo que pueden. Octavio se queja de que ya le andan promoviendo la versión de que deja su aspiración en favor de un compañero. Improbable, pero no imposible.
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EL NUEVO CHICO. Y luego Alejandro “Boris” Lozano, la más reciente carta de la cuadra en el proceso. Sucede que anda feliz porque un par de encuestas, pagadas por otro aspirante lo dan en muy buen lugar, cosa que los adversarios detectaron y hay que resolver.
LA TIRA DE LAS NETAS
DISTRACTORES FATALES
Deberíamos evitar que las élites nos impongan conflictos ilusorios. Es la única forma de empujarlos a solucionar los reales”.
Javier Cercas, escritor, sobre la manipulación política de los odios. EPS (VIII).
VERDADES CATEDRALICIAS
La 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe. Por el contrario, este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones. Esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del gabinete”.
Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente, en un audio grabado durante una reunión con miembros del gabinete, se escucha al titular de la Semarnat quejarse de que Alfonso Romo lo ha presionado para acompañar los intereses de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), que encabeza Víctor Manuel Villalobos. agosto 5, 2020.