De obras inexistentes pagadas, manoteo en recursos de parquímetros y pagos millonarios a empleados que ya no estaban en nómina, son algunos hallazgos a la pasada administración capitalina que el presidente municipal denuncia. Pero no hay quien, en el sector público, secunde, o por lo menos lo comente en apoyo.
Son unos ingenuos de manual, inimputables de sanatorio o los únicos servidores públicos en San Luis a los que sí les interesa que la corrupción tenga un castigo.
A poco más de seis meses de gestión, el alcalde Xavier Nava Palacios y su equipo compacto han presentado de su antecesor una cantidad de denuncias de saqueo al erario municipal y manejos abusivos del recurso público, como para suponer que las autoridades encargadas de vigilar y sancionar los excesos de los funcionarios ya tienen una carpeta completa para ponerla en manos de un juez.
O caso contrario, si ninguna de esas acusaciones tuviera sustento, ya alguna autoridad, o los propios señalados, se hubieran pronunciado para dejar legalmente a los acusadores como unos fantasiosos, difamadores y mentirosos tóxicos. Las respuestas defensivas no han pasado de los coros de adeptos con declaraciones insultantes, que no aclaratorias, pero ninguna acción legal, arbitrada o conciliada que demuestre su plena inocencia.
Protestan en la calle, o en sesiones del Legislativo local. Vociferan, insultan porque se ofendió a uno de sus líderes, pero esas conductas lo único que hacen es subrayar que les enoja, les preocupa y los sacan de sus casillas.
Hay denuncias formales ante la Fiscalía, pero a ésta no se le ve el más mínimo esfuerzo concreto por dejar en claro si la proveedora de medicamentos Sandra Sánchez Ruiz es una creación literaria y contable del ex alcalde. Se le allegaron al fiscal documentos y ni así, cajas enteras. Salieron con un pretexto legaloide para zafarse del problema de cumplir su trabajo: al tratarse de materia federal, que lo persiguiera y juzgara la justicia de la Federación.
La Auditoría Superior del Estado promete acción, que ya verá si es revisable lo que ya autorizó el anterior auditor, pero con una cautela extrema.
En el Congreso del Estado, ni un solo pronunciamiento de la Comisión de Vigilancia, ni de ninguna otra. El Sistema Anticorrupción es hora que no da color, con pleitos internos interminables.
De los diputados locales, todos en su pleno interés. Tienen facultades y obligaciones como vigilantes de otros poderes, pero ni los de los partidos que registraron a Nava como candidato tienen opiniones al respecto. El PAN ha dejado solo al alcalde que postuló con la tarea de trasculcar los cajones de la pasada administración en busca de algún trazo, pues tampoco le dejaron documentación. Jamás se ha oído decir a doña Sonia Mendoza, diputada de Acción Nacional, que los señalamientos de cuentas oscuras en Parquímetros, u obras inexistentes pagadas merecen atención seria.
De los diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, nada positivo, honesto y concreto aportarán a la Legislatura. Su jefe nacional meroliquea todas las mañanas con su modelo de lucha anticorrupción, pero ellos no están para poner atención; están ocupados en pelearse entre ellos, buscando imponer a la otra sección o corriente.
Del PRI es todavía más improbable que apoyen o siquiera volteen a ver las imputaciones que Nava hace del ex presidente municipal. Se confirma que estas luchas que no están en su ADN.
Extrañamente, el ex tesorero de Ricardo Gallardo Juárez, Emmanuel Ramos, tampoco se da por enterado cada que sale alguna otra negra novedad en la alcaldía navista que por necesidad lo involucra; el hoy diputado local por el PRD va de puntitas, mantiene la boca cerrada y no llama la atención.
El alcalde ya va a Auditoría Superior de la Federación, ya va a Gobernación, ya va a Hacienda. Su síndico panista, él sí, estuvo intenso con las promociones ante Fiscalía pero luego su desempeño perdió fuelle. Y el contralor, José Mejía Lora, va lento, dando pábulo a cierta fama entre el gremio de contadores como un profesionista no muy entusiasta del contrarreloj.
Y si no es el alcalde Nava el denunciante, lo son “los primos Portilla”: su tesorero, Rodrigo Portilla Díaz, o su oficial mayor, Oscar Valle Portilla. Se alternan con las denuncias, si acaso lo que cambia es el estilo. Echado para adelante, el tesorero le ha atribuido al ex alcalde epítetos sacados del Código Penal. Le responden las fuerzas amarillas con oleadas de insultos en redes, pero no con explicaciones técnicas.
Valle Portilla, el oficial mayor, sí es más cercano a Nava, con más modos de abogado financiero, pega más técnico y con más sentido del espectáculo didáctico. Ha sido el encargado de exponer lo que denunció ante Fiscalía como un acto de simulación concertada de pagos a un empleado inexistente entre el área de Recursos Humanos, Pagaduría y la Tesorería, la llamada “la nómina maestra”.
El oficial mayor aseguró que en el periodo comprendido del 1 de abril de 2013 al 30 de septiembre de 2015, el empleado con número de nómina 13503, ostentó sueldo como “Director C”, con una cantidad inicial de 40 mil 815 pesos y final de 44 mil 358. El 6 de octubre, tras la llegada de Gallardo a la alcaldía capitalina, se le dio de baja, pero se siguió usando su nombre y clave para pagarle un sueldo en efectivo. Durante dos años y medio, se emitieron pagos quincenales de sueldo a favor de dicho empleado con un acumulado por la cantidad de 53 millones 910 mil 948 pesos con 60 centavos.
De vez en cuando le toca al secretario general, Sebastián Pérez, participar de la demolición del gallardismo.
Escándalo tras escándalo, asombro en asombro, y el fiscal anticorrupción no demuestra hacer algo más que no sea calentar el asiento. Los del Sistema Estatal Anticorrupción no han podido ni terminar su pleitazo interno. La Auditoría Superior del Estado sigue atada por sus tiempos burocráticos y sus muchos límites legales. Pero sobre todo nadie, de ningún partido o nivel de institución, parece darse cuenta.
Donde se pruebe en tribunales, o en auditorías, que el alcalde y sus amigos y colaboradores han tenido razón, serán probadamente los únicos funcionarios que sí hacen algo concreto contra la corrupción.
ROLLOS SUELTOS
LOST. En la reunión de representantes de todos los niveles con motivo del incendio en la Sierra de Bagres, en Rioverde, el superdelegado del gobierno federal, un muy nervioso Gabino Morales, no se vio nada "súper". Fue en calidad de “madrina” de los representantes de Sedena, Conafor y de un Martín Toranzo Fernández de quien no sabíamos desde que el gobierno morenista le extendió renuncia obligatoria como gerente estatal de la Comisión Nacional Forestal, a fines de diciembre pasado. El joven “virrey” se aventó unos “choros” inconexos y sin sustancia mientras agarraba una gorra, la ponía en la mesa, la quitaba y buscaba las ideas con los ojos quién sabe en qué punto focal.
RECLAMOS. La reunión no estuvo suavecita, con la gente afectada por la impotencia de no verle fin al fuego en los bosques. Una mujer increpó al gobernador enojada por la tardanza en la respuesta oficial. Carreras echó mano de oficio, agradeció la presencia de la ciudadana que reclamaba y la participación de todos los voluntarios de las comunidades y como es de los que no pica pleito ni con un anzuelo extra grande, apaciguó los ánimos.
EN SU CANCHA. Martín Toranzo Fernández dio una amplia explicación técnica a la lugareña que, desesperada como otros tantos, exigía el regreso del helicóptero para baldear agua: el calor en la zona de fuego (600 grados) y los vientos hacían muy poco útil y sí muy riesgoso echar agua en sobrevuelo. Horas más tarde, la Sedena le dio la razón, evacuando con las camionetas a toda velocidad a los campesinos voluntarios.
SECUELA DESASTROSA. Es la que vendrá tras el incendio forestal, pues entre los daños, se llevó 30 kilómetros de la red de agua que abastece a las comunidades, en cálculos al vuelo de la alcaldía rioverdense. Eso significa poblaciones serranas sin servicio de agua en un estiaje que se pronostica prolongado y con altas temperaturas.
PARA UN BARRIDO Y UN TRAPEADO. Hay cosas que sirven para una gama muy alta de necesidades, como la pomada de La Campana, pero un perfil de redes de un gobernador no está para andar apoyando diputadas en concursos regionales de popularidad, mientras el estado no va bien en seguridad, los feminicidios son tema sin estrategia oficial que dé respuestas suficientes y se registran incendios forestales de saldo desastroso para comunidades rurales.
USOS CHABACANOS. Parece que la ocurrencia del grupo alterno de comunicación digital del Gobierno creó nueva cuenta, con el nombre del mandatario, para que hiciera de porrista digital y “apoyara” a la diputada Rosario Sánchez en la seguramente muy prestigiada Entrega de los Premios Garzas, en Axtla, donde competía con una alcaldesa de la región. ¿A qué tienen que meter al titular del Ejecutivo en eso? Lo que sigue es que alquilen sus cuentas para justas preescolares de belleza, retos de complacencias en la radio o concursitos placeros de talentos con banda.
¿NAPITO SE ASOMA? Que el dirigente sindical consentido de este sexenio, Napoleón Gómez Urrutia, podría tener planes para San Luis, cuerpeado en la reforma la Ley Laboral que subraya la libre elección de líderes y la pública exposición de contratos colectivos, así como el fin de los sindicatos de protección. Por lo menos esa es una posibilidad que trae medio pensativos a los jefes cetemistas locales. Es más, que hasta alguna carta a cultivar para próxima elección de alcaldes trae ya en vistas.
POTOSINA EN EL INE. Propuesta por su fracción, la diputada federal perredista Guadalupe Almaguer Pardo es la primera persona potosina en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como consejera del Poder Legislativo Federal.