El artículo 18 de la nueva Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado establece que la obligación de formular, aprobar, ejecutar u vigilar el cumplimiento de los programas municipales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano es de los municipios.
Los programas municipales deberán guardar congruencia y vinculación con el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que se supone está en elaboración, aunque de ese nada se sabe, lo que no es raro porque la ley considera la formación de nuevas instituciones y organismos, como la Procuraduría Urbana y un consejo estatal, que ni traza hay de cómo serán.
El Instituto Municipal de Planeación organizó 5 talleres de participación para escuchar propuestas, argumentaciones y proyectos. Inmobiliarios de nivel macro se presentaron abiertamente y expusieron. El Implan contrató a despachos técnicos para hacer los estudios de diagnóstico ambiental, social, económico, urbano y de riesgos.
En el avance del proceso, se dio el anuncio de un proyecto de más de 2 mil hectáreas con comuneros de San Juan de Guadalupe como socios y empresarios, Las Cañadas. Y también ganó notoriedad en la discusión la urgencia de una vialidad alternativa a la carretera 57 para desatascar los traslados de la ciudad a la Zona Industrial.
Los propios desarrolladores proponen que la vial alterna se construya por las tierras de sus socios, ejidatarios y comuneros. Desde luego que sus proyectos ganan con una vía rápida en esos predios, pero también es cierto que no hay otro espacio donde generar lo que a la ciudad le urge ya, salvo que quiera ver canceladas inversiones industriales por saturación urbana. Ganan los grandes proyectos de tiburones inmobiliarios, pero que también lo son de sus socios comuneros y ejidatarios.
Mirado sin el escotoma de reconcomios políticos y empresariales de larga data, se trata de una propuesta de ganar para todos: la ciudad, si se hace una buena vialidad; los proyectos inmobiliarios, si la obra abre horizontes de permisos y licencias, y las autoridades, criticadas porque les ha faltado empuje para dar una respuesta concreta y puntual a la urgencia vial.
¿LOS DUEÑOS NO CUENTAN?
El punto de mayor ruido para soportar las argumentaciones públicas en contra de los planes de grandes inmobiliarios es ecológico: que donde pretenden construir para varias generaciones es el área natural protegida de Sierra de San Miguelito y es también área de recarga del acuífero. Al ánimo social que se opone se le suma un año de grandes daños por incendios en la Sierra de San Miguelito
El Gobierno del Estado declaró un área natural protegida en Sierra de San Miguelito hace más de una década, pero nunca generó la reglamentación para precisarla ni operarla. Ejidatarios se ampararon y tumbaron ese declaratoria que inhabilitaba sus tierras para cualquier otra actividad que no fuera contemplarlas, con el adicional de ser los primeros responsables a la hora de combatir incendios forestales. La justicia federal les dio la razón porque el Ejecutivo nunca concretó la normatividad necesaria. Quedaron libres para dedicar sus predios a lo que quisieran.
El discurso de intocabilidad de esas tierras presume haber encontrado apoyos políticos en los mandos centrales de este país, con la gobernante Morena. El alegato, obvio, va por el lado de un miserable interés comercial de los proyectos empresariales que pretenden dejarnos sin bosques y sin agua. Semarnat redefinirá entonces el área natural, se supone que hasta el periférico. Y los propietarios legítimos, ejidatarios y comuneros, se dedicarán a la inspiradora pero poco redituable tarea de cuidar hasta la última lagartija de la zona, por el bien de la ciudad.
Curioso, pero para este activismo ambientalista más bien de factura política lo que opinen los comuneros y ejidatarios, dueños de los terrenos y socios de los desarrolladores, no pinta para nada, como si se tratara de menores de edad engañados, inimputables de cotolengo o capitis deminutio.
“ESPEREN SENTADITOS…”
Con motivo de los incendios en el corazón de la sierra, donde sí hay áreas arboladas, aumentó la presión pública por que se haga algo para cuidar efectivamente San Miguelito, el Gobierno del Estado anunció que por fin mandaría hacer un estudio a la UNAM para precisar el área Natural Protegida, reglamentarla y fijar su operación. Los rectores de la UNAM y de la UASLP firmaron con el gobernador una carta intención, a finales de agosto pasado.
El punto segundo de la carta de intención, facilitada por la UNAM, señala que el objetivo es colaborar y coordinarse “para el desarrollo conjunto de estudios y proyectos de investigación que favorezcan y promuevan la protección y conservación de la biodiversidad; para la organización conjunta de ciclos de conferencias, coloquios, seminarios, simposios, cursos y actividades académicas similares que beneficien el desarrollo sustentable” en la entidad.
Se comprometen también a orientar su esfuerzo “a fin de que se establezca y declare como área natural protegida, la región conocida como ‘Sierra de San Miguelito’, ubicada en los municipios de Villa de Arriaga, Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí y Villa de Reyes”. O sea, un trabajo que supone una agenda intensa.
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se solicitó a la UNAM, en octubre pasado, una copia del acuerdo entre la UNAM, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y el Gobierno del Estado de San Luis Potosí para la elaboración del estudio técnico de factibilidad para definir los polígonos del Área Natural Protegida de Sierra de San Miguelito.
El titular de la Unidad de Transparencia de la UNAM, José Meljem Moctezuma, respondió a la solicitud el 29 de octubre, dos meses después de la muy publicitada firma de carta de intención: “el único documento que se ha firmado al respecto fue la Carta de Intención, por lo que no se cuenta con el acuerdo requerido”.
O sea, la esperada definición y declaratoria del área natural protegida en Sierra de San Miguelito lleva un paso burocrático, técnico y hasta financiero (esas cosas cuestan) que nada tienen que ver con las urgencias viales y urbanas de la ciudad.
En la versión abreviada del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de San Luis al 2050, que el Cabildo acordó hacer público para consulta este lunes, se hace una referencia al artículo 18 de la Ley estatal de ordenamiento (LOTDUSLP), que señala la atribución municipal de crear el programa, “guardando congruencia y vinculación con el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (actualmente en proceso de elaboración)”, un programa estatal que no existe todavía y el municipal no puede rebasar ni anticipar.
Explica el documento que “se encuentra en proceso de análisis para su posterior decreto la modificación de los límites del ANP Sierra de San Miguelito a cargo de Semarnat, por lo que una vez decretada la nueva poligonal se deberá actualizar este instrumento, modificando las políticas que hayan sido asignadas previamente”. Reconoce también que la única ANP decretada es el Parque Urbano Paseo de La Presa.
Pero en lo que son cardos o son alcachofas con el ANP indefinida de San Miguelito, en esa versión, “el uso del suelo del polígono ANP Sierra San Miguelito es NO URBANIZABLE”. Y eso es lo que se alcanzaa ver en la foto: una ANP que se extiende sobre la zona del ambicioso proyecto Las Cañadas, Gran Peñón y propiedades de varias familias en el negocio inmobiliario.
A fin de resolver la urgencia de una vía alterna a carretera 57, sí abre posibilidad al proyecto de Prolongación Juárez a Eje 140, pero sólo la vialidad más un parque urbano lineal a los lados. Nada más. Falta ver si los empresarios que habían manifestado su disposición del paso de la vía alterna por sus terrenos lo ven igual de factible.
Pero no solo esos proyectos resultan afectados. El de Grupo México en los ex terrenos de la Minera lo deja pasar, pero condicionado a un estudio independiente que garantice es una zona sin riesgos para la salud de los habitantes, por la presencia residual de metales pesados en la tierra.
Para los empresarios, lo que se ha filtrado del nuevo Programa pasa sobre licencias y autorizaciones ya adquiridas desde hace tiempo. Para la Alcaldía, su programa tenía que apegarse a lo que hasta ahora hay, un área natural protegida declarada al tanteo, y lo que no hay, el Programa Estatal de Ordenamiento en proceso, los estudios UNAM-UASLP que todavía no comienzan y la redefinición del ANP que declarará Semarnat.
Pinta para litigio de una caída tras otra, con la ciudad en medio. ¿Y el Gobierno del Estado al que le tocaba marcar la pauta primero?
LA TIRA DE LAS NETAS
José Mujica, ex presidente de Uruguay, figura relevante de la izquierda latinoamericana, y su opinión sobre las manifestaciones feministas de corte vandálico, en una entrevista para el semanario uruguayo “Voces”. El Universal (20/XII).
Javier Corral Jurado, gobernador de Chihuahua, respecto de los gobernadores descalificados en público por el secretario de Seguridad Alfonso Durazo, porque no asisten a las reuniones de coordinación de seguridad (18/XII).