Con apenas 1.1% de los casos vinculados a proceso y 70% de las detenciones censuradas por ilegales, la Fiscalía potosina no tiene mucho de dónde suponer que lleva buenas cuentas. Aunque el fiscal considere que se le juzga injustamente.
Un fiscal general de guayabera pulcrísima, con el jefe de la Policía Investigadora detrás, salía de la Presidencia Municipal de Valles cuando lo abordaron unos quejosos.
El que llevaba la voz reclamaba un “expediente guardado”. Ninguna de las partes se tuvo paciencia y las voces se elevaron. “No se enoje”, decía el fiscal Garza Herrera, la cabeza como empotrada en el cuello como laminado de su prenda tropical. “Yo no me estoy enojando, nomás le digo que se están burlando de la gente”, le devolvió el hombre que encabezaba el abordaje banquetero.
El comandante policiaco, guayabera fina de tramas deshiladas al frente, quiso participar. El réclame lo frenó cortante: “Contigo no estoy hablando”. Guadalupe Castillo Celestino se replegó, prudente.
“El nuevo sistema lo que permite es que si el Ministerio Público no le hace caso -su abogado lo debe saber-, el nuevo sistema, puede integrar él la carpeta e ir directamente con el juez de control”, zanjó el fiscal.
El hombre replicó: “¿Ahora los ciudadanos tenemos que hacer la chamba de ustedes?”. Que así está la ley del nuevo sistema, justificó el fiscal. “Si vamos a entrar en el cinismo, entramos en el cinismo”, remató Garza Herrera.
Ya no había más que hablar. Con sorna, el hombre agradeció la atención y abrió el paso del fiscal a su camioneta, con Castillo Celestino detrás. Con un 1.1% de los casos vinculados a proceso en 2018, en el lugar 28° de la tabla nacional cuando el promedio nacional de 3.9, no hay forma de defender mucho el trabajo de la Fiscalía General de Justicia.
La organización México Evalúa presentó en la semana los resultados de su evaluación 2018 al sistema de justicia penal de todo el país, ahora con énfasis en las capacidades de las instituciones de procuración de justicia para realizar investigaciones criminales confiables y científicas.
Hace 11 años que se publicó la reforma constitucional en materia penal y tres desde que el sistema de justicia acusatorio opera en todo el territorio y para todos los delitos, por eso la evaluación fue muy amplia.
Los resultados de San Luis son mediocres en la mayoría de los temas sometidos a medición y donde llega a destacar es para mal, muy mal. Para la evaluación de este año, se enviaron solicitudes de información a las dependencias federales de justicia y seguridad en el periodo que comprende del 24 de enero al 11 de marzo de 2019.
Las solicitudes estatales fueron enviadas a las unidades de transparencia de las fiscalías o procuradurías, los poderes judiciales, las secretarías de seguridad pública, las defensorías públicas, las unidades o centros de atención a víctimas, las Unidades de Medidas Cautelares (UMECA), los servicios periciales y forenses, los sistemas penitenciarios locales y, en su caso, a las instancias de coordinación y/o consolidación del sistema de justicia penal.
A nivel nacional, los Hallazgos 2018 apuntan que el 88.5% de las investigaciones iniciadas durante 2018 se hicieron sin detenido. En 19 entidades federativas esta circunstancia se dio en más del 90% de los casos, entre ellas San Luis Potosí, con 5.5% de los casos.
El estudio explica que en el país en la mayoría de los casos las detenciones se hacen en supuesta flagrancia, porque la investigación no se les da a nuestras policías investigadoras. Pero encima de eso, México Evalúa hizo observaciones a San Luis Potosí por su mal resultado en liberaciones por detención ilegal, en lo que obtuvo un deshonroso primer lugar con 71.7% de los casos cuando el promedio nacional es de 20.2%.
Para la organización México Evalúa la explicación es simple en el caso de San Luis: si sólo inició el 5.5% de las causas penales con detenido y el 71.7% de esas detenciones fueron calificadas como ilegales, “refleja el mal desempeño de las policías para llevarlas a cabo y una deficiente determinación preliminar del ministerio público”.
El documento expone que las fallas en justicia no son sólo cuestión de dinero. La inversión destinada al fortalecimiento de las instituciones, no se ha traducido en un cambio de prácticas y, en algunos casos, ha propiciado incentivos negativos para el acceso a la justicia, una de cuatro conclusiones.
Se ha consolidado la autonomía en la procuración de justicia como el modelo a seguir en el país. No obstante, no hallaron evidencia “de que la autonomía por sí sola tenga efectos positivos en el acceso a la justicia”. Es necesario definir modelos de investigación efectivos y políticas de priorización.
Muchas de las respuestas sobre el estado de las indagatorias señalaron que se hallaban “en archivo temporal”, es decir, sin movimiento desde hace tiempo porque no hay indicios para esclarecer los hechos o no se cuenta con las pruebas suficientes.
Lo peligroso es que esas carpetas “temporales” ahí se quedan, congeladas, y se van acumulando con nuevas para acumular retraso. La congestión a nivel nacional arrojó 40%; en San Luis Potosí fue de 54.1%.
Baja California Sur tiene la tasa más alta de agencias del MP, con 11.1 por cada 100 mil habitantes, seguida de Colima, con una tasa de 9.9, y Zacatecas, con 7.5. En contraste, en Veracruz no existe ni siquiera una agencia del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, pues tiene una tasa de 0.3. San Luis Potosí tiene 4 por cada 100 mil habitantes.
Las unidades de atención a víctimas también están muy debilitadas no sólo en términos de capacidades, sino también en suficiencia para cubrir las necesidades de las víctimas que cada año hay en el país. Como muestran los datos, el personal para brindar atención a las víctimas resulta insuficiente, pues el promedio nacional alcanza tan solo 2.2 por cada 100 mil habitantes.
La gran apuesta por el sistema acusatorio tampoco va al paso que requiere el país. Hay un promedio de 0.9 jueces del nuevo sistema por cada 100 mil habitantes, en San Luis ese promedio es de 0.5.
Las cifras son preocupantes en profesionalización, en defensorías y en resultados. Y el Poder Judicial no se queda atrás en cuanto a carrera profesional y calidad en el desempeño de sus funciones. Demasiada sinceridad del fiscal con quien le reclamaba. Ha dicho en distintos foros que se llevará años enderezar la justicia. En ese inter, ciudadanos acabarán por tomarle la palabra a Garza Herrera y llevar su carpeta al juez de control para resolver sus asuntos.
Y de ahí a empezar a preguntarse como ciudadanos para que se paga una fiscalía, no habrá mucho trecho.
ROLLOS SUELTOS
GANAR A DISTANCIA. La militancia panista anda en plan de no regalar votos a los compañeros que pretenden consejerías y directivas, si no tienen siquiera la atención de presentarse a pedir el voto. Una aspirante a consejera estatal se registró por Tanquián, no se paró y no votaron por ella.
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SONIA, REVÉS.Y ayer fue nada menos que la diputada y ex senadora Sonia Mendoza la que pagó la ausencia con los correligionarios de Villa de Arista, municipio por el que se registró para conseguir los votos de consejera estatal: no votaron por ella y va a tener que hacer algo rápido que compense, si no quiere quedarse fuera.
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ELOGIOS CAROS. La secretaria de Salud de San Luis Potosí, Mónica Rangel Martínez, ha de traer una sonrisota de oreja a oreja, después de los positivos comentarios que la subsecretaria Ebba Laurell hizo en una mesa de diálogo con diputados cuando habló de las condiciones de clínicas y hospitales, desastrosas en muchos estados. Mencionó como una excepción notable a San Luis Potosí, que
recién visitó.
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SILENCIO LOCAL. Según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes federal, no tiene en su portal el dictamen del accidente de helicóptero que le costó la vida en San Luis Potosí al político y empresario guanajuatense Juan Ignacio Torres Landa y otras cuatro personas, en junio de 2013, “porque la investigación fue atraída por el Ministerio Público de San Luis Potosí”.
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SE LO GUARDARON. La primera sorpresa que genera ese dato es que nuestra Ministerial tenga peritos en accidentes aéreos y además facultad sobre ello. Y la segunda es que nunca, pero nunca, la autoridad local dio una explicación sobre las razones del desplome del helicóptero en el Club
La Loma.
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TEORÍAS MEDIÁTICAS. Del secretario general de Gobierno a un diputado que lamentaba una semana (otra) de escándalos del Congreso y partidos en medios. El operador del Ejecutivo le dijo muy sonriente que así es la estrategia del ventilador: cuando la porquería salpica para el lado propio, hay que mover el aparato para la pringa le toque a otros.
LA TIRA DE LAS NETAS
INFIERNOS DESDE LA BARRERA
Puedes asomarte al abismo sin arrojarte en él”.
Juan Villoro, sobre la épica de la devastación de la gente con vocación y morbo por el drama. Revista Interjet (VIII).
INEVITABLES, COMO LOS POLÍTICOS
Es imposible exterminar a las cucarachas. Tampoco debería ser nuestro objetivo. Todos los seres vivos cumplen una función… Lo que debemos hacer es controlarlas”.
Milagros Fernández de Lezeta. Directora General de la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental en España. ANECPLA. El País (9/VIII).
AUSTERIDAD CANTINFLEADA
No nos estamos refiriendo tan solo de que los sueldos de los diputados,.. digamos que de… que… estamos en contra de los privilegios que sufrían los funcionarios en los principales cargos”.
Edson Quintanar, diputado local potosino por Morena, explicando por qué si apoyan la austeridad lopezobradorista él y sus compañeros ganan 105 mil pesos. Qué importa, de Noticieros Imagen (8VIII).