Para poder conseguir que la Secretaría de Hacienda radicara el recurso para comprar equipos médicos con valor por encima de 2.2 millones de pesos antes de IVA, la Federación exige un Certificado de Necesidad (CDNEM) por cada elemento. La Dirección de Ingeniería Biomédica de la Secretaría de Salud es la entidad evaluadora.
El trámite por cada aparato es toda una filigrana, un ejercicio técnico complicado y prolijo que requiere profesionales de ingeniería biomédica, una formación que en San Luis no hay, tampoco en la mayor parte del país porque sólo la UNAM, un par de universidades más y el Tec de Monterrey tienen ese tipo de carrera. Pero además, hay que saber desenredar las marañas del laberinto burocrático federal.
Por cada aparato o equipo, hay que hacer un papeleo que incluye la descripción; la confirmación de que sí forma parte del cuadro básico; la ubicación exacta que tendrá en el hospital o clínica al que va asignado, con plano; las especificaciones de lo que hace o produce, cómo funciona y el tipo de infraestructura que requiere; las características de la unidad médica u hospital donde va a instalarse; los costos de operación del equipo; el personal que va a operarlo; el costo-beneficio de la inversión a unos 30 años y que el peticionario convenza técnicamente de que la compra es necesaria. Tan solo el expediente para solicitar el certificado de dos unidades radiológicas y fluoroscópicas para el Hospital Central tiene unas 30 páginas.
Para radicar en Hacienda la construcción del edificio que sustituye al viejo Hospital Central se hizo un trámite parecido. Una planeación endemoniada. Salud y Hacienda justifican que se trata de no desperdiciar el recurso federal para Salud ni aplicarlo a capricho. Y en cuanto a las construcciones, se pretende evitar que pasen cosas como los quirófanos del Hospital Central construidos en el gobierno de Fernando Toranzo, médico cirujano él, tan mal planeados y peor construidos que nunca pudieron utilizarse porque cosas tan básicas como las conexiones para los aparatos quedaban muy lejos de la mesa y la ubicación de las salas era inadecuada.
Para conseguir que la Federación anotara el dinero para equipar el Central, un recurso que ya quedó comprometido pero no ha sido liberado, había que hacer los correspondientes papeleos de unos 16 mil elementos, los que van desde sillas, escritorios y bancas, a equipos y aparatos médicos con valor mayor a 2.2 millones de pesos cada uno que requieren su correspondiente certificado de necesidad.
Además, finalizaba 2018, estaba el cierre del sexenio y de ejercicio presupuestal. El administrador de los Servicios Estatales de Salud solicitó a la Contraloría del Estado que le informara cómo se licitaba la contratación de un servicio como el que se requería para gestionar el recurso, casi mil millones de pesos, en el rubro literal de “Otras asesorías para la Operación de Programas”.
Los programas federales por lo regular otorgan recursos a estados y municipios para obras y equipos, pero no para los proyectos y planeación que se requiere para gestionarlos. Esos los tiene que pagar la entidad que lo tramita, bajo su cuenta y riesgo si no resultan ser los adecuados.
El 12 de diciembre de 2018, el entonces contralor del Estado, Gabriel Rosillo Iglesias, responde en un oficio que el procedimiento licitatorio “no se encuentra contemplado en los artículo 3° y 4° de la Ley de Adquisiciones en el Estado, por lo que el desahogo y adjudicación del contrato queda bajo la responsabilidad del Comité de Adquisiciones de los Servicios de Salud, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5° Quinque, fracción V de la Ley de Adquisiciones del Estado, debiendo atender los principios de precio, calidad financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes”.
La Ley de Adquisiciones del Estado, en su artículo 5°, ordena a cada institución instalar comités de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Los comités tienen entre sus atribuciones, como lo refirió el contralor, “desahogar e intervenir en los procesos de licitación pública y autorizar sus excepciones”.
El Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Salud asignó entonces contratos por 22 y medio millones de pesos a dos empresas con nombres exóticos, Kazpher Proyectos, Insumos y Mantenimiento Universal, y Servicios Empresariales Aplicados Glutivec.
Las dos contratadas tienen domicilios en Tultitlán, Estado de México, las dos ahora en una lista de 91 empresas señaladas como “fantasmas” por el gobierno del morenista Jaime Bonilla Valdez en Baja California. La Fiscalía General de Baja California imputa al ex gobernador Francisco “Kiko” Vega Lamadrid una “estafa maestra” y actos de corrupción. Habrá que ver al tiempo si la difusión mediática de este proceso contra el ex gobernador bajacaliforniano, de Acción Nacional, en efecto concluye con pruebas sólidas de las acusaciones, un debido proceso y la entonces ameritada sanción, o cae en las ya conocidas vendettas políticas de gobernadores entrantes contra sus antecesores.
Por lo que a San Luis respecta, las dos empresas foráneas cumplieron su trabajo: los certificados de necesidad del equipamiento médico para el Hospital Central se consiguieron, así como las actualizaciones, y el recurso está registrado en Hacienda, aunque no ha sido liberado y la pandemia afectó ya este último paso, que corresponde a la Federación cumplir. Si el domicilio fiscal era un parque, una paletería o un bar swinger, es otro tema.
Una polémica del mismo corte ha dado la contratación, por parte de Salud, de los servicios de limpieza y vigilancia de dos empresas propiedad de Gabriel Salazar, acusado de fraude por 80 millones de pesos en agravio de ciudadanos a quienes convenció de “invertir” en su financiera, denominada Invercop.
Salud contrató los servicios de limpieza y vigilancia de las empresas de este señor. Ya no le volvieron a incluir en las contratas de limpieza porque acumuló un montón de quejas en el Hospital del Niño y la Mujer y en el de Ciudad Valles: no le pagaba a su personal, éste no asistía a trabajar y áreas delicadas como salas de labor de parto se quedaban sin aseo con la frecuencia debida. Resultó un proveedor incumplido e irresponsable.
Los inversionistas defraudados, o más bien sus abogados para acelerar las acusaciones, argumentan que Gobierno debió saber que Salazar iba a resultar defraudador y no debieron darle contratos. Tal vez era cuestión de tener una bola de cristal con el futuro a vistas, pero hay que tener claro que se contrató a su empresa de limpieza y no a su financiera, Invercorp, que entonces era una captadora de recursos de entusiastas inversores y no una financiera desfondada y declarada en quiebra. Sería muy espectacular conocer a algún proveedor al que Gobierno haya rechazado y no se le contrata hoy porque ya tiene visto que en un par de años defraudará a alguien.
Si no fuera por el daño que ha hecho a quienes afectó, el personaje da para comedia. Su CV en Facebook es como leer una fórmula de crecepelo o de “Loción del Jorobado”: declara que es un especialista “en temas contables, administrativos y jurídicos”, pero el historial académico que acompaña a un lado no permite confirmar de dónde sacó esas competencias deseadas profesionales: un semestre de 2014 en Ingeniería Mecánico-Eléctrica de la UASLP, un semestre de 2015 en la licenciatura en Derecho de la Universidad San Pablo y un ingreso, al año siguiente, en Contabilidad de la Universidad Tangamanga.
Quizá lo único en lo que no mintió fue en la curiosa confesión de parte en la lista de sus “áreas de oportunidad”, como se les llama eufemísticamente en los sistemas ISO de calidad a las incompetencias, debilidades, fallas o vicios. “Disminuir el grado de riesgo en las inversiones”, puso al final. Si lo hubieran leído con más atención los defraudados de Invercop, se habrían preguntado por lo menos a qué jugaba con el dinero ajeno este señor. Aparte, la letra pequeña de los contratos “de inversión”: aportaban dinero como “socios”, no como ahorradores, y si la empresa quebraba, como “quebró”, perder era parte del riesgo.
Una frase pretendidamente matona: “En un mundo en el que cuando (SIC) las cosas se ponen duras los blandos caen es más importante estar dispuesto que estar preparado”. Y la firma, en dorado, es caligrafía megalómana: la letra “G” de “Gabo Salazar”, con una coronita trazada encima como la testa de un rey.
ROLLOS SUELTOS
REVÉS AL DIRIGENTE. Muy duro el “llamado respetuoso” que la Comisión Permanente del Comité Directivo Estatal del Pan le enderezó al secretario general del CEN, Héctor Larios Córdova, “con el fin de que se abstenga de intervenir en las decisiones de la militancia panista rumbo a la elección del 2021”.
QUE SAQUE LAS MANOS. En sesión ordinaria, realizada en foro virtual el viernes, los panistas integrantes de la Comisión Permanente acordaron hacerle “un extrañamiento” a Larios para que “no intervenga en las decisiones de las y los panistas potosinos”.
LO VEN CARGADO. La molestia blanquiazul tiene su origen en las posturas del secretario general publicadas en prensa local. Según los inconformes, “claramente se ve su interferencia en asuntos que competen únicamente a la militancia potosina”, como las cuestiones de selección de candidatos a gobernador diputado local y alcaldes. Y “claramente” lo han visto muy condescendiente con el alcalde capitalino, Xavier Nava Palacios.
NO HACERLO. El presidente del Comité Directivo Estatal, Juan Francisco Aguilar Hernández, haría llegar al CEN la decisión tomada por la Comisión. Y parece que Larios tendrá que dejar de exponer su entusiasmo por el futuro político del alcalde capitalino, o le van a brincar los aspirantes a la gubernatura, además de los panistas de a pie.
¿PUNTO DE QUIEBRA? El presidente municipal de San Luis Potosí, además, tendrá que ponerle remedio a su desencuentro con los regidores panistas de su cabildo, que es lunes, pues pueden hacer un anuncio de rompimiento definitivo.
LA TIRA DE LAS NETAS
SI TE ENFERMAS, ELEKTRA PAGA LOS GASTOS
“¿Cuál es su plan a futuro?... ()… ¿quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos?”.
Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y Elektra, en una puya tuitera contra el confinamiento como medida para evitar contagios de COVID-19. @RicardoBSalinas (25/V).
¿”FAVORABLE” PARA LOS DEUDOS?
“Seguimos teniendo un número de fallecidos muy favorable”
Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad de España, y una descuidada frase tras informar que la cuenta fatal por coronavirus era de 27.127 españoles fallecidos. (02/VI).