Intentos de establecer servicios profesionales de carrera, como en países del primer mundo, los ha habido a niveles federal y estatal. Normas de escalafón y reconocimiento técnico las hay, lo real es que se cumplen poco y bastante mal.
Opositar por un puesto público en México lo hacen pocos organismos, curiosamente los que el régimen obradorista llegó despedazando, como las comisiones de energía y de competencia. A la primera metió ex asistentes, ex choferes y leales colaboradores sin idea del puestazo al que van y la segunda está bajo asedio para derribo.
En San Luis la fiebre del despido sexenal atacó hasta al organismo encargado de organizar elecciones, algo inusual. De la nada, con explicaciones muy débiles, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana echó a cuatro directores, algunos con más de tres lustros de trabajo.
En corto, se esgrime que los ex funcionarios ya no encajaban en nuevas exigencias técnicas, normativas y de competencias que requieren los organismos electorales. Que por eso se hizo ese accidentado recorte para el que ni siquiera había presupuesto. Lo votaron los consejeros y los despedidos, algunos con expedientes limpios, no tuvieron defensa alguna.
La explicación sin embargo no tomó suficiente credibilidad porque el Ceepac quedó a deber una puntual exposición de las razones por las que esos directores fueron despedidos, sobre todo si no había falta, ni leve ni mucho menos grave, que lo ameritara. Cómo se midió que su preparación o sus trayectorias se habían estancado, no se sabe. Y si no hay una razón clara, contundente y concreta, pues queda un amplio espacio para sospechar de un vulgar desalojo para hacer espacio al “enchufe” de amigos, protegidos y “leales”.
El panorama quedará muy claro y sin lugar a dudas con los perfiles que ocupen esos cargos, si es que no los desaparecen (que nunca se ha manejado por austeridad). A ver si es cierto que los ceses fueron para hacer espacio de justicia a verdaderas “chuchas cuereras”, técnicamente irreprochables y actualizadas, en materia electoral.
AUSTEROS A CONVENIENCIA
Que la burocracia estatal en San Luis Potosí es de las más caras del país, es algo que se sabe desde hace unas décadas. Pese a la profusión de sindicatos de trabajadores del gobierno, el original Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado ha marcado, sexenio tras sexenio, la pauta en los contratos para la burocracia.
Aguinaldos de 90 días, una veintena o más de conceptos de “bono”, buenos sueldos y mucha tolerancia con personal improductivo o incompetente, forman parte del amplio paraguas de beneficios para los trabajadores de Gobierno del Estado. No ha habido gobernador que haya podido frenar el encarecimiento de la plantilla porque todos han participado en construirla, sobre todo cada fin de sexenio, con la “basificación” de parientes, recomendados, ahijados, amigos y demás “enchufes” a los que no se quiere dejar bajo el aguacero del cambio de administración. Dejan su gorda aportación a la nómina estatal sindicalizada y es obvio que necesitaron negociar con los liderazgos sindicales. Un toma y daca.
Fernando Toranzo Fernández no tuvo empacho en dejar basificada a su prometida en el Archivo Histórico, ahora esposa. No tenía perfil para estar ahí ni quehacer alguno, pero ni pensar en removerla o cambiarla. Otro lugar favorito para las basificaciones de personas sin cualificación laboral o profesional alguna es la Secretaría de Cultura.
La lucha que sostienen el SUTSGE y otros sindicatos minoritarios para frenar los despidos ha sido muy pedregosa. Va a más, porque la administración de Ricardo Gallardo Cardona es de línea dura en cuanto a derechos laborales. Le favorece a Gallardo que los burócratas sindicalizados no han generado simpatías, ni siquiera algo de solidaridad. Les juega en contra lo que se sabe de bonanza que es una plaza de base en gobierno, donde subalternos sindicalizados ganan más que un director de confianza.
En Gobierno es más aspiracional el puesto en la fotocopiadora de una oficina que estudiar Derecho y dedicarse a la abogacía: semana inglesa, horario inamovible, nada fuera de las funciones del puesto, variedad de bonos, vacaciones pagadas y tareas sin sobresaltos. Se lamenta que haya quienes pierdan algo tan preciado en estos días como lo es una certidumbre laboral, pero será difícil que el apoyo se extienda para su causa entre la población. Quizá a largo plazo, si el Gobierno empieza a cometer errores en un prolongado pulso.
El gobernador sostiene que los despidos son para ahorrar, pero hay nuevos empleados, mandos medios, jefes de área y directores en todas las dependencias. Despiden y ocupan el espacio de inmediato con perfiles más afines, sobre todo leales al proyecto. La misma historia de siempre, aunque con métodos más bruscos.
En el ayuntamiento capitalino, el padre del gobernador, Ricardo Gallardo Juárez, dejó una herencia de cientos de laudos que su sucesor, Xavier Nava Palacios, tuvo que negociar, finiquitar o litigar. Igual: despedían sin ambages y luego se ocupaba el lugar con alguien de sus confianzas. De ahorro, no se ahorró nada, al contrario, el costo de los laudos sí que fue “herencia maldita”.
Por las mismas el Ayuntamiento con el alcalde Galindo. Tiene una presión mayor porque priistas, panistas y perredistas buscan cobijo y reclaman “posiciones”. El costo de la coalición que lo llevó al cargo.
Ninguno puede demostrar que los recortes tienen razones de austeridad, de mayor cualificación técnica de los nuevos empleados o de más expertez. Lanzan tijeretazos en medio de una densa niebla de supuestas buenas intenciones.
Se reta a que prueben lo contrario con los perfiles a la mano de las nuevas contrataciones. Y que se hagan con los costos que generará en juicios laborales su obsesión por hacer espacio para los suyos a costa de lo que sea y de los derechos de quien sea.
Como siempre, ellos se van y lo pagaremos los contribuyentes.
ROLLOS SUELTOS
MADRES PARALELAS. “Tengo dos madres: una que tengo en la casa que no me la toca ni el aire, en un nicho. Y otra en política, que ahí se las dejo, pueden hacer lo que quieran con ella”. Así, cerró su discurso de despedida como dirigente de la Sección 26 del SNTE, en 2012, el ex diputado local y federal Crisógono Sánchez Lara.
HEREJÍAS MAGISTERIALES. El profe “Chógono” tomó posesión a media semana del Sistema Educativo Estatal Regular, por varios sexenios reservado al control de la sección 52 del sindicato magisterial, la que agrupa a los docentes de los planteles estatales e históricamente opuesta desde tiempos de Jonguitud a la hegemonía del ala federal del magisterio sindicalizado. De ahí, y de las candongas famas del ahora titular de servicios educativos estatales, la oposición a su llegada que se expresó en alguna manta expuesta y más en el ánimo del sector docente estatal.
DESPARPAJO. En aquel discurso de despedida como dirigente de la 26, Sánchez Lara no tuvo empacho en abordar los temas controversiales que le echaban en cara algunos de sus representados, desde la casa de su propiedad que rentó y vendió al SNTE, a las acusaciones de tráfico de plazas que ahí trató por el borde.
A MUCHO ORGULLO. “De diez mil plazas que hemos dado, a lo mejor yo repartí 100… o póngale 500. Pero beneficiamos a la mayoría y buscamos por todos los medios guardar los equilibrios”, dijo en aquella ocasión. En la grabación se lleva aplausos de colaboradores y pelotilleros que nunca faltan alrededor de este tipo de liderazgos. “La sociedad sabe que no somos maricones”, se jactó.
PIDE APOYO. Sabedor de lo que desata su llegada al SEER, como padre de un aliado electoral valioso para el gobernador (el diputado federal Christian Sánchez), en su toma de posesión como titular del SEER pidió el apoyo del personal de su nueva adscripción. Quizá sea su segundo aire, después de una trayectoria político-sindical interrumpida por un asunto penal en la familia. A ver si no tiene necesidad de sacar a la irrompible madre “punching-bag” que dice reservar para la política.
TRU-TRÚ NORMATIVO. Una vez revisado el “convenio de responsabilidad compartida” con el que la alcaldía capitalina apaciguó a las representaciones empresariales de vivienda, construcción e inmobiliaria, la anunciada reforma recaudatoria “innovadora” quedará bastante atenuada. Es de alguna manera una admisión a que el “escalonamiento” en los cobros por traslados de dominio e impuestos de adquisición en la Ley de Ingresos se pasaron de carga.
PARCHE POR ENCIMA DE LA LEY. El convenio incluye descuentos y subsidios en traslados de dominio en distintos casos aplicables hasta mayo. Un acuerdo administrativo por encima de una ley, pero parece que no hubo otra forma de arreglarlo. No está mal que el convenio pretenda, como dice, reactivar el mercado inmobiliario, pero se perdió de nuevo la oportunidad de hacer reformas a la Ley de Ingresos adecuadas, suprimiendo la escalada de impuestos que se aprobaron.
NO PERDONA. Sandra Sánchez Ruiz, o alguien en su nombre, pagó una millonaria multa al Servicio de Administración Tributaria que le fincó cargos a partir de las muy cuestionadas operaciones de supuesta venta de medicamentos al ayuntamiento capitalino que encabezó Ricardo Gallardo Juárez. Aquí ni la Fiscalía, mucho menos la Auditoría Superior, se metieron al tema.
LA MISMA. Y a Ricardo Gallardo hijo, hoy gobernador, también el SAT le finca multas y recargo por 12.5 millones de pesos a raíz de depósitos no declarado en sus cuentas cuando era alcalde de Soledad. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó el crédito fiscal para el mandatario potosino.
POR CIERTO. A propósito de fiscalías que no sacan un perro de una milpa, ¿nuestra Fiscalía de Delitos Electorales ya habrá fincado algún cargo derivado de las denuncias que hubo en el pasado proceso?
LA TIRA DE LAS NETAS
PANDEMIA, MENOS COSTOSA PARA EL LUJO
El mercado de lujo es el que está sufriendo menos por la crisis. No todo el mundo ha salido perdiendo”.
Jesús Sobrino, CEO del consorcio hotelero español Palladium Hotel Group, sobre los efectos de la pandemia en la hotelería, más serios para los alojamientos en volumen que para los de alta gama, y la recuperación que esperan posible a partir de este año. Actualidad Económica (12/II).
EL PANTANO DE LÓPEZ Y SU HIJO INTOCABLE
Como Estado fallido, México da lugar a que sus propios ciudadanos sean acusados con o sin fundamento en otros países”.
Edgardo Buscaglia, investigador de la Universidad de Columbia sobre legalidad y economía, en su opinión acerca del caso judicial que implica en Estados Unidos al cantante Julión Álvarez y al futbolista Rafael Márquez como presuntos lavadores de dinero. Proceso ((12/VIII).