No son los únicos. Son más de treinta núcleos agrarios los afectados. Los comuneros son, sí, los más notorios mediáticamente por el proyecto inmobiliario que ellos decidieron desarrollar en parte de sus tierras, como socios, no como vendedores.
El área propuesta para proteger abarca una superficie total de 109,638-95-14.39 ha (ciento nueve mil seiscientas treinta y ocho hectáreas) que corresponden al 1.79 % de la superficie total del estado. El ANP se extiende por superficies de cuatro municipios: San Luis Potosí, Mexquitic de Carmona, Villa de Arriaga y Villa de Reyes.
En San Luis Potosí se localizan 29 mil hectáreas, la mayoría de ellas de la comunidad de San Juan de Guadalupe. Es Villa de Reyes el municipio que más aporta tierra a este proyecto: más de 35 mil hectáreas. En Mexquitic se localizan más de 28 mil hectáreas.
El Estudio Previo Justificativo identifica siete ecosistemas naturales en las 109 mil hectáreas, los que comprenden el 82.42% del total de la superficie. Asegura que “el bosque de pino es el de mayor cobertura con más de 32,555.21 ha”.
Hay además 7 mil 500 hectáreas de encinares, 2 mil 500 de vegetación secundaria de los encinares, 34 mil hectáreas de matorrales desérticos y vegetación relativa a esta flora, 14 mil hectáreas “sin vegetación aparente” y apenas mil hectáreas de superficie agrícola, ni el 1% de toda el área que pretenden proteger. Hablado en términos prácticos, hay 14 mil hectáreas de peladeros y muy poca superficie cultivable para vivir de agricultura.
Del bosque de pinos, señala que es “una gran superficie (40% del área)” y se compone en su mayoría de masas de especies de ocotes, pino, pino blanco, pino real, pino triste, pino cembroides y pino piñonero, de éste último sembrado por los comuneros durante años, con apoyos raquíticos de Conafor (500 mil pesos anuales, la última que recuerdan).
NADIE LES REGALÓ NADA
El estudio registra que el 24 de febrero de 1954, la comunidad agraria de San Juan de Guadalupe obtuvo confirmación y titulación de bienes comunales, a través de solicitar una Restitución de Bienes. La comunidad pagó esos bienes en la época de la colonia mediante un préstamo, en oro. No fue un presidente posrevolucionario el que les dio una tierra afectada a otros, como ocurrió en la mayoría de las historias del reparto agrario. Es su tierra desde el virreinato y lo probaron.
A los comuneros se les reconoció la posesión y propiedad de una superficie de 14,869-60 has, tierras que “coinciden espacialmente con la parte central de la Sierra de San Miguelito”, según el decreto en el Diario Oficial de la Federación”.
La comunidad de San Juan de Guadalupe no es la única afectada por el Área Natural Protegida; son 36 núcleos agrarios de los cuatro municipios, algunos de ellos impactados por arriba del 80% de su superficie: el ejido Guadalupe Victoria, en Mexquitic, con el 100%; de Puerto Espino, Villa de Arriaga, el 98%; El Jaral, en Villa de Reyes, con 87% y la comunidad Agraria de San Juan de Guadalupe sobre el 90%.
NI DUEÑOS DE SU DESTINO
Se supondría que la contraprestación para los propietarios de esas tierras será una que les dará para vivir sin apreturas y garantizar un futuro a sus hijos. Finalmente lo perderán en pro del medio ambiente, las culebras endémicas, las cascabeles verdes, las serpientes trompa de puerco, los ratones canguro, los murciélagos trompudos, los tejones y demás riqueza faunística.
A manera de tímida propuesta de ingresos para los ejidatarios y comuneros que contribuirán con su patrimonio a la extensa Área Natural Protegida, el estudio se centra en tres ideas: servicios ambientales, los usos agrícolas y pecuarios, y actividades de senderismo, ecoturismo y turismo cultural.
Como detectaron “grandes extensiones de bosques de pino piñonero”, los árboles que han plantado y mantenido los comuneros, sugiere “hacer uso y manejo sustentable de los frutos de esta especie, debido a que en el mercado este producto presenta una demanda importante en la industria alimenticia con un rango de precio estimado que oscila entre $800-$1,200 por kilo”.
Propone la creación de proyectos y programas de promoción de senderismo y campismo educativo y visitas a las haciendas, éstas en Villa de Reyes.
Pero si alguien pensaba que los comuneros administrarán el ingreso que les deje recoger piñones de sus árboles, por ley no será así. Les crearán una entidad administradora a la que deberán entregar ese producto y ella se encargará de garantizar que ese aprovechamiento “se haga de manera sustentable”. Encima de expoliados, mantendrán un cuerpo burocrático de administradores expertos en sustentabilidad.
PURA TINTA SOBRE PAPEL
Y como vivir del piñón no suena muy suficiente, el estudio extiende en otras propuestas de ingreso, como los recursos fiscales aportados por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, sí esa misma dependencia que en 2020 celebró su vigésimo aniversario con un recorte presupuestal de 75% y que de 2015 a 2019, dedicó la generosa cantidad de 7 pesos anuales por hectárea a las seis áreas naturales y parques ubicados en territorio potosino. Al bosque de niebla de Xilitla, considerado “Región prioritaria”, en 2019 no le destinó un solo peso, presupuesto cero. Y el año pasado, pandémico, ni mencionarlo.
Enlista también la creación de fideicomisos locales y regionales de apoyo a las Áreas Naturales Protegidas, fideicomisos que el presidente podrá desaparecer cuando ya no le gusten.
Suponen también que caerán aportaciones en especie por parte de fundaciones, instituciones académicas y/o personas físicas; cobro de derechos por el uso y disfrute del Área Natural Protegida y generación de recursos económicos a través del desarrollo de mecanismos de pago por servicios ambientales proporcionados por el área (por ejemplo, captación de agua, captura de CO2, entre otras), como bonos de carbono. Desde luego, de todo esto los comuneros tampoco administran, como si fuesen menores de edad, “capitis deminutio” o mentecatos profundos.
DESVERGÜENZA OFICIAL
Pero los hechos que menos abonan a la conformidad de los comuneros son dos. El primero, y muy importante, es que las declaratorias de protección ambiental han de tener el acuerdo de los propietarios afectados, y a ellos nadie les ha consultado.
Y el segundo, los adeudos del gobierno federal por expropiaciones no pagadas y de gobierno estatal por una vulgar invasión para construir el bulevar Rocha Cordero.
En 1993, la Federación decretó tres expropiaciones, de 232, 35 y 56 hectáreas; la primera para regularizar espacios de vivienda precaria de paracaidistas, la segunda para la presa Cañada del Lobo y la tercera para las líneas de conducción de la CFE. Sólo les pagaron una, la de la CFE.
El peor despojo ha sido el del gobierno estatal, que se tomó 15 hectáreas para el bulevar Rocha Cordero. La cuenta hace cuatro años en unas pláticas de avenimiento, iba en 62 millones de pesos porque no hubo expropiación y la contraprestación debe ser a valor comercial; con intereses y recargos, calculan que la deuda ronda ya los 80 millones de pesos.
Históricamente, motivos para confiar no les han dado uno solo.
ROLLOS SUELTOS
¿A CUENTA DE GOBIERNO? En una SUV grandota, modelo típico de la alta burocracia, y con escolta de policías afiliados a su organización, hace campaña la lideresa del SITTGE, Francisca Reséndiz Lara, por conseguir la candidatura a gobernadora por Morena. Lleva además otro vehículo de apoyo detrás. Finalmente, dinero público.
MENSAJES. Para cerrar la pasada semana, circularon unos mensajes en los teléfonos de sus representados: “¡Compañer@s buenas noches! Una disculpa por andar hoy muy desaparecidos de los grupos. Sigamos votando en la encuesta de Indigo.mx, aquí les dejamos el link para que vayamos y votemos por Francis”. Se anexó un enlace a una encuestadora que ofrece no dejar huella de quien entra en la plataforma.
“¡URGE, URGE¡”. Otro fue más explícito sobre la urgencia: “Al igual que hay que invitar a familiares amigos conocidos que nos ayuden en estas de Facebook. Estamos abajo que (Mónica) Rangel y necesitamos subir números compañer@s. A darle duro y con ánimo”. El anexo, dos enlaces también a encuestas telefónicas.
CADA QUIEN. La aspiración política es respetable, así que se le desea suerte a la sindicalista en su búsqueda de la remontada en los sondeos morenistas. Vimos un reporte de encuesta espejo, casa por casa, al 1° de febrero, de Mitofsky a 1200 personas en viviendas. Un documento no definitivo, se entiende: el resultado sólo entre entrevistados sin filiación, las más altas dan en conocimiento 21.9% a Mónica Rangel; 10.1% a Angélica Mendoza y 8.4% a Paloma Rachel. En ese ejercicio, el resultado entre morenistas declarados y ya todo en conjunto de entrevistados no da vuelcos para nadie. También miden al exterior, en hipotética competencia con otros partidos, faltaba más.
LA TIRA DE LAS NETAS
LA ESENCIA DEL LITIGANTE
Reed Brody, conocido como ‘El Cazadictadores’, el abogado norteamericano que encausó a Augusto Pinochet por genocidio, detonó el caso Irán Contras y consiguió cadena perpetua para ex dictador de Chad Hissène Habrè, sobre las complicaciones políticas que blindan a personajes poderosos cuando se les promueve acción judicial. EPS (30/I).
AMORES PARA UN “FINDE”...
Tamara Tenenbaum, autora del ensayo “El fin del amor”, por séptima edición en Argentina. El País (1/II)