El proyecto del vehículo eléctrico Olinia, impulsado por el Gobierno de México como una alternativa de movilidad de bajo costo, enfrenta un desafío legal antes de llegar al mercado: la legislación vigente le impide venderse como automóvil debido a que no cumple con diversos requisitos de seguridad obligatorios.
Tras más de un año de desarrollo, fue presentado el modelo denominado Olinia 1, un vehículo compacto diseñado para trayectos cortos dentro de colonias, comunidades o poblaciones pequeñas. Sin embargo, sus características lo colocan fuera de la categoría tradicional de automóvil.
La Norma Oficial Mexicana NOM-194-SE-2021 establece diversos elementos de seguridad obligatorios para los vehículos nuevos comercializados en el país, entre ellos sistemas de frenos ABS, control electrónico de estabilidad y bolsas de aire. El Olinia 1 carece de varios de estos componentes.
Ante esta situación, el Gobierno federal trabaja en la creación de una nueva categoría regulatoria que permita la comercialización de este tipo de unidades, similares a las denominadas "cuatrimotos pesadas" que ya operan en algunos países europeos.
De acuerdo con la información difundida sobre el proyecto, el Olinia 1 no está diseñado para circular en carreteras ni en vías de alta velocidad. Su velocidad máxima sería de 50 kilómetros por hora y tendría una autonomía aproximada de 125 kilómetros por carga.
El concepto busca ofrecer una alternativa de movilidad para recorridos locales, especialmente en comunidades donde los desplazamientos se realizan dentro de una misma zona urbana o rural, sin necesidad de utilizar carreteras o vialidades rápidas.
Países europeos ya cuentan con vehículos de características similares, como el Citroën Ami y el Fiat Topolino, los cuales operan bajo regulaciones distintas a las de los automóviles convencionales.
Aún se desconoce cómo quedará definido el marco jurídico para el Olinia. Entre las dudas pendientes se encuentran si los usuarios necesitarán licencia de conducir, si deberán portar placas especiales, contar con tarjeta de circulación o cumplir con procesos de verificación vehicular en las entidades donde estos son obligatorios.
El desarrollo de esta regulación será clave para determinar cuándo y bajo qué condiciones podrá comercializarse el vehículo eléctrico promovido por el Gobierno mexicano.