SANTIAGO, Chile.- Activistas de derechos humanos de Chile alegaron el lunes contra la “impunidad” impulsada por senadores oficialistas, que intentan que el Tribunal Constitucional (TC) beneficie a criminales de lesa humanidad en una ley que busca descongestionar las cárceles de presos comunes ante el avance del coronavirus.
La ley, impulsada por el presidente Sebastián Piñera, fue aprobada el miércoles pasado con la mayoría de los votos de la oposición de centroizquierda en el Congreso, pero no se puede aplicar hasta que el TC resuelva si es constitucional o no por no incluir a los violadores de derechos humanos en dictadura (1973-1990).
No hay plazo para el pronunciamiento del tribunal.
Mientras tanto, el nuevo virus sigue expandiéndose en una sobrepoblada comunidad penal de una cárcel de la barriada pobre de Puente Alto, donde hay 59 custodios y 24 presos contagiados, según cifras oficiales, en un país que acumula 7.525 infectados y 82 fallecidos.
En su alegato, Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos se cuestionó si se puede “canjear oportunistamente la vida de 1.300 presos comunes” por la de los violadores a los derechos humanos.