El Parlamento chileno aprobó este lunes la ley que busca dar cumplimiento a un fallo de la justicia que obliga a las aseguradoras privadas de salud a pagar a sus afiliados una deuda millonaria por cobros excesivos desde 2019 y aplicar una tabla única de precios.
Con 122 votos a favor, 14 en contra y 10 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados dio el visto bueno a una polémica medida que ha enfrentado el oficialismo y la oposición por el futuro de las Instituciones de Salud Previsional (Isapres) durante el año que se alargó su compleja tramitación en el Congreso.
Tras la votación, la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Ana María Gazmuri, recalcó que la nueva ley es una "respuesta para no dejar sin atención a las personas con enfermedades severas y a las que quedaron con sus Isapres", aunque –dijo– hay varios de los aspectos aprobados de la norma que "dolieron a su sector", el oficialismo.
Desde la oposición, el parlamentario Andrés Celis, de la coalición de derecha, señaló que "la noticia es positiva porque se estabiliza el sistema", pero enfatizó que "algo está fallando cuando hay que legislar para regular el pago de una deuda en salud de una institución privada".
Las Isapres se declararon "al borde de la quiebra" tras la pandemia y un proceso judicial de 10 años que se giró en su contra y terminó reconociendo un conjunto de deudas de las empresas con sus clientes, que han protagonizado un éxodo masivo al sistema de salud público.
La nueva ley establece que las aseguradoras privadas deberán presentar un plan de pago de la deuda a sus afiliados a la Superintendencia de Salud (organismo fiscalizador) y que, para saldarla, dispondrán de un plazo de 13 años, tres más de los contemplados en la propuesta inicial del Gobierno progresista de Gabriel Boric.
Para las personas mayores de 65 años, este plazo se recorta a cinco años y para las mayores de 80 queda en dos.
Uno de los puntos más criticados de la medida, incluso dentro de las filas de la coalición de Gobierno, es que permite que los próximos tres años las compañías de salud, que cada mes reciben el 7 % del sueldo de sus afiliados, puedan subir los precios de los planes con menos restricciones que antes.