Ciudad de México.- América Latina está por debajo de la media global en cuanto a leyes que protegen y responden a la violencia sexual contra menores —un problema que afecta a millones de niños cada año— y, además, lo hace de forma muy desigual incluso dentro del mismo país, lo que debilita la protección.
Así lo diagnostica el informe regional de “Out of the Shadows” (Fuera de las sombras), elaborado por la unidad de análisis de The Economist para la fundación Ignite Philanthropy y divulgado el martes, que sitúa a Brasil y México a la cabeza de la región y a Venezuela y Argentina a la cola.
El documento analiza la situación en nueve países de la región —Argentina, Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Perú y Venezuela— teniendo como base una investigación global del año pasado que evaluó cómo 60 países de los cinco continentes abordan la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en sus leyes y sus políticas públicas.
Curiosamente, el desempeño de las naciones no tiene que ver con sus ingresos, como demuestra que Estados Unidos se sitúe detrás Brasil y México o que Argentina esté peor que otros países latinoamericanos más pobres, como Guatemala.
Según datos de la UNICEF del año de 2021, una de cada seis niñas y uno de cada 10 niños han sufrido abuso sexual en países latinoamericanos.
Y el gran problema es que, generalmente, los menores no son escuchados, los agresores son sus cuidadores y si denuncian son revictimizados. La justicia puede no llegar nunca.
Uno de los problemas generalizados mencionados en el informe son las inconsistencias a la hora de tipificar penalmente todos los tipos de violencia sexual a menores y de evitar la reincidencia de los agresores.
Otro, vital según todas las organizaciones, es que en la mayoría de los países estos delitos prescriben, lo que puede suponer altos índices de impunidad ya que los y las sobrevivientes pueden tardar décadas en estar preparados para denunciar los hechos.
Brasil ocupa el primer lugar a nivel regional y mundial en cuanto a contar con una legislación que criminaliza de manera amplia la actividad sexual con menores de edad y es el único país que tiene una fuente clara para financiar su plan nacional para combatir este tipo de violencia. Sin embargo, no ha logrado considerar imprescriptibles estos delitos.
Tampoco lo ha hecho México, pese a que el país cuenta con leyes sólidas e importantes planes de capacitación a jueces y fiscales, según el informe.