Periodistas y defensores de derechos humanos de Argentina son víctimas de ciberataques por parte de referentes políticos, usuarios violentos y cuentas automatizadas identificadas con el gobierno del presidente Mauricio Macri, denunció hoy Amnistía Internacional.
En el informe “El debate público limitado. Trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de derechos humanos en Twitter Argentina”, dijo que analizó 354 mil tuits publicados del 22 de octubre al 14 de noviembre del año pasado.
El documento de 44 páginas advirtió que en el país sudamericano la información crítica y la defensa de derechos humanos están expuestas en los últimos tiempos a ataques en redes sociales digitales, lo que pone en riesgo la libertad de expresión.
En muchos casos, agregó, esos ataques “son coordinados y buscan inhibir la expresión de perspectivas plurales y limitar la circulación de opiniones diversas sobre temas cardinales del espacio público”.
Para el estudio se analizaron las cuentas en Twitter de los periodistas Hugo Alconada Mon, Edi Zunino, Maria O’Donnell, Reynaldo Sietecase, Romina Manguel, Marcelo Longobardi, Ernesto Tenembaum y Nelson Castro, quienes representan un amplio abanico ideológico.
También se incluyó la cuenta del Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel, y los casos del periodista Carlos Pagni y la directora de AI Argentina, Mariela Belski, quienes no son usuarios de Twitter.
Basta que cualquiera de ellos critique al gobierno para que se desaten agresiones, descalificaciones e intimidaciones masivas en su contra en la red social, en ciberataques que incluyen la difusión de noticias falsas.
Estas campañas de odio cibernéticas son impulsadas por figuras públicas con nombre y apellido real como el diputado oficialista Fernando Iglesias y el periodista Eduardo Feinmann.
A ellos se suman los “trolls” (cuentas cuyo registro violento bloquea el debate y desvía la conversación), los “bots” (cuentas parcial o totalmente automatizadas) y seguidores regulares.
El común denominador de los atacantes es que están vinculados al gobierno, ya sea por su pertenencia orgánica en el caso del diputado Iglesias, su defensa a ultranza por parte del periodista Feinmann o por su identificación partidaria e ideológica en las cuentas de Twitter desde las que agreden.
“Los ataques a posiciones críticas en Internet constituyen un preocupante agravio contra el derecho humano a la libertad de expresión. Y son también un riesgo para la convivencia democrática”, alertó el informe realizado por Martín Becerra, Luciano Galup y Juan Pablo Pilorget, reconocidos especialistas en comunicación y análisis de datos.
Añadió que durante el último año organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo han manifestado su preocupación sobre los ciberataques, ya que inhiben la circulación de perspectivas y conducen a la autocensura.
El estudio, que fue realizado por Martín Becerra, Luciano Galup y Juan Pablo Pilorget, reconocidos especialistas en comunicación y análisis de datos, precisó que este fenómeno demanda medidas por parte del Estado y las empresas proveedoras de los servicios de redes.