EL CAIRO, Egipto (EFE).- Las autoridades saudíes ejecutaron hoy a un ciudadano del país tras ser condenado a la pena capital por cargos "relacionados con el terrorismo en La Meca", lo que eleva a 67 los presos ajusticiados en el reino árabe en lo que va de año.
"Saleh bin Said Al Karabi fue acusado de adoptar la ideología extremista "takfiri", que considera ateo a cualquiera que no siga su ideología, así como de pertenencia a una organización terrorista, financiar el terrorismo y las operaciones terroristas", indicó el Ministerio de Interior en un comunicado.
En la misma nota el Ministerio acusó también al ajusticiado de "encubrir a varias personas con tendencias desviadas y no informar a las autoridades de seguridad sobre ellas".
Con esta ejecución, la cifra de presos sentenciados a muerte se elevó a 67, según el recuento llevado a cabo por la ONG saudí ALQST, que hace una semana publicó un comunicado en el que denunciaba la aplicación de la pena máxima a al menos 66 personas en Arabia Saudí en lo que va de año.
ALQST proporcionó esa estadística, basada en informes judiciales y en publicaciones en medios estatales, después de que las autoridades saudíes ejecutaran el lunes anterior a cinco personas, entre ellas a un egipcio, tras ser condenadas por cargos relacionados con el terrorismo.
Varias organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional denuncian que la tasa de ejecuciones en Arabia Saudí casi se ha duplicado desde la llegada al poder del príncipe heredero Mohamed bin Salmán hace siete años, durante los cuales se ha aplicado la pena de muerte a más de mil personas.
Según los datos sobre ejecuciones recopilados por las organizaciones desde 2010, los seis años más "sangrientos" de Arabia Saudí fueron entre 2015 y 2019, además de 2022.
Precisamente, en 2022 fueron ejecutadas 81 personas en un solo día, más de la mitad de los cuales fueron acusadas de participar en manifestaciones.
Ese año Arabia Saudí ejecutó a 196 condenados a muerte, la cifra más alta de aplicación de la pena capital en el país de los últimos 30 años, según Amnistía Internacional.