Ciudad de Guatemala.- Bernardo Arévalo juró en los primeros minutos del lunes como presidente de Guatemala, en una jornada marcada por protestas ciudadanas ante el retraso del cambio de mando y que pone fin a varios meses de tensiones y acciones de la Fiscalía para retirarle la inmunidad en lo que muchos vieron un intento de evitar que asumiera el poder.
Al grito de “sí se puedo” del público, el nuevo mandatario —que ganó las elecciones en agosto pasado con un respaldo popular de más del 60%— tomó posesión del cargo tras un significativo retraso por la dilación del Congreso saliente con las nuevas autoridades, como nunca había ocurrido hasta ahora en el país.
La sesión solemne, en la que también asumió la vicepresidenta Karin Herrera, debía celebrarse “a más tardar a las 16.00” del 14 de enero, según la Constitución guatemalteca, pero cuatro horas después los nuevos diputados apenas juraban su cargo.
Arévalo finalmente llegó al teatro donde se realizó la investidura a las 20.00 y asumió el cargo de presidente pasada la medianoche, ya siendo 15 de enero, acompañado de varios jefes de Estado y de gobierno como Gustavo Petro de Colombia, Xiomara Castro de Honduras, la canciller mexicana o Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores.
Acudieron a Guatemala para la investidura más de 60 delegaciones internacionales.
El presidente saliente, Alejandro Giammattei, estuvo ausente en la ceremonia y anunció poco antes que entregaba las “insignias del mando presidencial” —banda, botón y collar— al Congreso ante el riesgo de que se hiciera tarde y para que constara que quedaba “separado del cargo de presidente” antes del 15 de enero.
El Congreso alargó durante horas el proceso, dada la confrontación entre la Cámara saliente y los nuevos diputados por la designación de una mayoría de oficialistas y de aliados para conformar la comisión que debía revisar las credenciales de los nuevos.
Román Castellanos, diputado del Movimiento Semilla reelecto, dijo a The Associated Press que “la comisión se ha tardado demasiado para calificar las credenciales, además están pidiendo requisitos no establecidos en la ley para tomar posesión”. La sesión quedó suspendida por horas.
Todo ese retraso enardeció las protestas en los exteriores del Congreso, a donde se habían trasladado grupos de campesinos que fueron a la capital para acompañar la toma de posesión de Arévalo y defender la democracia.
“Si no lo juramentan ellos (el Congreso), nosotros como pueblo lo juramentamos”, advirtió Dina Juc, alcaldesa de la alcaldía indígena de Utatlán Sololá que asistió a la movilización.
La tensión se mantuvo incluso en los momentos previos a la jura de Arévalo cuando algunos diputados salientes abandonaban el Congreso y fueron recibidos por los ciudadanos molestos arrojándoles objetos.
Un día antes de la investidura, Arévalo dijo que se sentía “entusiasmado porque estamos llegando al final de este proceso largo y tortuoso” y que “la sociedad guatemalteca ha desarrollado esa determinación para decirle ‘no’ a esas élites político-criminales”.
Su camino, desde que era un candidato al que las encuestas le daban pocas posibilidades hasta hacerse con el poder, ha estado marcado por un atropellado avance en medio de investigaciones judiciales, órdenes de aprehensión, pedidos para que pierda su inmunidad y hasta la intención manifiesta de la fiscalía de anular las elecciones.
Llegar al poder no le fue fácil, tampoco lo será hacer gobierno.
Una de las primeras tareas que Arévalo dice que hará al ser investido es pedir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, quien ha encabezado la arremetida judicial en su contra y tiene un mandato de cuatro años que llega hasta el 2026.
La titular de la fiscalía solicitó tres veces que se le retire la inmunidad al nuevo presidente.