Nicolás Maduro/ Foto: Archivo
La Asamblea Nacional (Congreso) de Venezuela, bajo control opositor, rechazó hoy introducir en su agenda el debate sobre el antejuicio de mérito por corrupción contra el presidente Nicolás Maduro, que aprobó el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio.
El jefe de la Asamblea, Omar Barboza, dijo que el órgano judicial designado por el poder Legislativo no ha notificado todavía la petición de un proceso penal contra Maduro.
"Esta Asamblea Nacional tiene toda la intención de tratar el tema, pero las estipulaciones constitucionales deben cumplirse a cabalidad. No se ha recibido la notificación formal que manda la Constitución para que se inicie de forma legal el proceso", señaló.
Agregó que cuando se cumplan los requerimientos, la cámara emitirá su decisión.
El tema no estaba en la agenda de debate, pero la fracción 16 de julio, una escisión opositora, planteó que se discutiera, después que el TSJ en el exilio aprobó el procedimiento contra Maduro, en una sesión que se realizó el lunes en Bogotá.
La Asamblea debe avalar el fallo para seguir adelante con el proceso que, sin embargo, es ignorado por Maduro.
Horas después, el abogado Salvatore Lucchese denunció que la policía política, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), ordenó la detención de la diputada opositora Gaby Arellano por haber apoyado públicamente el antejuicio contra Maduro.
El TSJ en el exilio, conformado por magistrados designados por la Asamblea Nacional y que es desconocido por el gobierno, acordó en Bogotá que hay evidencias suficientes para enjuiciar a Maduro por corrupción, entre otros por el caso de la constructora brasileña Odebrecht, y solicitó a la Interpol emitir un alerta roja para su detención.
La acusación fue presentada por la fiscal general destituida, Luisa Ortega Díaz, pero el fallo judicial apenas tiene sentido simbólico, ya que el TSJ no es reconocido como autoridad legítima del país.
"Este TSJ legítimo procede a la privación de libertad del presidente de la república, y en consecuencia, se ordena que la Fuerza Armada y todos los cuerpos de seguridad acaten esta ley", señala la sentencia.
El fiscal general interino, Tarek William Saab, calificó como "delictiva" la acción pretendida por el TSJ en el exilio, que dijo está conformado por pseudoabogados usurpadores.
"Actuamos en contra de estos abogados antivenezolanos, usurpadores y traidores a la patria que, además, tienen código rojo internacional", alertó.
Ortega denunció en su acusación que Odebrecht financió parte de su campaña electoral de 2013 y que una vez en la presidencia ordenó en pago de una cifra millonaria a la constructora, que obtuvo al menos 11 contratos para colosales obras de infraestructura, las cuales quedaron paralizadas.
La Asamblea estima un perjuicio a la nación por esas obras de más de 16 mil millones de dólares.