WASHINGTON (AP) — La Casa Blanca dijo el lunes que un almirante de la Marina actuó "dentro de su autoridad y de la ley" cuando ordenó un segundo ataque contra una lancha en el mar Caribe que supuestamente llevaba drogas, como parte de una operación militar de Estados Unidos en septiembre que ha sido objeto de escrutinio de los dos principales partidos políticos del país.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, expuso los motivos para el ataque del 2 de septiembre después de que legisladores de ambos partidos anunciaran el domingo que apoyaban que el Congreso revisara los ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de contrabando de drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico, citando un reporte de prensa que indicaba que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, emitió una orden verbal para un segundo ataque que mató a los sobrevivientes del primer ataque contra la lancha en ese incidente.
En sus comentarios a los periodistas el lunes, Leavitt no disputó el reporte del Washington Post que indicaba que había sobrevivientes después del ataque inicial por parte del ejército de Estados Unidos. Su explicación vino después de que el presidente Donald Trump dijera un día antes que "no habría querido eso, no un segundo ataque" cuando se le preguntó sobre el incidente.
"El secretario Hegseth autorizó al almirante Bradley llevar a cabo estos ataques cinéticos", señaló Leavitt, refiriéndose al vicealmirante de la Marina de Estados Unidos Frank Bradley, quien en ese momento era el comandante del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas. "El almirante Bradley actuó bien dentro de su autoridad y la ley al ordenar la ofensiva para asegurarse de que el bote fuera destruido y la amenaza a los Estados Unidos de América fuera eliminada".
Los legisladores dijeron que no sabían si el reporte del Post de la semana pasada era cierto, y algunos republicanos eran escépticos. Aun así, dijeron que los reportes de atacar a sobrevivientes de un ataque inicial con misiles planteaban serias cuestiones legales y merecían un mayor escrutinio.
La Casa Blanca intervino después de que Trump defendió ardorosamente a Hegseth el domingo.
"Pete dijo que no ordenó la muerte de esos dos hombres", comentó Trump. "Y yo le creo".
Leavitt señaló que Hegseth ha hablado con miembros del Congreso que pueden haber expresado algunas preocupaciones sobre los reporte.
El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, también habló durante el fin de semana con los cuatro legisladores de ambos partidos que encabezan las Comisiones de Servicios Armados del Senado y la Cámara de Representantes. Reiteró "su confianza en los experimentados comandantes en cada nivel", destacó la oficina de Caine en un comunicado.
El comunicado añadió que la llamada giró en torno a "abordar la intención y legalidad de las misiones para interrumpir las redes de tráfico ilícito que amenazan la seguridad y estabilidad del hemisferio occidental".
El Congreso quiere respuestas
El líder de la mayoría del Senado, John Thune, defendió ampliamente los operativos, repitiendo la postura del gobierno de que son necesarios para detener el flujo de narcóticos ilegales hacia Estados Unidos.
Thune dijo que las comisiones en el Congreso llevarán a cabo una supervisión para investigar lo que sucedió. "No creo que se quiera sacar conclusiones o deducciones hasta tener todos los hechos", dijo sobre el ataque del 2 de septiembre. "Veremos a dónde nos llevan".
Después del informe del Post, Hegseth escribió el viernes en X que "las noticias falsas están entregando más reportajes fabricados, inflamatorios y despectivos para desacreditar a nuestros increíbles guerreros que luchan para proteger la patria".
"Nuestras operaciones actuales en el Caribe son legales tanto bajo la ley de Estados Unidos como la ley internacional, y todas las acciones cumplen con la ley de conflicto armado, y han sido aprobadas por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de la cadena de mando", alegó Hegseth.
El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó a Hegseth de una "vergüenza nacional" por su respuesta a los críticos. Añadió que las comisiones de servicios armados le deberían exigir a Hegseth que libere el video del ataque y testifique bajo juramento sobre lo que sucedió.
El senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en la Comisión de Servicios Armados del Senado, dijo que la investigación del panel comenzaría con informes de los funcionarios involucrados "sobre lo que realmente sucedió".
También le pidió al gobierno que libere el video sin censura del ataque.
"Si no han hecho nada malo, entonces ese video debería exonerarlos completamente. ¿Por qué no lo liberan?" preguntó.
El senador Roger Wicker, presidente de la Comisión de Servicios Armados del Senado, prometió una investigación rigurosa.
"Descubriremos la verdad", dijo, agregando que las ramificaciones del informe eran "acusaciones serias".
Maduro responde
Trump se reunió más tarde el lunes con su equipo de seguridad nacional para discutir las operaciones en curso y posibles próximos pasos contra Venezuela.
El gobierno de Estados Unidos dice que sus ataques están dirigidos contra los cárteles de drogas, algunos de los cuales afirma están controlados por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Trump también está considerando si llevar a cabo ataques en el territorio continental de Venezuela.
Trump confirmó el domingo que había hablado recientemente por teléfono con Maduro, pero se negó a detallar la conversación.
En un discurso ante sus seguidores en Caracas, Maduro señaló el lunes que la presión de Estados Unidos ha "puesto a prueba" al país, pero que los venezolanos están listos para "defender" a Venezuela y "llevarla a caminos de paz".
"Hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico", añadió Maduro.
El ataque de septiembre es uno de varios que ha llevado a cabo el ejército estadounidense en el mar Caribe y el océano Pacífico, mientras que Trump ha ordenado el despliegue de buques de guerra cerca de Venezuela, incluido el portaaviones más grande de Estados Unidos.
Más de 80 personas han muerto en los ataques contra las embarcaciones que, según la Casa Blanca, contrabandeaban drogas para los cárteles.
La Asamblea Nacional de Venezuela ha anunciado una investigación sobre los letales ataques llevados a cabo por Estados Unidos.
El anuncio del domingo por parte del presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, marcó la primera vez que un funcionario del gobierno de Maduro reconoce explícitamente que ciudadanos venezolanos han sido asesinados por la operación militar de Estados Unidos que comenzó hace unos meses.
Rodríguez, el principal negociador de Maduro, dijo que un grupo de legisladores se reunirá para investigar "los graves hechos que condujeron al asesinato de venezolanos en aguas del mar Caribe".