CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Familiares de víctimas de la guerra civil en Guatemala pidieron el martes al Estado que ponga fin al retroceso en la búsqueda de justicia para sus parientes muertos o desaparecidos.
Un centenar de personas portando carteles y con flores amarillas exigieron frente a la sede de la Corte Suprema de Justicia que no se pongan más obstáculos a los procesos judiciales contra militares acusados de crímenes de lesa humanidad.
Se trata de víctimas y querellantes en procesos como el del exmilitar Benedicto Lucas, quien era juzgado por crímenes de guerra contra la comunidad indígena ixil. Su defensa logró que una corte detuviera el proceso cuando el tribunal que lo juzgaba se disponía a emitir su fallo.
"Esto nos pasó en 1981 y 1982, mataron a nuestra familia y nos hicieron huir a la montaña, sin comida, quemaron nuestras casas", dijo Ana de León López, una mujer indígena ixil de 67 años.
Agregó que "lo que nosotros queremos es una sentencia, queremos justicia, estamos pidiendo y pidiendo y no vemos que haya... fueron los soldados los que nos atacaron".
Los familiares también exigieron avances en la investigación del hallazgo de al menos 500 osamentas en un destacamento militar donde actualmente funciona el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz. Los exmilitares acusados en ese caso han logrado obtener la libertad sin que haya avanzado el proceso.
Guadalupe Lucas, querellante en la causa, lamentó que hayan dejado en libertad a los acusados. "Da tristeza ver cómo se imparte la justicia, no es para los que sufrieron masacres, muerte, tortura, sino para grupos que son victimarios", se quejó.
La protesta coincidió con el Día Internacional de los Derechos Humanos.
"Fueron delitos contra los derechos humanos, crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo tanto no debe haber impunidad", dijo José Silva, miembro de la Asociación para la Justicia y Reconciliación.
Los familiares manifestaron su preocupación por los cambios recientes que realizó la Fiscal General Consuelo Porras, quien destituyó a la mayoría de los fiscales que llevaban los casos más importantes y en su lugar colocó a un procurador que, según Silva, "no tiene una reputación que esté a favor de los derechos humanos".
"Nosotros vemos que quien entorpece la justicia es el mismo Estado a través del Ministerio Público", agregó.
La guerra civil en Guatemala, que se extendió entre 1960 y 1996, dejó más de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, según un informe de Naciones Unidas.