JEFFERSON CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — El fabricante de agroquímicos Bayer y abogados de pacientes con cáncer anunciaron el martes un acuerdo propuesto de 7.250 millones de dólares para resolver miles de demandas en Estados Unidos que alegan que la empresa no advirtió a la gente que su popular herbicida Roundup podría causar cáncer.
Corte Suprema y litigios en curso
El acuerdo propuesto se produce mientras la Corte Suprema federal se prepara para escuchar argumentos en abril sobre la afirmación de Bayer de que la aprobación de Roundup por parte de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) sin incluir una advertencia sobre posibles riesgos de cáncer, debería invalidar los reclamos presentados en tribunales estatales. Ese caso no se vería afectado por el acuerdo propuesto.
Pero el acuerdo eliminaría parte del riesgo derivado de un eventual fallo de la Corte Suprema. Los pacientes tendrían garantizado un pago incluso si la Corte Suprema falla a favor de Bayer. Y la compañía quedaría protegida de cubrir costos incluso mayores si el máximo tribunal falla en su contra.
Bayer, con sede en Alemania, adquirió a Monsanto, fabricante de Roundup, en 2018. La compañía rechaza la afirmación de que el ingrediente clave del herbicida, el glifosato, puede causar linfoma no Hodgkin. Pero ha advertido que los crecientes costos legales ponen en riesgo su capacidad para seguir vendiendo el producto en los mercados agrícolas de Estados Unidos.
"La incertidumbre ante la posibilidad de un litigio ha acosado a la empresa durante años, y este acuerdo le da a la compañía una vía hacia un cierre", declaró el director ejecutivo de Bayer, Bill Anderson.
El acuerdo propuesto se presentó ante el Tribunal de Circuito de San Luis, en Missouri, donde se encuentra la división de agronomía de Bayer en Norteamérica y el estado en el que se han interpuesto muchas de las demandas. El acuerdo aún necesita de la aprobación del tribunal.
Detalles del acuerdo y compensaciones
Más de 125.000 demandantes han presentado reclamos legales relacionados con Roundup desde 2015, según los documentos del acuerdo. Pocos de los casos han llegado al jurado —13 veredictos a favor de Bayer y 11 a favor de los demandantes, incluido un fallo por 2.100 millones de dólares otorgado por un jurado de Georgia el año pasado. Otros ya se han resuelto mediante acuerdos separados, incluidos dos casos recientes que resolverían cerca de 77.000 reclamos, según los documentos judiciales.
El nuevo acuerdo propuesto a nivel nacional tiene como objetivo abordar la mayoría de las demandas restantes, así como cualquier caso adicional presentado en los próximos años por personas que estuvieron expuestas a Roundup antes del martes. En caso de que demasiados demandantes opten por no participar en el acuerdo, Bayer destacó que se reserva el derecho de cancelarlo, aunque no detalló cuántas exclusiones tendrían que ocurrir.
El acuerdo prevé que Bayer realice pagos anuales a un fondo especial hasta por 21 años, por un total de hasta 7.250 millones de dólares. El monto que recibe cada persona podría variar de acuerdo a cómo usaron Roundup, qué edad tenían cuando fueron diagnosticadas y la gravedad de su linfoma no Hodgkin.
Un trabajador agrícola, industrial o de jardinería con larga exposición a Roundup recibiría un promedio de 165.000 dólares en caso de que se le haya diagnosticado una forma agresiva de la enfermedad antes de los 60 años, según el acuerdo propuesto. En tanto, un usuario residencial de Roundup que haya sido diagnosticado con una forma menos agresiva de la enfermedad entre los 60 y 77 años recibiría un promedio de 20.000 dólares. Y quienes fueron diagnosticados a los 78 años o más obtendrían un promedio de 10.000 dólares.
"Ningún acuerdo puede borrar un diagnóstico, pero este acuerdo está diseñado para garantizar que tanto los pacientes de hoy como los de mañana tengan acceso a una compensación significativa", dijo el abogado Christopher Seeger, quien representaría a los demandantes actuales en virtud del acuerdo.
Queda por ver si esa compensación le parece significativa a los pacientes. El abogado Matt Clement, que representa a unos 280 demandantes de Roundup, dijo que le sorprendió el acuerdo propuesto y anticipa que muchos de sus clientes tomarán la decisión de no participar.
Los pagos propuestos "son demasiado pequeños", subrayó Clement.
Bayer obtiene el respaldo de Trump en los tribunales
Debido a las demandas, Bayer ya ha dejado de usar glifosato en el Roundup que vende en el mercado residencial y de jardinería en Estados Unidos. Pero el glifosato sigue presente en los productos agrícolas. Está diseñado para su uso en semillas genéticamente modificadas que puedan resistir el efecto mortal del herbicida, lo que permite a los agricultores producir más al tiempo que conservan el suelo al labrarlo menos.
Aunque algunos estudios asocian el glifosato con el cáncer, la EPA ha dicho que no hay probabilidad de que sea cancerígeno para el ser humano cuando se usa según las indicaciones. La etiqueta aprobada a nivel federal para Roundup no incluye ninguna advertencia de cáncer.
Bayer sostiene que las leyes federales sobre pesticidas prevalecen sobre los estados para adoptar un etiquetado adicional para los productos y, por lo tanto, prohíben las demandas por falta de advertencia presentadas en virtud de las leyes estatales. Bayer está presentando ese argumento ante la Corte Suprema en una apelación de un caso en Missouri que otorgó 1,25 millones de dólares a un hombre que desarrolló linfoma no Hodgkin después de rociar Roundup en un jardín comunitario en San Luis.
El gobierno del presidente Donald Trump ha intervenido a nombre de Bayer, revirtiendo la postura del gobierno del expresidente Joe Biden y colocándolo en desacuerdo con algunos partidarios de la agenda "Hagamos Saludable a Estados Unidos Otra Vez" (Make America Healthy Again) que se oponen a otorgar a la empresa la inmunidad legal que busca.
Al mismo tiempo, la empresa ha estado presionando a las legislaturas estatales para proteger a los fabricantes de pesticidas de demandas estatales por falta de etiquetas de advertencia cuando sus productos cumplen con los requisitos federales de etiquetado. Dakota del Norte se convirtió en el primer estado en promulgar una ley de ese tipo, en abril pasado. Un mes después, Georgia se convirtió en el segundo estado en hacerlo.