Un equipo de la Universidad de California documentó 337 asesinatos de periodistas y defensores entre 2018 y 2024. Sostiene que la violencia, el espionaje y el hostigamiento podrían examinarse como parte de un mismo patrón. La Corte Penal Internacional no ha abierto una investigación por este caso.
Ciudad de México.— La discusión que plantea una investigación de la Universidad de California en Berkeley va más allá del número de periodistas y defensores asesinados durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Su pregunta central es si la violencia física, el espionaje, las campañas de acoso y los ataques públicos desde el poder formaron parte de una persecución sistemática que podría ser examinada por la Corte Penal Internacional (CPI).
El Human Rights Center (HRC) publicó el 24 de septiembre Under Attack: Targeting of Journalists and Human Rights Defenders in Mexico, una plataforma construida tras varios años de investigación. El proyecto estudia hechos ocurridos entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024 y reúne bases de datos, expedientes de víctimas, análisis de conferencias presidenciales y documentación sobre vigilancia militar. Sus autores lo presentan como una ruta de investigación para autoridades nacionales e internacionales, no como un expediente ya admitido por la CPI.
Las 337 víctimas y lo que la cifra no demuestra por sí sola
El centro identificó a 337 periodistas y personas defensoras de derechos humanos asesinados durante el periodo: 78 periodistas y 259 defensores. También preparó 75 expedientes sobre homicidios, desapariciones forzadas y otros episodios graves de violencia física. Los expedientes no equivalen al total de víctimas: son una selección de casos investigados con mayor detalle.
La cifra de 337 sitúa los asesinatos dentro del sexenio, pero no significa que Berkeley atribuya cada muerte a una orden de López Obrador o de una misma autoridad. La propia argumentación jurídica del equipo reconoce que determinar cuáles homicidios podrían formar parte de un eventual ataque sistemático, y cuáles responden a otras dinámicas de violencia, sería una tarea de los investigadores judiciales. Esa distinción es decisiva en un país donde también interviene la delincuencia organizada en agresiones contra periodistas y activistas.
Para Berkeley, el punto de conexión está en el contexto: periodistas que investigaban corrupción, crimen o abusos de las fuerzas de seguridad y defensores que acompañaban causas ambientales, de mujeres y de personas desaparecidas enfrentaron amenazas, campañas de desprestigio y, en algunos casos, vigilancia antes de sufrir agresiones. El HRC señala además que muchos habían denunciado riesgos ante las autoridades y que varios estaban incorporados al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuando fueron asesinados.
Del espionaje a las mañaneras
Una parte central de la investigación se concentra en Pegasus, el programa capaz de infiltrarse en teléfonos móviles. El HRC sostiene que su trabajo forense confirmó el uso de esa herramienta contra periodistas y defensores durante el sexenio. Afirma que reconstruyó adquisiciones y operaciones vinculadas con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mediante contratos, expedientes judiciales y archivos internos expuestos en la filtración conocida como Guacamaya Leaks. También examina otras tecnologías de vigilancia, entre ellas Geomatrix. Se trata de hallazgos y atribuciones de los investigadores, cuya eventual responsabilidad penal individual tendría que establecerse en un proceso judicial.
El otro frente son las conferencias matutinas. Berkeley analizó más de 1,400 mañaneras e identificó segmentos en los que, según sus criterios de investigación, se descalificó o estigmatizó a periodistas. El equipo relaciona esos señalamientos con campañas posteriores de hostigamiento digital, amenazas y difusión de información privada. Su tesis es que esas prácticas no deben examinarse de manera aislada del espionaje y la violencia.
El informe también coloca bajo escrutinio la impunidad. Estima que los delitos contra periodistas y defensores permanecieron impunes en una proporción aproximada de 93 a 99 por ciento durante el periodo estudiado. Para sus autores, la falta de castigo es relevante tanto por el riesgo que enfrentaban las víctimas como por la obligación del Estado de investigar las agresiones.
¿Qué tendría que probarse ante la CPI?
La investigadora Lindsay Freeman, quien expuso la propuesta jurídica del HRC, sostiene que los hechos podrían analizarse bajo la figura de persecución como crimen de lesa humanidad. El Estatuto de Roma exige demostrar, entre otros elementos, una privación grave e intencional de derechos contra un grupo identificable, vinculada con otros crímenes de competencia de la Corte y cometida como parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil. Una suma de agresiones, por grave que sea, no basta automáticamente para acreditar esos requisitos.
La propuesta cobró un nuevo marco jurídico cuando la Fiscalía de la CPI publicó en diciembre de 2025 una política sobre delitos facilitados por medios cibernéticos. Esa política explica cómo herramientas digitales pueden intervenir en crímenes previstos por el Estatuto de Roma. No abrió una investigación sobre México ni modificó por sí sola los requisitos para acreditar un crimen de lesa humanidad. Freeman argumenta que el caso documentado por Berkeley merece un examen a la luz de esa política.
El proyecto se concibió originalmente como una posible presentación de información a la Fiscalía de la CPI. Berkeley afirma que las sanciones de Estados Unidos contra el tribunal cerraron la vía legal que su equipo contemplaba para entregarla. Por ello decidió hacer pública una plataforma con parte de sus hallazgos y reservar la evidencia más sensible. La orden estadounidense que estableció el régimen de sanciones fue firmada el 6 de febrero de 2025.
Por ahora, el avance concreto es una investigación académica publicada y una propuesta para que se examinen sus pruebas. No existe, a partir de este trabajo, una imputación de la CPI contra López Obrador, una orden de captura ni una conclusión judicial de que su gobierno cometió crímenes de lesa humanidad. Lo que Berkeley pone sobre la mesa es una pregunta que requeriría investigación independiente: si las agresiones documentadas fueron hechos inconexos o partes de una política de persecución, y quiénes podrían ser responsables de ella.