LA PAZ.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició el lunes una investigación de las 36 muertes en las protestas del año pasado en Bolivia para ayudar al esclarecimiento y la paz en un país todavía polarizado.
La CIDH envió a cinco miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para que “desarrollen su trabajo de manera independiente e imparcial” y escuchen a todas las partes. Esto “va a permitir que las victimas aseguren su derecho a la verdad y que se identifique debidamente a los responsables de las violaciones a los derechos humanos ocurridos” que ocurrieron entre septiembre y diciembre de 2019, informó a The Associated Press el presidente del CIDH, Joel Hernández.
La delegación está integrada por Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá y Marlon Weichert, apoyados por un equipo técnico coordinado por Jaime Vidal, Secretario Ejecutivo de esta entidad.
La investigación incluirá “asesinatos individuales o colectivos, desaparición forzada, tortura, detenciones irregulares o arbitrarias, lesiones a la libertad de expresión, persecución judicial, entre otros, dijo en conferencia de prensa Juan Méndez, miembro de la delegación.
Sectores afines al expresidente Evo Morales piden investigar lo que afirman fue una “masacre” de partidarios del exgobernante durante las protestas, mientras que los opositores exigen indagar todas las muertes.
En tanto, el ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que el gobierno garantizará “acceso irrestricto” a la información. Poco después, el canciller Rogelio Mayta, en el acto de presentación de la misión de la CIDH, expresó que el país necesita una “reconciliación nacional”, por lo cual “es un reto que asumió el gobierno del presidente” Luis Arce, exminsitro del expresidente Morales.
“No hay reconciliación sin justicia y lamentablemente nuestro sistema de justicia no es creíble para los mismos bolivianos. Los bolivianos esperamos transparencia y credibilidad de esta investigación”, mencionó.
Acusaciones de fraude en los comicios de octubre de 2019, en los que Morales buscaba un cuarto mandado, desencadenaron un estallido social que dejó 36 muertos, entre partidarios del exmandatario y opositores, lo que precipitó la renuncia de Morales y su salida al exilio.