El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha impuesto algunas de las medidas más duras del continente contra el nuevo coronavirus: cerró las fronteras, impuso una cuarentena nacional y envió a la policía y al ejército a detener a los infractores.
Una abrumadora mayoría de salvadoreños aprueba el desempeño de Bukele, pero los defensores de los derechos humanos se quejan de que el líder de 38 años ha ignorado la Constitución y a la Corte Suprema de Justicia.
El tema más polémico son los “centros de contención” donde miles de salvadoreños han permanecido detenidos durante más de un mes sin un proceso judicial. Entre quienes han sido llevados ahí se encuentran personas que salieron a la calle a comprar comida para sus familias. Otros tuvieron la mala suerte de viajar fuera del país cuando Bukele impuso la cuarentena y fueron encerrados a su regreso.
En más de 90 hoteles alquilados, centros de convenciones y gimnasios convertidos a toda prisa en refugios vigilados por la policía, el gobierno mezcló a los enfermos con personas sanas, a menudo esperando semanas antes de examinar a las personas para detectar el virus, según grupos de derechos humanos y personas que han sido detenidas.
La Corte Suprema ha dictaminado reiteradamente que las detenciones son inconstitucionales ya que ninguna ley las autoriza. Pero Bukele ha ignorado la orden y ha acusado a los críticos de buscar la muerte de miles de salvadoreños.
“Por supuesto en todos los centros de contención hay riesgo de (contraer) la enfermedad, porque están diseñados para captar a población, mantener a la población que tiene el mayor riesgo de padecer la enfermedad”, dijo a The Associated Press el ministro de Salud, Francisco Alabí, quien se disculpó por los “inconvenientes” si hubo detenciones que duraron más de 30 días.
La ministra de Turismo, Morena Valdez, que forma parte del equipo de contención del gobierno, dijo que unas 10.000 personas en la nación de casi 6,4 millones de habitantes han sido detenidas en los refugios. Las autoridades no han revelado cuántos de los detenidos han dado positivo por la enfermedad, ni cuántos han muerto. A nivel nacional, el gobierno ha reportado 1,413 casos y 30 muertes.
Bukele anunció el 11 de marzo que el cierre de fronteras a los extranjeros y que los salvadoreños que regresaban al país estarían sujetos a una cuarentena forzada de 30 días en los nuevos centros, una estadía dos veces más larga que la recomendada por la Organización Mundial de la Salud.
Al día siguiente, Carlos Henríquez Cortez, de 67 años, gerente salvadoreño de una empresa siderúrgica que hizo un viaje de negocios de dos días a Guatemala, se comunicó con la embajada de su país. Le dijeron que debido a que tenía más de 60 años y padecía hipertensión, tendría que estar en cuarentena en su hogar, no en un centro gubernamental, según un informe detallado del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Idhuca) y sus familiares.