CIUDAD DE MÉXICO (AP) — La principal coalición opositora de Venezuela le pidió el lunes a Estados Unidos que cancele las licencias que permiten a Chevron y otras empresas energéticas operar en el país sudamericano con el fin de presionar al presidente Nicolás Maduro a negociar una transición del poder.
El llamado fue realizado por un asesor de la campaña de Edmundo González Urrutia, quien representó a la coalición Plataforma Unitaria Democrática en las elecciones del 28 de julio, y su principal aliada, la líder opositora María Corina Machado. González y Machado alegan que su campaña ganó los comicios por un amplio margen, contradiciendo la decisión de las autoridades electorales nacionales de declarar vencedor a Maduro.
"Queremos que las cancelen... esto es un salvavidas para el régimen", indicó el asesor Rafael de la Cruz en referencia a las licencias durante una mesa redonda llevada a cabo por el Consejo de las Américas, una organización empresarial con sede en Nueva York. "Queremos que todas las compañías petroleras vayan a Venezuela. Así que no es acerca de las empresas. Es acerca de la situación que está empobreciendo tanto al país que prácticamente toda la población quiere que este régimen se vaya".
Chevron, con sede en California, es la empresa de mayor tamaño que ha recibido un permiso particular del gobierno del presidente estadounidense Joe Biden para hacer negocios con la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). El Departamento del Tesoro sancionó a PDVSA en 2019 como parte de una política que castiga al gobierno de Maduro por actividades corruptas, antidemocráticas y criminales.
La licencia de Chevron fue emitida en 2022, después de que Maduro y la coalición opositora iniciaran un proceso de negociación. En octubre, el Departamento del Tesoro concedió a Venezuela una amplia suspensión temporal de las sanciones luego de que Maduro y la oposición acordaran trabajar para mejorar las condiciones electorales de cara a los comicios presidenciales de 2024. Pero a medida que se desvanecían las esperanzas de una apertura democrática, el gobierno de Biden retiró esa suspensión temporal.
La Casa Blanca dejó abierta la posibilidad de que las empresas soliciten licencias que las eximan de las restricciones, lo que podría atraer inversiones adicionales al país con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Empresas europeas se han beneficiado de licencias particulares.
De la Cruz aseguró que la campaña de González y Machado quiere "encontrar un terreno en común" con las compañías petroleras. Pero, dijo, su presencia en Venezuela en este momento le da a Maduro la capacidad de tratar de "normalizar... la dictadura de facto que está tratando de establecer en Venezuela".
"Seguimos comprometidos a llevar a cabo nuestra actividad en cumplimiento con las leyes y reglamentos aplicables, tanto en Estados Unidos como en los países en los que operamos", indicó el vocero de Chevron, Bill Turenne, en un comunicado.
La Casa Blanca no comentó de inmediato el pedido de cancelación de las licencias. Los permisos de Chevron se renuevan automáticamente, la última vez el 1 de septiembre, y estarán en vigor hasta marzo de 2025.
Horas después del cierre de los centros de votación el 28 de julio, las autoridades electorales venezolanas declararon a Maduro vencedor, pero a diferencia de en anteriores elecciones presidenciales, no publicaron un conteo detallado para respaldar su afirmación, alegando que la web del Consejo Nacional Electoral había sido atacada. Para sorpresa de partidarios y rivales, González y Machado anunciaron poco después no solo que su candidatura había obtenido las boletas de dos tercios de las máquinas de votación eléctronicas empleadas en la elección, sino que las publicaron en internet para mostrar al mundo que Maduro había perdido.
La condena mundial por la falta de transparencia llevó a Maduro a pedir al máximo tribunal del país, controlado por afines al partido gobernante, que auditase los resultados. La corte confirmó su victoria.
Tras la disputada elección, el Congreso de Estados Unidos aprobó una legislación para prohibir las inversiones estadounidenses en el sector petrolero de Venezuela y para imponer restricciones de visa a funcionarios del gobierno de Maduro. Además, en la Cámara de Representantes y el Senado se presentaron resoluciones para reconocer la victoria de González.
A principios de mes, González, un exdiplomático, se marchó al exilio a España luego de que se emitió una orden de detención en su contra por una investigación acerca de la publicación de las boletas.
La semana pasada, el Departamento del Tesoro estadounidense impuso sanciones a 16 aliados de Maduro, acusándolos de obstrucción a la votación y de llevar a cabo abusos de derechos humanos. Entre los señalados estaban la presidenta del alto tribunal, responsable de las fuerzas de seguridad y fiscales.