MARFA, Texas, EE.UU. (AP) — Propietarios de tierras, ganaderos y dueños de negocios en la región de Big Bend en Texas, junto con una organización sin fines de lucro dedicada a proteger el paisaje y el patrimonio de la zona, presentaron una demanda para frenar los planes del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de construir un muro y otra infraestructura fronteriza en esa remota parte del estado.
Conserve Big Bend demanda muro frontera Texas
La demanda fue presentada por Conserve Big Bend —una organización sin fines de lucro— y seis propietarios de tierras, y cuenta con el respaldo de decenas de personas más a lo largo de la frontera, en un momento en que el gobierno intensifica una labor de 46.000 millones de dólares para cubrir los cerca de 3.210 kilómetros (2.000 millas) de la frontera sur con una combinación de muros de bolardos de acero de 9 metros (30 pies) de altura, barreras viales y tecnología destinada a impedir el ingreso de contrabandistas y migrantes.
En Texas, la iniciativa se ha topado con numerosas demandas y la oposición bipartidista de jefes policiales, funcionarios electos, guías turísticos, grupos ambientalistas y propietarios de tierras.
Los funcionarios que respaldan el muro "están deplorablemente desprevenidos para el avispero que agitaron, porque no tenían ni idea de cuánto amamos este lugar", declaró David Keller, un arqueólogo e historiador especializado en Big Bend que vive en la región.
"Para nosotros, Big Bend no es un lugar vacío en el mapa", expresó en una conferencia de prensa en la que se anunció la demanda. "Es nuestro hogar".
Gobierno Trump y CBP impulsan muro en Big Bend
Dentro de sus empeños para construir el muro, el gobierno ha dispensado el cumplimiento de numerosas regulaciones y leyes diseñadas para proteger el medio ambiente, la arqueología y la vida silvestre, bajo el argumento de que existe una necesidad urgente de proteger la frontera en lo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha llamado áreas de "alto ingreso ilegal".
Pero la demanda anunciada el lunes sostiene que, en lo que respecta a la región de Big Bend, esa no es una descripción precisa. Citaron estadísticas históricas emitidas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) que muestran cuán pocas personas cruzan la frontera en Big Bend en comparación con otras áreas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.
Big Bend tiene unos 804 kilómetros (500 millas) de frontera, aproximadamente una cuarta parte de la longitud total de la frontera con México desde el océano Pacífico hasta el golfo de México. Pero en la región sólo se llevaron a cabo cerca del 1% de los arrestos, según las estadísticas de la demanda.
Laura Allen, cuyo rancho familiar sería atravesado por el muro fronterizo según los planes, puso de relieve que los arrestos por cruces ilegales han caído aún más desde que Trump regresó al cargo.
"Gracias presidente Trump. Usted ha resguardado la frontera", expresó Allen —quien votó dos veces por Trump y es exjueza del condado— en la conferencia de prensa. "Pero ahora déjelo. Ya es hora".
Los demandantes argumentan que el DHS está haciendo uso indebido de facultades otorgadas por el Congreso, las cuales le dan al secretario amplia autoridad para eximir del cumplimiento de normativas con el fin de construir muros fronterizos u otra infraestructura en áreas donde hay grandes cantidades de personas que intentan ingresar al país ilegalmente.
"Esa determinación es jurídicamente y fácticamente infundada y carece de respaldo", escribieron los demandantes.
La demanda presentada el lunes es la más reciente dentro de los empeños por ralentizar o detener los planes del gobierno en Texas y en otros lugares.
Las mayores críticas han surgido a raíz de los planes de la CBP para el Parque Nacional Big Bend, que se encuentra en el extremo suroeste de Texas, donde el río Bravo (llamado Grande en Estados Unidos) es la frontera con México.
La ubicación remota y agreste del parque, sus empinadas paredes de cañones de piedra caliza y las vistas de cielos estrellados y cristalinos atraen a visitantes de diversas partes del mundo. El gobierno ha dicho en audiencias judiciales que aún no se han decidido planes definitivos sobre lo que se construirá en el parque, pero los planes que se han dado a conocer hasta ahora incluyen la construcción de un nuevo camino, la instalación de tecnología de detección y barreras para impedir que vehículos crucen la frontera.
Cuando en agosto se vio a bulldozers despejando terreno en el parque, personas en todo el estado se indignaron. El comisionado de la CBP, Rodney Scott, suspendió temporalmente la actividad relacionada con construcciones en el parque, pero muchos activistas y residentes locales quieren ver aún más cambios en los planes del gobierno en toda la región de Big Bend.
Grupos indígenas estadounidenses han alegado que la construcción podría impedirles practicar su fe y está dañando importantes sitios religiosos, mientras que ambientalistas temen que el muro provoque inundaciones o impida la migración de animales.
Propietarios de tierras que han vivido y trabajado durante años a lo largo del río Bravo se han preguntado cómo alimentarán al ganado o regarán sus cultivos si no pueden acceder al río.