CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Estados Unidos ratificó el viernes la cooperación en materia de seguridad con México ante las fricciones que han generado las detenciones del histórico líder del Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, y de Joaquín Guzmán López, hijo del encarcelado exlíder de la poderosa organización Joaquín "El Chapo" Guzmán, quienes fueron arrestados en julio en Texas sin el conocimiento de las autoridades mexicanas que han reclamado la falta de colaboración estadounidense y la opacidad en el caso.
Tras las quejas que realizó la víspera la Fiscalía General mexicana sobre la falta de apoyo de parte de Estados Unidos para avanzar en las investigaciones del caso, el embajador estadounidense Ken Salazar salió el viernes a defender la relación y afirmó que "tenemos nosotros una muy buena cooperación con el gobierno de México, con la Fiscalía".
A las críticas del Ministerio Público se ha sumado el presidente Andrés Manuel López Obrador quien de manera reiterada ha solicitado a Estados Unidos que informe sobre el vuelo y el piloto de la aeronave que trasladó a Zambada y Guzmán López desde territorio mexicano a Texas el 25 de julio.
Pese a los cuestionamientos, Salazar dijo en conferencia de prensa que la cooperación con México en temas de seguridad "sigue muy bien", e indicó que espera que continúe así durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, quien asumirá el 1 de octubre la presidencia.
Al referirse al caso de los dos narcotraficantes mexicanos, el diplomático señaló que en Estados Unidos también se están realizando investigaciones para saber cómo se dio el traslado de Zambada y Guzmán López, pero reiteró que "no se utilizaron recursos de nuestro gobierno" para la entrega, y que "no fue nuestro avión, ni nuestro piloto" los que los llevaron desde el estado norteño de Sinaloa hasta el aeropuerto de Santa Teresa, en Nuevo México.
"Joaquín Guzmán se entregó de manera voluntaria y la evidencia indica que ´El Mayo´ fue llevado contra su voluntad", agregó.
Salazar admitió que tanto el secretario de Justicia estadounidense Merrick Garland como él "nos llegó de sorpresa lo que pasó" con los dos narcotraficantes, y aseguró que desde que ocurrieron los arrestos "estamos en comunicación muy profunda con el gobierno de México de lo que sabemos".
Asimismo, informó que Guzmán López tendrá la audiencia el 30 de septiembre en una corte de Chicago, mientras que Zambada, quien según las evidencias fue llevado contra su voluntad, tendrá la audiencia el 9 de septiembre en Texas.
El arresto de los dos narcotraficantes desató un escándalo luego de las revelaciones que realizó Zambada en una misiva que difundió el pasado fin de semana su abogado Frank Pérez, en la que aseguró que fue traicionado por Guzmán López para ser llevado a Estados Unidos.
El escándalo ya dejó una primera víctima política: la fiscal general del estado de Sinaloa.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha —del partido de López Obrador—, informó de la salida de la fiscal Sara Bruna Quiñónez a través de su cuenta oficial de X; dijo que su renuncia estuvo motivada por las observaciones de la fiscalía federal sobre el homicidio de Hector Melesio Cuén, el parlamentario, exalcalde de la capital de Sinaloa y exrector asesinado el pasado 25 de julio, el mismo día que Zambada y Guzmán López volaron a Texas.
La fiscalía federal determinó que no se hizo una necropsia adecuada a Cuén, ni se procesó bien el lugar de los hechos, que hay inconsistencias en un video que hizo público el departamento de Quiñónez —donde se escucha un solo disparo cuando Cuén recibió cuatro— y, además, que el cadáver fue incinerado, algo totalmente contrario "a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios".
La renuncia de la fiscal es la primera consecuencia política en México de un entramado que acabó enfrentando a "El Mayo" — el capo mexicano más astuto e influyente— y a Guzmán López a las cortes estadounidenses acusados de varios delitos vinculados con el narcotráfico.
La carta en la que Zambada denunció que fue secuestrado por Guzmán López tras ser convocado a una reunión con el fallecido Cuén y con el gobernador de Sinaloa, ha agitado la vida política mexicana por los posibles vínculos del capo con las autoridades mexicanas.
Zambada también afirmó que entre su personal de seguridad que le acompañó a la cita estaba un comandante de la policía judicial sinaloense.
El gobernador Rocha negó cualquier complicidad con el crimen y recordó que el día de los arrestos él estaba fuera del estado. El presidente López Obrador, que desde el inicio de su gobierno en 2018 lleva una política se seguridad de no enfrentarse a los cárteles con el lema "Abrazos, no balazos", le mostró su apoyo.
En su escrito, Zambada decía que la versión de la fiscalía local sobre el asesinato de Cuén, a quien calificó de un amigo de mucho tiempo, era falsa, porque aunque las autoridades habían dicho que se trató de un robo en una gasolinera, al político le mataron —según "El Mayo"— en el mismo centro de convenciones donde a Zambada le tendieron la trampa para secuestrarle y llevarle a Texas.
El presidente mexicano ha dejado ver su molestia por no haber sido informado apropiadamente de todo lo sucedido. En lugar de felicitaciones por los arrestos, la fiscalía federal ya abrió una investigación para acusar a quien resulte responsable de traición, delito que se atribuye a quien prive ilegalmente de su libertad a una persona en el territorio nacional, para entregarla a las autoridades de otro país.
Por este motivo, en un comunicado la fiscalía federal pidió a través de Interpol todos los datos vinculados con "un vuelo ilegal; con un avión de matrícula clonada; y con una conducta absolutamente irregular de quien piloteó ese avión y que ocultó toda la información de su vuelo en territorio mexicano, hasta que llegó a la frontera, donde ya dio solo el aviso de su aproximación y aterrizaje en territorio de los Estados Unidos, en donde ya lo estaban esperando", según indicó en un comunicado.