BUENOS AIRES (AP) — El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de Argentina, Diego Spagnuolo, negó el miércoles ante la justicia haber participado de una supuesta trama de corrupción en la compra de medicamentos para discapacitados, que involucraría al círculo cercano del presidente Javier Milei y a laboratorios locales.
"Spagnuolo se negó a declarar. No respondió preguntas", dijo su abogado Mauricio D´Alessandro a los periodistas en la puerta de los Tribunales, pero de todos modos hizo su descargo frente al juez federal Sebastián Cassanello, que lo indagó a pedido de la fiscalía.
El exfuncionario es amigo y fue abogado de Milei antes de asumir la presidencia a fines de 2023. Forma parte de La Libertad Avanza, el partido del presidente, desde su fundación en 2021.
Spagnuolo "negó expresamente que haya tenido algo que ver con coimas (sobornos). Nunca recibió ningún dinero de nadie y dijo que no sabía de su existencia, que no amañó ninguna licitación y que nunca tuvo intervención respecto de pagos o que tuviera que ver con designar algún laboratorio", abundó su representante legal.
El fiscal federal Franco Picardi citó a indagatoria a Spagnuolo y a otras 14 personas, entre ellas exfuncionarios de la misma dependencia oficial y empresarios de droguerías y empresas proveedoras de medicamentos, imputados de haber conformado un supuesto entramado delictivo para direccionar contrataciones, manipular procesos de compra y aplicar sobreprecios en medicamentos e insumos críticos.
Para la fiscalía, la maniobra incluyó el pago de sobornos a funcionarios públicos de ANDIS.
Un funcionario judicial con acceso a la investigación que no se identificó porque no está autorizado a hablar públicamente sobre el caso confirmó a The Associated Press que Spagnuolo negó los hechos que se le imputan y además detalló que una suma de 80.000 dólares que fueron secuestrados de la caja fuerte de su vivienda durante un allanamiento los obtuvo antes de su ingreso a la función pública.
La causa judicial se inició a fines de agosto a partir de la difusión en medios locales de audios atribuidos a Spagnuolo en los que se habría quejado de cómo las compañías farmacéuticas pagan sobornos a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, para asegurar la compra de medicamentos por parte del gobierno para personas discapacitadas.
Según ese supuesto audio del exfuncionario, ejecutivos de la farmacéutica Suizo Argentina, abastecedora del Estado, habrían pedido a laboratorios locales un retorno "para la Presidencia".
"A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria", se escucha en uno de los mensajes sobre la hermana del mandatario.
Según el abogado de Spagnuolo, esos audios "fueron editados con inteligencia artificial", como ya lo sostuvo en un escrito presentado la semana pasada.
"Hay una pericia de la que (Spagnuolo) tiene un informe preliminar. Pediremos ampliación de la indagatoria cuando tenga el informe. Ese informe pericial que hace una empresa alemana, dice que (los audios) fueron editados con inteligencia artificial", precisó D´Alessandro, quien aseguró que su cliente sufrió "una maniobra de inteligencia".
Tras salir a la luz los audios, el gobierno removió a Spagnuolo y ordenó la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad. En un comunicado, la administración de Milei no se pronunció sobre los supuestos sobornos, pero apuntó a una "utilización política" del caso por parte de la oposición en el marco de la campaña para las elecciones legislativas de octubre.
La hermana del mandatario no está imputada en la causa.
Tras disponer allanamientos, el secuestro de documentación y de teléfonos móviles de los involucrados, el fiscal concluyó que Spagnuolo "permitió, consintió y supervisó el direccionamiento de compulsas de precios, para que finalmente determinadas droguerías y firmas vendedoras de insumos resultaran adjudicatarias y ganaran millonarias sumas de dinero...lo realizaba a cambio de diversos beneficios económicos indebidos para él".
Si bien Picardi había solicitado la detención de Spagnuolo y de otros cinco imputados, el juez Cassanello sólo ordenó el arresto del empresario de laboratorios Pablo Atchabahian y dispuso la prohibición de salir del país al resto de los presuntos implicados.
El primer escándalo de la presidencia de Milei estalló en febrero tras la promoción de una criptomoneda llamada $LIBRA, cuyo valor se disparó tras su respaldo y posteriormente se desplomó, lo que provocó decenas de denuncias penales por presunto fraude desde Buenos Aires hasta Nueva York.