En un fallo dividido, la Corte Suprema de Estados Unidos le permitió a Texas el martes implementar una ley que le otorga a la policía amplios poderes para arrestar a migrantes que sean sospechosos de haber cruzado la frontera ilegalmente en lo que se resuelve una batalla jurídica en torno a la medida.
La orden de la mayoría conservadora rechaza una solicitud de emergencia que presentó el gobierno del presidente Joe Biden, la cual afirma que la ley es una clara violación a la autoridad federal que provocará caos en las leyes migratorias.
El gobernador texano Greg Abbott elogió la orden —y la ley— que permite a cualquier agente policial de Texas detener a migrantes por entrada ilegal y faculta a los jueces para que ordenen su salida de Estados Unidos.
El máximo tribunal estadounidense no abordó si la ley es constitucional. La medida regresa ahora a una corte de apelaciones y eventualmente podría volver a la Corte Suprema. Mientras tanto, no estaba claro en cuánto tiempo Texas podría empezar a detener a migrantes en virtud de la ley.
Tampoco quedó en claro a dónde podrían ir los migrantes que sean expulsados del país. La ley establece que deben ser enviados a los puertos de entrada ubicados en la frontera entre Estados Unidos y México, incluso si no son ciudadanos mexicanos.
Pero el gobierno de México dijo el martes que “bajo ninguna circunstancia” aceptará el retorno de ningún migrante a su territorio desde el estado de Texas. México no está obligado a aceptar la deportación de nadie excepto de ciudadanos mexicanos.
México también condenó que se permita la entrada en vigor de la ley de Texas, asegurando que criminaliza a los migrantes y conduce a la separación de familias, la discriminación y el encasillamiento racial.
El gobierno indicó que presentará su postura ante la corte de apelaciones que recibirá el caso.
“México rechaza tajantemente cualquier medida que permita a las autoridades estatales o locales ejercer labores de control migratorio, detener y retornar a personas nacionales o extranjeras a territorio mexicano”, manifestó la Secretaría de Relaciones Exteriores en un comunicado.
La mayoría no redactó una opinión detallada sobre el caso, pero la decisión de permitir que la ley entre en vigor produjo disensos de los jueces liberales.