La Haya, Hol.- La Corte Penal Internacional (CPI) inició este lunes la audiencia de confirmación de cargos contra el expresidente filipino Rodrigo Duterte, en una sesión marcada por la ausencia del acusado y el choque entre la Fiscalía, que lo sitúa “en el corazón” de un plan de asesinatos, y la Defensa, que denuncia persecución política.
Duterte, de 80 años, renunció formalmente a su derecho a estar presente y rechazó seguir la audiencia por videoconferencia desde el centro de detención de la CPI, donde permanece desde su arresto en Manila y traslado a La Haya el pasado marzo.
La Fiscalía acusa a Duterte de tres cargos de asesinato y tentativa de asesinato como crímenes de lesa humanidad, basados en 49 incidentes que suman 76 víctimas mortales y dos intentos de homicidio, considerados representativos de una campaña que afectó, principalmente, a los sectores más pobres de la población.
El fiscal adjunto Mame Mandiaye Niang sostuvo que Duterte desempeñó un papel “decisivo” y realizó “contribuciones esenciales” a un plan común para “neutralizar” a presuntos delincuentes, incluidos consumidores y traficantes de drogas.
Según la Fiscalía, cuando era alcalde de Davao creó y dirigió el llamado “escuadrón de la muerte de Davao” (DDS), cuyos miembros recibían salario regular y pagos “por cabeza” asesinada, y tras asumir la presidencia en 2016, amplió ese modelo a nivel nacional.
En 2016 y tras arrasar en las presidenciales de ese año, cuando Duterte ya tenía fama de ‘sheriff’ antinarcóticos tras 22 años como alcalde de Davao (sur de Filipinas), el exdirigente puso en marcha las redadas y ordenó a los policías disparar a matar si los sospechosos oponían resistencia. Solo en los primeros 100 días de su mandato se contabilizaron unos 3.700 muertos, según datos oficiales.