SEÚL, Corea del Sur (AP) — El presidente de Corea del Sur defendió su decreto de ley marcial como un acto de gobierno y negó las acusaciones de rebelión, prometiendo el jueves "luchar hasta el final" ante los intentos de someterlo a juicio político y las crecientes investigaciones sobre la medida adoptada la semana pasada.
El Partido Democrático rápidamente desestimó la declaración de Yoon como "una expresión de delirio extremo" y "propaganda falsa". Más tarde el jueves, la formación opositora presentó una nueva iniciativa para destituir a Yoon en una votación en el pleno este fin de semana.
El Parlamento, controlado por la oposición, también aprobó el jueves por la tarde las propuestas para someter a sendas mociones de censura al jefe de la policía nacional, Cho Ji Ho, y al Ministro de Justicia, Park Sung Jae, por su aplicación de la ley marcial.
El decreto de ley marcial de Yoon del 3 de diciembre ha generado caos político y protestas multitudinarias que piden su destitución. El decreto provocó el despliegue de cientos de soldados armados para rodear el parlamento y allanar la comisión electoral, aunque no se produjeron grandes actos de violencia o lesiones. La ley marcial duró solo seis horas, ya que Yoon se vio obligado a levantarla después de que la Asamblea Nacional la rechazara por unanimidad.
En un discurso televisado el jueves, Yoon, un conservador, dijo que promulgó la ley marcial como una advertencia al Partido Democrático liberal. Calificó al partido como "un monstruo" y "fuerzas antiestatales", que, según dijo, intentaron utilizar su mayoría legislativa para destituir a funcionarios de alto rango, socavar el presupuesto del gobierno para el próximo año y simpatizar con Corea del Norte.
"Lucharé hasta el final para impedir que las fuerzas y grupos criminales responsables de paralizar el gobierno del país y alterar el orden constitucional amenacen el futuro de la República de Corea", declaró Yoon.
"La oposición ahora (...) argumenta que la declaratoria de ley marcial constituye un acto de rebelión. Pero, ¿realmente lo fue?", dijo Yoon.
Yoon dijo que su decreto de ley marcial fue un acto de gobierno que no puede ser objeto de investigaciones y no constituye una rebelión. Afirmó que el despliegue de menos de 300 soldados en la Asamblea Nacional tenía como fin mantener el orden, no disolverlo o paralizarlo.
Kim Min-seok, jefe de un grupo de trabajo del partido, acusó al presidente de intentar incitar disturbios de apoyo de fuerzas de extrema derecha. Dijo que el Partido Democrático se centrará en conseguir que la moción de juicio político contra Yoon sea aprobada el sábado.
De momento se desconoce cómo afectará la declaración de Yoon a su destino. El Partido Democrático y los partidos de oposición más pequeños suman 192 escaños, ocho votos menos que una mayoría de dos tercios, o 200 de los 300 legisladores, en la Asamblea Nacional. El intento anterior de someter a Yoon a juicio político fracasó cuando la mayoría de los legisladores del partido gobernante de Yoon, el Partido del Poder Popular, boicotearon la votación.
Se espera que el discurso de Yoon profundice una división dentro del PPP. Cuando el presidente del partido, Han Dong-hun, un crítico de Yoon, calificó la declaración de Yoon como "una confesión de rebelión" durante una reunión del partido, los leales a Yoon lo abuchearon enojados y le pidieron que dejara de hablar. Han ha instado a los miembros del partido a votar a favor del juicio político de Yoon.
Los partidos de oposición e incluso algunos miembros del PPP dicen que el decreto de ley marcial fue inconstitucional. Afirman que la ley sólo autoriza a un presidente a declarar ley marcial en tiempos de guerra o situaciones de emergencia similares. Argumentan que el despliegue de soldados para rodear la Asamblea Nacional y suspender sus actividades políticas equivalía a una rebelión porque la Constitución no permite que un presidente use al ejército para suspender el Parlamento bajo ninguna situación.
Las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley del país investigan si Yoon y otros involucrados en imponer la ley marcial cometieron rebelión, abuso de poder y otros delitos. Una condena por rebelión conlleva una pena máxima de muerte.
La Asamblea Nacional aprobó el jueves un proyecto de ley que podría introducir un fiscal independiente para investigar a Yoon por cargos de rebelión sin su aprobación. Un proyecto de ley que respaldó a principios de esta semana sobre la designación de un fiscal independiente requiere la aprobación de Yoon. El Ministerio de Justicia el lunes impuso una prohibición de viaje al extranjero a Yoon.
La ley surcoreana otorga inmunidad al presidente de ser procesado mientras esté en el cargo, excepto por acusaciones de rebelión o traición. Esto significa que Yoon puede ser interrogado y detenido por agencias investigadoras sobre su decreto de ley marcial, pero muchos observadores dudan que las autoridades lo detengan por la fuerza debido al potencial de enfrentamientos con su servicio de seguridad presidencial.
El miércoles, el servicio de seguridad presidencial de Yoon no permitió que la policía registrara la oficina presidencial.
La declaración de Yoon fue vista como un cambio respecto a su postura previa. El sábado pasado, Yoon se disculpó por el decreto de ley marcial, y aseguró que no evitaría la responsabilidad legal o política por esta decisión. Añadió que dejaría que su partido trace el camino en medio de la agitación política del país, "incluidos asuntos relacionados con mi mandato".
El miércoles, el exministro de defensa de Yoon, Kim Yong Hyun, fue arrestado por acusaciones de desempeñar un papel clave en una rebelión y cometer abuso de poder. El jefe de la policía nacional, Cho, y el jefe de la policía metropolitana de Seúl han sido detenidos mientras se investigan sus acciones de enviar fuerzas policiales a la Asamblea Nacional como un asunto criminal.
La moción de juicio político contra Cho lo acusa de cometer rebelión y violar otras leyes al desplegar fuerzas policiales al parlamento después de que se anunciara la ley marcial. La moción separada para el ministro de Justicia, Park Sung Jae, lo acusa de rebelión porque no cuestionó la constitucionalidad del decreto de ley marcial de Yoon y no detuvo activamente su aplicación.
Kim, quien renunció después de que se levantara la ley marcial, es uno de los colaboradores más allegados de Yoon. Ha sido acusado de recomendar la ley marcial a Yoon y desplegar tropas a la Asamblea Nacional para impedir una votación de los legisladores al respecto. Intentó suicidarse durante su detención, pero agentes de penales lo detuvieron y estaba en condición estable, según el Ministerio de Justicia.
En su discurso del jueves, Yoon dijo que había discutido imponer la ley marcial solo con Kim antes de informar a otros altos funcionarios sobre ello en una reunión del gabinete justo antes de su declaración.
La noche del 3 de diciembre, además de la Asamblea Nacional, Yoon y Kim enviaron tropas a la Comisión Nacional de Elecciones. Eso generó especulaciones de que podría haber intentado apoderarse de los servidores informáticos de la comisión, ya que creía en rumores infundados de que los resultados de las elecciones parlamentarias de abril, en las que su partido sufrió grandes pérdidas, estaban amañados.
Yoon dijo que pidió a Kim que examinara las supuestas vulnerabilidades de los sistemas informáticos de la comisión, que, según Yoon, estaban obstaculizando la credibilidad de los resultados electorales. Acusó a la comisión de resistirse a una inspección exhaustiva por parte de la agencia de espionaje de Seúl después de un ciberataque atribuido a hackers respaldados por Corea del Norte el año pasado.
Si Yoon es sometido a juicio político, sus poderes presidenciales serían suspendidos hasta que el Tribunal Constitucional decida si removerlo del cargo o restaurar sus poderes. Si es destituido, se requeriría una nueva elección presidencial en un plazo de 60 días.