NUEVA YORK, EU, enero 27 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Familiares de dos ciudadanos de Trinidad y Tobago asesinados en un ataque militar de Estados Unidos presentaron una demanda contra el gobierno estadounidense, acusándolo de muerte injustificada y ejecuciones extrajudiciales en el marco de la campaña lanzada por la administración de Donald Trump contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental.
La demanda, interpuesta en un tribunal federal, es la primera de este tipo contra el gobierno actual por su ofensiva militar contra supuestas lanchas narco. Los demandantes sostienen que el ataque aéreo del 14 de octubre resultó en la muerte de Chad Joseph, de 26 años, y Rishi Samaroo, de 41, cuando regresaban de Venezuela hacia Trinidad.
Según la demanda, ambos hombres estaban pescando frente a la costa venezolana y trabajando en granjas y obras de construcción en el país vecino, dirigiéndose a su hogar en la localidad de Las Cuevas cuando su embarcación fue alcanzada por el bombardeo.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el presidente Trump afirmaron que el ataque había matado a los seis ocupantes de la lancha, a quienes el mandatario describió como "narcoterroristas" vinculados a una "organización terrorista designada" y dedicados al tráfico de drogas.
Este operativo fue el quinto de una campaña militar iniciada a principios de septiembre, que, según el Departamento de Defensa, atacó más de 30 embarcaciones y causado al menos 125 muertes.
Consultado sobre la demanda, un portavoz del Pentágono se limitó a declarar que, "por política del Departamento, no se realizan comentarios sobre litigios en curso". La Casa Blanca tampoco respondió inmediatamente a solicitudes de declaración.
Los familiares afirmaron que nunca fueron notificados oficialmente de la muerte de Joseph y Samaroo, y que solo realizaron ceremonias conmemorativas después de perder el contacto con ellos y enterarse del ataque.
La demanda fue presentada por abogados de la American Civil Liberties Union (ACLU), el Center for Constitutional Rights, el profesor Jonathan Hafetz de la Universidad Seton Hall y la ACLU de Massachusetts. Alega violaciones de dos normas federales: la Death on the High Seas Act, que permite demandas por muertes en aguas internacionales, y el Alien Tort Statute, que permite a extranjeros demandar por violaciones de derechos humanos.
La administración Trump justificó el uso de fuerza letal ante el Congreso, afirmando que Estados Unidos está en conflicto armado no internacional con los carteles de la droga.
La demanda refuta esta afirmación, sosteniendo que no existe tal conflicto y que, por ende, las leyes de la guerra no aplican.
"Estos asesinatos premeditados e intencionales carecen de toda justificación legal plausible", sostiene el documento. "Fueron simples homicidios, ordenados por altos funcionarios del gobierno y ejecutados por militares".
El gobierno de Trinidad y Tobago, citado en la demanda, declaró no tener información sobre actividades ilegales de Joseph o Samaroo, ni indicios de que portaran drogas o armas.
El escrito revela que Joseph vivía con su esposa y sus tres hijos y viajaba frecuentemente a Venezuela para trabajar. En las semanas previas al ataque, había enfrentado dificultades para encontrar un bote de regreso y temía realizar el cruce debido a la ofensiva militar estadounidense. Su última llamada a casa fue el 12 de octubre, dos días antes de su muerte.
Por su parte, Samaroo, quien había cumplido una condena de prisión años atrás por homicidio, trabajaba en construcción y agricultura en Venezuela, enviando fotos a su familia poco antes de desaparecer.
"Si el gobierno de Estados Unidos creía que Rishi había hecho algo mal, debía arrestarlo y juzgarlo, no asesinarlo", declaró su hermana, Sallycar Korasingh. "Deben rendir cuentas".