MINNEAPOLIS, Minnesota, EE.UU. (AP) — El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de Minnesota, sus dos ciudades más grandes y un condado debido a las llamadas políticas de santuario que, según la agencia, interfieren con la autoridad del gobierno federal para la aplicación de las leyes de inmigración.
La demanda alega que sus políticas resultan en la liberación de criminales peligrosos que de otro modo estarían sujetos a deportación, y solicita a un tribunal federal que invalide las leyes y políticas estatales y locales que, según dice, impiden la aplicación de las leyes migratorias. La denuncia, interpuesta el lunes, va dirigida contra el estado, las ciudades de Minneapolis y St. Paul, y el condado de Hennepin, el cual incluye a Minneapolis.
"Los funcionarios de Minnesota están poniendo en peligro la seguridad de sus propios ciudadanos al permitir que los extranjeros ilegales eludan el proceso legal", dijo en un comunicado la secretaria de Justicia, Pam Bondi.
Minnesota es la más reciente jurisdicción en la que se ha enfocado el gobierno del presidente Donald Trump, que también ha demandado a Colorado, Illinois, Nueva York, Nueva Jersey y varias ciudades, incluidas Boston, Chicago, Denver, Los Ángeles, Nueva York y Rochester, Nueva York, debido a sus políticas de inmigración.
En otro frente, las autoridades federales señalaron el martes que descubrieron un fraude migratorio generalizado durante una operación sin precedentes realizada este mes en el área de Minneapolis-St. Paul. Añadieron que planean expandir la estrategia a "muchas" otras ciudades, las cuales no fueron identificadas.
Fraude migratorio generalizado
La "Operación Twin Shield" se centró en más de 1.000 casos de inmigración que involucraban a más de 900 individuos, según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, una rama del Departamento de Seguridad Nacional. Los investigadores dijeron que descubrieron evidencia de fraude u otras señales de alerta en 275 de los casos. Refirieron a 42 extranjeros para posibles acciones y arrestaron a cuatro de ellos. Afirmaron que anticipan que las cifras vayan en aumento a medida que se completen más investigaciones. No se anunciaron cargos penales.
"Lo que encontraron debería conmocionar a todo Estados Unidos", dijo Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, en una conferencia de prensa en Minneapolis. Afirmó que los agentes descubrieron "fraude matrimonial flagrante", permanencias excesivas y otros usos indebidos de visas, además de personas que afirmaban trabajar en negocios que podrían no existir. La agencia no especificó cuántos más casos de lo normal analizó.
Edlow destacó "patrones preocupantes" con patrocinadores para el programa "Uniting for Ukraine" que, según él, deberían haber suscitado serias preocupaciones para el gobierno del presidente Joe Biden. El programa de permisos humanitarios mediante el cual los ucranianos pueden permanecer y trabajar temporalmente en Estados Unidos siempre que consiguieran un patrocinador estadounidense se creó en 2022. La Casa Blanca suspendió el programa en enero.
Edlow dijo que sus agentes recibieron una "enorme cooperación entre nuestros socios federales, y ahí es donde terminó la cooperación", debido a lo que calificó como políticas de santuario locales.
La demanda contra Minnesota
El secretario de Justicia de Minnesota, Keith Ellison, expresó que su estado no impide que el gobierno federal colabore con las fuerzas del orden locales para procesar a individuos peligrosos.
"Esta demanda infundada no es más que represalia política contra Minnesota y responderemos en los tribunales", manifestó en un comunicado.
La demanda hace mención de una opinión consultiva no vinculante que Ellison emitió en febrero, la cual indicaba que ni la ley estatal ni la federal autorizan a las autoridades estatales o locales a retener a individuos por órdenes de inmigración si no estuvieran bajo custodia de otro modo. La denuncia afirma que muchos condados hacen referencia a esa opinión como una razón para no entregar a personas que podrían estar sujetas a deportación. El estado también prohíbe compartir datos de licencias de conducir para la aplicación de las leyes migratorias, señala la demanda.
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo que su ciudad "recibe con orgullo a inmigrantes, refugiados y familias que buscan oportunidades" y no retrocederá.
"Donald Trump ha construido su carrera atacando a los inmigrantes y dividiendo a los estadounidenses, y ahora está arrastrando a nuestra ciudad a los tribunales con una demanda motivada por el miedo y la política", señaló Frey en un comunicado.
El gobernador de Minnesota, Tim Walz, fue uno de los tres gobernadores demócratas a los que una comisión de supervisión de la Cámara de Representantes llamó a declarar en julio sobre las políticas de inmigración de sus estados. Walz rechazó la afirmación de que Minnesota sea un estado santuario. El estado no tiene una ley que proteja de la deportación a los inmigrantes que están en Estados Unidos ilegalmente.
Sin embargo, Minneapolis, St. Paul y el condado de Hennepin restringen el grado en que sus agentes y otros empleados cooperan con las leyes migratorias, señaló la demanda. La cárcel del condado Hennepin, por ejemplo, no retiene a personas únicamente por órdenes de detención administrativa de inmigración y no notifica a las autoridades federales de inmigración cuando se libera a individuos sujetos a esas órdenes.
¿Qué es una jurisdicción santuario?
No existe una definición legal de una jurisdicción santuario, pero el término generalmente se refiere a gobiernos con políticas que limitan la cooperación con las autoridades de inmigración. Los tribunales han ratificado previamente la legalidad de tales leyes.
Minnesota es uno de los 14 estados y cientos de ciudades y condados listados a principios de este año por el Departamento de Seguridad Nacional como "jurisdicciones santuario que desafían la ley de inmigración federal". La lista fue eliminada posteriormente del sitio web del departamento después de críticas que señalaban que incluía erróneamente a algunos gobiernos locales que apoyan las políticas de inmigración de Trump.