Partidarios del depuesto presidente Mohamed Mursi que fueron heridos durante una protesta en 2016 / Foto: AP
EL CAIRO (EFE).- Human Rights Watch (HRW) denunció hoy que, cinco años después del desalojo violento de la acampada islamista de Rabaa al Adauiya en el que el 14 de agosto de 2013 murieron más de 800 personas, las autoridades egipcias no han juzgado a los responsables y buscan protegerlos de la justicia.
En la víspera del quinto aniversario de la matanza, esta organización no gubernamental destacó que "la única respuesta" por parte de las autoridades a la muerte de 817 "manifestantes pacíficos" que protestaban por el derrocamiento militar del islamista Mohamed Mursi ha sido "intentar proteger de la justicia a los responsables de esos crímenes".
El pasado julio, Egipto aprobó una ley que confiere inmunidad por actos cometidos entre 2013 y 2016 a oficiales del Ejército, que no pueden ser investigados o perseguidos por la justicia sin el permiso del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
Además, la normativa otorga al jefe del Estado la prerrogativa de dar "inmunidad diplomática" a los uniformados que él considere.
Amr Magdi, investigador de HRW, dijo a Efe que esa ley "muestra que tienen miedo" a ser perseguidos y juzgados en algún momento, porque los militares "saben que son culpables de abusos muy graves".
Según el experto, el desalojo de Rabaa al Adauiya no es el único hecho que busca cubrir la ley y hay entre los mandos militares "una gran preocupación respecto a ser interrogados por crímenes contra la humanidad", ya que HRW considera como tal los hechos que tuvieron lugar en esa plaza de El Cairo.
Magdi explicó que la Corte Penal Internacional (CPI) podría investigar lo ocurrido sólo si se lo pidiera el Consejo de Seguridad de la ONU porque Egipto no ha ratificado al Estatuto de Roma, tratado fundacional de este tribunal.
Asimismo, otros países podrían juzgar los hechos por su gravedad y porque en Egipto no se está haciendo.
HRW documentó "seis incidentes en los que las fuerzas de seguridad abrieron fuego de forma ilegal contra manifestantes mayoritariamente pacíficos" entre el 3 de julio y el 16 de agosto de 2013, causando la muerte en total de al menos 1,185 personas.
Además, destacó que desde 2013 hasta la actualidad han sido procesadas en Egipto cientos de personas en "juicios masivos" y muchas han sido condenadas, incluso a muerte y a cadena perpetua, "con cargos injustos" ligados a las protestas a favor de Mursi.
En una de esas macrocausas, el pasado 28 de julio un tribunal de El Cairo sentenció a muerte a 75 personas de un total de 739 acusados, en su mayor parte islamistas, manifestantes y varios periodistas, detenidos en la plaza de Rabaa al Adauiya y sus alrededores el 14 de agosto de 2013.
La de Rabaa al Adauiya ha sido calificada por HRW como "la mayor matanza en la historia moderna de Egipto", con 817 fallecidos en pocas horas.
Magdi consideró en una conversación telefónica que en algún momento esos hechos tendrán que ser investigados en Egipto "por su escala, su gravedad y su efecto sobre la sociedad".
En su opinión, hasta que eso no ocurra será "una herida abierta para el pueblo egipcio".
En los meses posteriores a la violencia, las autoridades crearon un comité de investigación y el Consejo Nacional de Derechos Humanos elaboró un informe sobre el desalojo, pero ninguna de las dos iniciativas sirvieron como base para iniciar procesos legales.